La Aduana suspendió a 59 exportadores porque había inconsistencias y no ingresaban las divisas
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La Dirección General de Aduana resolvió la suspensión preventiva de 59 exportadores. Fue tras detectar inconsistencias y la falta de ingreso de divisas.
La decisión se tomó de analizar y realizar cruces sistémicos de las operaciones de exportación de determinados productos. Ante inconsistencias e irregularidades detectadas y la falta de ingreso de divisas, se ordenó la medida.
En este sentido, la Aduana procedió a la apertura de sumarios disciplinarios y suspensión preventiva de 59 exportadores de comercio exterior.
Los plazos para liquidar las divisas van de los 15 días desde el permiso de embarque (soja) hasta 180 días (economías regionales), existiendo casos de 365 días, pero siempre con un máximo de 60 días para operaciones entre empresas vinculadas.
Tal como explicaron desde la Aduana, para aprovechar la brecha, muchos exportadores no liquidan las divisas ante el Banco Central (BCRA) y dejan esos montos en el exterior o lo convierten al tipo de cambio de contado con liquidación.
Es por eso que para la aduana se demostró un "comportamiento sistémico de estas exportadoras que, ya vencidos los plazos legales correspondientes, no efectúan el debido ingreso de divisas afectando gravemente las reservas del BCRA".
Además, aseguraron que "continúan realizando operaciones de exportación por sumas relevantes, lo que también genera competencia desleal en cada uno de los rubros que operan".
"Estamos atravesando la peor sequía desde 1922 a la fecha, la producción de soja se estima en solo 23 millones de TN, y la falta de controles eficientes respecto de las falsas empresas exportadoras llevo a un crecimiento exponencial de ´carpetas´ que simulan operaciones de exportación para dejar dólares en el exterior sin liquidar", indicó el organismo.
"Nuestro objetivo es defender las reservas para la industria nacional y la generación de empleo", señaló el director General de Aduana, Guillermo Michel.
Importación adulterada
Una importadora argentina había comprado mercadería a la empresa mexicana en forma directa hasta diciembre del 2020, cuando empezó a triangular la operatoria con intermediarios estadounidenses por precios que duplicaban los anteriores —el envío de mercadería, sin embargo, siguió realizándose en forma directa desde México hasta nuestro país.
La intervención injustificada de un tercer operador responde al perfil de riesgo que la Aduana dio a conocer pocos días atrás.
La causa iniciada en los términos de los artículos 863 y 865, inciso F, del Código Aduanero gira en torno a 13 importaciones de pastas de soldar, sobrefacturadas en un 100%.
Agentes de la Aduana advirtieron el primer indicio de la irregularidad cuando, realizando controles físicos y documentales de la mercadería, notaron papeles adheridos a los bultos: resultaron ser las facturas originales emitidas por la empresa mexicana, remitidas y facturadas directamente a la firma importadora argentina.
Pero el valor que figuraba en las mismas difería sustancialmente del documentado en las declaraciones de importación, a pesar de que las cantidades sí coincidían.
Previo a la triangulación con las empresas radicadas en EE.UU., el precio documentado para las ventas era de entre 72 y 81 dólares por kilo.
Luego de la intervención de los terceros operadores, el valor se infló a un rango de entre 116 y 200 dólares. Cabe señalar, el mercado no reflejó ese incremento de precio en operaciones comparables: siguió operando en un rango de 72 a 93 dólares por kilogramo.
Así, las maniobras denunciadas por la Aduana generaron un egreso indebido de divisas en perjuicio de las arcas del Estado. El análisis del organismo que dirige Guillermo Michel, constató coincidencias entre las personas que componen las intermediarias radicadas en Estados Unidos.
La multa mínima pretendida por la Aduana en la causa que tramita en el Juzgado Federal de Río Grande —a cargo de la Dra. Mariel Borruto—, Secretaría Penal N° 2 —a cargo del Dr. Diego Spilotti—, es de USD 4.262.227,98. Podría caber una pena de hasta 8 años de prisión.