Pese a la concreción del desembolso del FMI a fines de marzo, las reservas internacionales netas (RIN) se ubican debajo de los u$s2.000 millones, lo que enciende luces de alerta en un año de elecciones presidenciales. La reacción oficial fue anunciar un nuevo incentivo cambiario –dólar a $300– para exportaciones del complejo sojero y las economías regionales, y amenazar con quitar el acceso al mercado cambiario (MULC) a empresas y sus directivos que –se estima– no han cumplido con la obligación de liquidar divisas por más de u$s3.700 millones (0,6% del PBI).

Esas medidas, junto a la eventual venta de bonos en dólares –Bonares– de las dependencias del sector público –excluyendo al Banco Nación y al Banco Central– al sector privado, aumentarían transitoriamente la oferta de divisas y de activos dolarizados para tratar de paliar la escasez que atraviesa la economía argentina en el mercado de cambios oficial y el financiero.

El costo del dólar "agro" y la venta de Bonares es elevado. En el primer caso, el Ejecutivo no solo está ratificando al sector agropecuario que hay que posponer ventas/exportaciones hasta que las autoridades implementen un incentivo cambiario, sino que fuerza al BCRA a hacer una operación perdidosa: compra dólares caros (a $300) y vende barato (a $210), cuando la lógica indica que en un mercado desdoblado el Central debería acumular divisas al tipo de cambio bajo/comercial y vender al alto/financiero.

En el caso de la venta de los Bonares, el propio sector público da un giro de 360 grados respecto de la recompra de deuda con RIN implementada a principios de año, ofreciéndole a los privados deuda nominal por u$s15.000 millones para conseguir menos de u$s4.000 millones, que representarían casi $1,5 billones al venderse en el financiero.

Por último, la quita al acceso al MULC a empresas –y sus directivos– que no cumplieron con la obligación de liquidar exportaciones, luce una amenaza contra firmas que se presume sub-facturaron ventas externas en el pasado, pues si el Ejecutivo tiene pruebas solo debe aplicar la ley vigente.

Falta de dólares: medidas que no alcanzan

El mayor problema de lo anunciado es que no resuelve el problema de fondo del mercado cambiario: la masiva pérdida de liquidación de la agroindustria frente a 2022 –más de u$s20.000 millones neteando las importaciones temporarias de poroto de soja– no logra compensarse con la reducción del déficit energético y turístico, el acceso al financiamiento externo es casi nulo y el stock de reservas mínimo. Ergo, la economía argentina aún necesita reducir significativamente su gasto en divisas.

La escasez de reservas, el gran problema del Gobierno de cara a las elecciones.

Sin crédito externo ni stocks relevantes, la devaluación suele ser la encargada de ajustar el consumo de divisas de la economía argentina: el encarecimiento del tipo de cambio oficial reduce las importaciones y genera un fogonazo inflacionario que comprime la demanda interna. La mejora del tipo de cambio real también ayuda a reestablecer el equilibrio externo incentivando –vía competitividad y reducción de brecha– las exportaciones, pero su efecto es más significativo en el mediano plazo. En lo inmediato, el grueso de la reducción de la demanda de divisas se da por el encarecimiento de los bienes y servicios transables y por la recesión.

Si en el pasado el Ejecutivo ha sido reacio a cualquier salto del tipo de cambio oficial, en la actualidad tiene aun más argumentos para no avanzar en esa dirección. En primer lugar, implementar una devaluación a cuatro meses de las PASO reduciría las perspectivas electorales de la coalición gobernante. Además, se supone que el shock negativo sobre las exportaciones es transitorio: si el clima y los precios internacionales acompañan, es de esperar que el año que viene se recuperan las agro-divisas perdidas en 2023, a lo que se les sumaría un influjo adicional de exportaciones provenientes de vaca muerta y el litio. Por último, en un contexto en que la inflación tiene un piso de 6% mensual, cualquier movimiento brusco del dólar oficial puede llevar el alza mensual de precios a los dos dígitos, lo cual es muy peligroso en términos de estabilidad.

"Implementar una devaluación a cuatro meses de las PASO reduciría las perspectivas electorales de la coalición gobernante"

Nuevo régimen cambiario para las importaciones: ¿solución para las reservas?

Incentivar en el corto plazo la liquidación de exportaciones puede ayudar a acumular más divisas de cara a las PASO, pero no genera un aumento genuino de la oferta, porque luego el ingreso de dólares se resiente en demasía producto del "adelantamiento" de las ventas externas (fenómeno observado en el primer trimestre de 2023 tras el "dólar soja 2"). Debido a esto, el Ejecutivo tiene aún pendiente la ingrata tarea de reducir los volúmenes importados para evitar una situación crítica en los últimos meses de este año. 

Pero racionar/recortar un volumen relevante de importaciones en forma eficiente luce una tarea titánica. En primer lugar, la demanda de compras externas del sector privado al tipo de cambio oficial es muy elevada, por lo que es muy difícil para los funcionarios involucrados en la autorización detectar en qué casos negar el acceso al MULC puede generar faltantes que frenen procesos productivos.

Además, los bienes y servicios que no se permiten importar pueden ser sensibles en términos de inflación, al consolidar oligopolios de oferentes locales. Por último, el poder de lobby de los privados puede ser relevante a la hora de conseguir aprobaciones, alejando la asignación de las escasas divisas disponibles para importar de las necesidades macroeconómicas.

Que los importadores deban acudir al dólar financiero, una alternativa que podría hacerse realidad.

En este contexto, la mejor alternativa posible para el Ejecutivo pareciera ser enviar al mercado financiero –léase, dejar de operar en el MULC– los gastos en divisa que menor impacto económico generan en términos de actividad e inflación: turismo emisivo y/o bienes de consumo suntuario.

No creo que el FMI sea un obstáculo para implementar medidas en el frente cambiario, pues en la recientemente divulgada cuarta revisión del acuerdo de facilidades extendidas, alertó por primera vez sobre la presencia de atraso del tipo de cambio real –entre 10% y 25%– y la necesidad de simplificar el esquema de múltiples tipos de cambio existente. Esto da margen al Ejecutivo para, al menos, emprolijar el desdoblamiento de facto con múltiples tasas impositivas vigente. Veremos qué deciden las autoridades económicas.

Por Lorenzo Sigaut Gravina, Director de Análisis Macroeconómico de Equilibra