Presionado por la CGT y para favorecer a sindicatos y obras sociales, en julio del año pasado el presidente Alberto Fernández firmó un decreto en el que prohibió que los trabajadores elijan libremente su obra social al iniciar un nuevo vínculo laboral. Ante esta medida, que afectó a toda persona que se incorporó a un empleo formal desde el 7 de julio del 2021, la oposición presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación en el que solicita que haya libre elección de los trabajadores respecto a las obras sociales.

"Presentamos un proyecto de ley para que los trabajadores no se vean obligados a ser cautivos de las obras sociales que se les otorga según su actividad", anunció el autor de la iniciativa, el diputado nacional cordobés Rodrigo De Loredo. Para el legislador de Evolución Radical, el decreto de Alberto Fernández fue una medida "en contra de los trabajadores y en favor de los sindicatos", y aseguró que el Estado lo que logró fue restringir las libertades de los ciudadanos.

Juntos por el Cambio, contra el decreto de Alberto Fernández

La iniciativa presentada por De Loredo, que consta de tres artículos, establece la modificación de del artículo 6° Bis de la ley 23.661, y propone que "los beneficiarios incluidos en el Sistema Nacional del Seguro de Salud, podrán ejercer el derecho de opción de obra social desde el momento mismo del inicio de la relación laboral y las normas que rigen la opción de los beneficios se interpretarán siempre a favor del derecho a la libertad de elección", cita el texto.

"Imagina un país en donde los trabajadores tengan libre elección. Imaginate un Estado que no decida por vos", argumentó la oposición al presentar el proyecto que también lleva las firmas de los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio Martin Tetaz, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Alejandro Cacace, Pablo Cervi, Marcela Antola, Gabriela Brouwer de Koning, Danya Tavela y Emiliano Yacobitti.

En ese sentido, la oposición consideró que la medida del Gobierno fue "a favor de los sindicatos" pero en contra de los trabajadores, "que deberán pagar de su bolsillo si desean cambiar de obra social antes del año". Además, reiteraron que con el decreto "se restringen libertades y se imponen regulaciones que vulneran un derecho fundamental como la salud, afectando a muchos y beneficiando a pocos", sentenciaron.

Los diputados nacionales fundamentaron su iniciativa en datos certeros, y en ese sentido citaron un informe que realizó en el 2021 el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

El proyecto busca retrotraer una decisión planteada por un decreto del Presidente, publicado en 2021.

Dicho informe, que se realizó ni bien se conoció el decreto presidencial 438/2021 que restringió el derecho a la libre elección de obra social de los trabajadores, detalla que hay un flujo de unas 650 mil personas por año que inician una nueva relación laboral.

"Algunos son nuevos entrantes en el empleo asalariado formal, pero la mayoría son trabajadores que cambian de empleo. Con la nueva disposición dejarán de estar afiliados a la obra social que eligieron en el anterior empleo para pasar a la obra social de actividad. Si la persona hacía derivación de aportes a una empresa de medicina prepaga, para mantener la cobertura, deberá pagar con su bolsillo la totalidad de la cuota durante el primer año en el nuevo empleo dado que su aporte salarial se dirigirá a la obra social de actividad", explica el estudio.

A su vez, agrega que a través del mecanismo de derivación de aportes, se estima más de 2 millones, de los 6,5 millones de trabajadores con cobertura de obra social nacional, derivan su aporte a una empresa de medicina prepaga.

Por otro lado, el autor de la iniciativa insistió con que el decreto vulnera el derecho a la salud, y en esa línea fundamentó: "La normativa debe garantizar la expresión de voluntad de los beneficiarios, haciendo efectivo plenamente el derecho a la salud como derecho fundamental. El derecho a la salud es un derecho humano inherente a toda persona por su condición de tal. En Argentina es un derecho de raigambre constitucional reconocido en el artículo 42 de nuestra Carta Magna".

Obras sociales y libre elección: un pedido recurrente

Cabe destacar que no es la primera vez que en el Congreso Nacional se presenta un proyecto que pretende eliminar dicho decreto presidencial. En julio de este año, una diputada nacional del PRO hizo un pedido similar, iniciativa con poco impacto mediático y que está cajoneada con probabilidades mínimas o nulas de ser tratada.

El proyecto fue presentado por la diputada nacional del PRO de Santa Fe, Germana Figueroa Casas y propuso que los beneficiarios que ingresen a un nuevo trabajo puedan optar por permanecer o cambiar la obra social, correspondiente a su actividad. "Tiene como objetivo favorecer el derecho a la libertad de elección del trabajador, tanto desde el inicio como durante el transcurso de la relación laboral", dijo la diputada cuando presentó su propuesta.

A su vez, la autora del proyecto aseguró que "el decreto vigente perjudica no solo a la decisión de los trabajadores, sino también a la competencia entre obras sociales". "Hay muchas obras sociales que habían empezado a mejorar ya que se veían en la obligación de competir, cosa que cambió con el decreto del presidente que generó que los trabajadores quedaran cautivos de una obra social", señaló.

Otro de los puntos del proyecto del PRO, del que también coincide del nuevo proyecto que ahora presentó Rodrigo De Loredo, es que a partir del decreto muchos trabajadores se ven obligados a cambiar todos los profesionales médicos que los atiende debido a la modificación de la obra social y en los casos donde hay patologías graves "la situación es más compleja".

Estos dos proyecto, que ingresaron al Congreso Nacional con tres meses de diferencia, no tienen el apoyo de los legisladores del oficialismo, pero además son probablemente resistidos por la Confederación General del Trabajo (CGT), ya que lo que alegan es que afectaría la caja de algunas obras sociales que hoy reciben aportes debido a los afiliados que tienen a partir del decreto presidencial. Incluso, cuando Alberto Fernández firmó ese decreto, fue para darle respuesta a un reclamo sindical que acusaba el desfinanciamiento del sistema de seguridad social.

¿Qué dice el decreto de Alberto Fernánez sobre obras sociales?

Recordemos que el Presidente, en un gesto a la CGT, firmó el Decreto 2021/438 que se publicó el pasado 07/17/21 en el Boletín Oficial, que obliga a los nuevos trabajadores a permanecer un año en la obra social correspondiente a su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio.

Según establece el decreto, esta medida permite ejercer la opción de cambio una sola vez durante todo el año calendario, hecho que se hará efectivo a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud. Además, el decreto insta a que se garanticen "los principios de transparencia, integridad, celeridad e informalidad a favor de los beneficiarios" en todo el proceso.

Dicho decreto fue firmado tanto por Alberto Fernández como por Santiago Cafiero, que en ese momento era el jefe de Gabinete, y Carla Vizzotti, ministra de Salud.