En una semana donde se cerraron varias negociaciones salariales revalorizando la figura de la ministra de Trabajo Raquel "Kelly" Olmos, la conducción de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) informó que no pudo llegar a un acuerdo en la rama asistencia (la más importante), por lo que dispuso el inicio de un plan de lucha a con asambleas en los lugares de trabajo, y continuará con cese de actividades por turnos hasta desembocar en un paro nacional el jueves próximo, que afectará la atención en todo el sistema de salud.

El secretario General de la organización, Héctor Daer, señaló que "ante la intransigencia de las patronales, anunciamos el estado de alerta y movilización" y agregó que "como no hubo una propuesta satisfactoria a nuestras demandas, se decidió comenzar con las asambleas y continuar el martes con un paro de cuatro horas por turno y de cinco horas por turno el miércoles, para convocar el jueves a una huelga nacional de 24 horas para el próximo jueves.

Se estima que los dirigentes sindicales y los empresarios podrían ser convocados el lunes a una audiencia para acercar posiciones y alejar la posibilidad de conflicto, mientras voceros gremiales consultados por iProfesional admitieron que autoridades de la cartera laboral podría dictar la conciliación obligatoria para desactivar las medidas de fuerza.

Paritaria Sanidad: la propuesta del Gobierno no fue satisfactoria

Las fuentes agregaron que "las negociaciones se dilataron; nuestra postura es dialoguista pero el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras no pude seguir esperando una propuesta satisfactoria de parte de las patronales".

El malestar del sindicato de la Sanidad se profundizó cuando se conoció el incremento que autorizó el Gobierno a las prepagas. En principio, evaluaron que con esa medida se iba a habilitar el aumento salarial al personal; sin embargo, el estancamiento de la paritaria disparó el anuncio de asambleas y paros.

El Ejecutivo autorizó a las empresas de medicina prepaga a una suba del 13,8 por ciento en diciembre, para totalizar un alza del 113,8 por ciento en doce meses. Desde el gremio señalaron que "este es el noveno aumento en lo que va del año, pero los empresarios sostienen que no pueden dar una mejora salarial para el personal, que en definitiva es el que sostiene el sistema".

Dáer logró el acuerdo para la rama de farmacéuticos, pero no para la más clave: la rama asistencial.

La Superintendencia de Servicios de Salud fue la encargada de autorizar del aumento de las prepagas, generando la reacción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien calificó la medida de "inaceptable", profundizando las diferencias con la gestión del Presidente Alberto Fernández.

Acuerdo en el gremio de farmacéuticos y veterinarias

Hasta el momento, el gremio que lidera Dáer logró activar la revisión salarial para la rama de laboratorios farmacéuticos y veterinarias con un 40 por ciento a los 45 puntos que había sellado en abril. De esta forma, consiguió un 85 por ciento en lo que va del año. El 40 por ciento se pagará en tres tramos: 23 por ciento en septiembre (retroactivo), 7 por ciento en octubre y un 10 por ciento en noviembre. También se pagará un bono vacacional de 30.000 pesos, y un bono por el día de la Sanidad de algo más de 8.000 pesos.

Los voceros gremiales estimaron que este acuerdo se iba a replicar en la rama asistencia, la más importante por la cantidad de empleados y por su impacto a nivel nacional, ya que un plan de lucha paraliza gran parte del sistema de salud. De esta forma, el Gobierno arrancará la próxima semana con un nuevo frente abierto, en este caso en un tema de alta sensibilidad social y que, por tratarse de las prepagas, afecta a las clases media y alta.

Desde el ministerio de Trabajo estimaron que ya están abocados a buscar una solución. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, el mismo lunes al mediodía podrían dictar la conciliación obligatoria y así evitar el temido paro nacional del jueves. La satisfacción por encauzar las paritarias de los Camioneros y cerrar otras como ferroviarios y alimentación se comenzó a diluir con el plan de lucha anunciado por uno de los cotitulares de la CGT y hombre cercano al jefe de Estado.