En el ámbito político ya se habla de un posible efecto boomerang para Alberto Fernández por el caso Vicentin. Detrás de la retórica sobre la "soberanía alimentaria" se siguen sumando expresiones de rechazo por parte de los presuntos beneficiarios de la medida: los productores rurales y hasta los mismos aliados políticos peronistas del interior.

A medida que avanza el debate sobre el intento de intervención estatal en el negocio agropecuario, se escuchan más cuestionamientos a las premisas básicas planteadas como argumento para la expropiación.

A continuación, un punteo de los posibles "errores de cálculo", donde se constata una distancia entre el objetivo declarado y la realidad.

1-"Con la estatización de Vicentin, habrá posibilidad de terminar con la especulación en el mercado cambiario."

La realidad es que Vicentin no tiene materia prima propia sino que la compra a una multitud de pequeños productores, que son los que deciden cuándo quieren vender. Esos son los dueños de las silobolsas.

Y los productores tienen en cuenta algunos pocos factores que les determinan el "timing" de la venta. En lo económico, el dólar, el precio del producto y su perspectiva de variación en el mercado global. Y en lo empresarial, las necesidades personales del negocio, que llevan a que se vaya vendiendo a medida que se necesita tener dinero para invertir en equipamiento o en la siguiente campaña.

"Los pequeños productores no son sofisticados financieramente hablando, no quieren saber nada con comprar bonos dólar-linked. Ellos cuando no necesitan el efectivo, guardan en silobolsas, y cuando necesitan, venden. Así de fácil, y generalmente los momentos de venta son en las mismas épocas del año", señala un consultor que trabaja directamente en la zona de mayor producción sojera.

En definitiva, salvo para quienes tejen teorías conspirativas desde la City porteña, nadie en el interior cree que los productores determinen el momento de la venta tomando en cuenta simpatías o antipatías políticas. Por caso, en 2018, Mauricio Macri sufrió el atraso en la liquidación de exportaciones cuando empezaron las turbulencias financieras, al punto que para esta época del año la exportación rondaba los u$s6.000 millones, es decir una cifra inferior a la que se lleva liquidada ahora y que preocupa a los funcionarios de Alberto Fernández.

De hecho, en aquel momento, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) informaba que el factor que permitió dar un salto y llegar a los u$s10.000 millones ya iniciado el segundo semestre era la estabilidad alcanzada luego del acuerdo con el FMI –es decir, tras una devaluación y con perspectivas de que el dólar se mantendría estable por unos meses-, porque eso mejoraba las condiciones de mercado para los productores.

2-"La expropiación permitirá poner la empresa en funcionamiento y aliviar la situación de los productores acreedores."

Es el objetivo declarado detrás de la palabra "recuperación", que aparece en todos los discursos oficiales. Pero nadie termina de aclarar cómo se hará esta puesta en marcha, dado que implica dos cosas difíciles: empezar a pagarles los más de u$s400 millones que se les deben y convencer a los 2.300 productores de que sigan vendiéndole a Vicentin.

Más bien al contrario, hay quienes sospechan que el anuncio de la expropiación hasta puede jugar como desincentivo.

"Vos crees que desde que se hizo el anuncio algún productor agropecuario le está entregando la producción a Vicentin? No, con lo cual a todos los problemas que tenía la empresa le ha agregado un problemón fenomenal como si se corriera un rumor de que determinado banco podría entrar en dificultades y provocás una corrida", graficó el economista Juan Carlos de Pablo en una entrevista televisiva.

El análisis que hacen los consultores es que este es un momento en el que hay gran capacidad ociosa en las plantas industrializadoras de granos, al punto que se estima que se podría procesar un 45% más de lo que ingresó tras la última cosecha.

Esto implica que los productores tienen muchas opciones para entregar sus granos y, probablemente, elegirán hacerlo a aquellas empresa que les generen confianza de repago.

El alto nivel de capacidad instalada en el procesamiento de granos en el país pone en duda el atractivo de Vicentin como comprador

De manera que si el Estado a través de la nueva Vicentin en default quisiera generar un incentivo a los productores venderle, no quedaría mucha alternativa que no fuera pagar un precio más alto. Pero claro, pondría en riesgo la rentabilidad de la compañía en un negocio que de por sí maneja márgenes muy estrechos, de no más de 1,5% de diferencia entre lo que se paga al productor y lo que se obtiene por exportación.

Además, implicaría un subsidio de hecho que provocaría protestas en el plano político.

Lo cierto es que hoy Vicentin tiene que persuadir de que tendrá un plan de negocios que le permitirá desarrollarse, eventualmente obtener crédito o vender algún activo y entonces contar con efectivo para pagar las deudas.

Algo no tan fácil de hacer para una compañía cuyo principal activo es la planta Renova, que justamente queda fuera de la expropiación. La verdad es que los analistas del campo hablan de "fierros viejos" para referirse al resto de la infraestructura de la compañía.

Esa situación pone también una nota de duda sobre hasta qué punto puede contarse con la opción de la venta de activos como forma de que la empresa recomponga su situación de caja.

3-"Vicentin podrá jugar un rol de regulador del mercado, análogo al de YPF en los combustibles."

Nadie en el campo cree en esa posibilidad. Primero, porque la incidencia de Vicentin en el mercado, si bien es importante, de ninguna manera es de liderazgo.

Una encuesta de la Bolsa de Comercio de Rosario indica que las plantas aceiteras de Vicentin tienen una capacidad de procesamiento diario de 10.500 toneladas, lo cual representa un 6,3% del total. Ese número la pone por debajo de competidores como Cargill, Molinos, Cofco y Dreyfus, todas con una capacidad de procesamiento de aproximadamente el doble.

Claro, la cosa cambia si se considera la planta Renova, ubicada en la localidad de Timbúes, donde Vicentin es socio minoritario junto con la multinacional Glencore –sí, la misma que el Gobierno teme que pueda quedarse con la cerealera endeudada-. Pero ocurre que la planta de Renova, que lidera con una capacidad instalada de 33.000 toneladas, no está dentro de la expropiación.

De todas maneras, aun cuando se sumaran todas las cifras -incluyendo Renova- y Vicentin pudiera operar a pleno –la otra gran duda-, tendría un 14% de posibilidades de captar producción, lo cual tampoco es visto como una posibilidad de poder realmente incidir en el mercado.

A no ser, claro, que se le apliquen reglas diferentes al del resto del mercado, tal como algún tipo de preferencia impositiva o regulatoria. Pero es algo que ya está generando movimientos defensivos en el campo.

Un alto directivo de la industria aceitera planteó ante iProfesional: "Sí, estamos preocupados. Muy preocupados. ¿A qué debemos atenernos? ¿A un Estado que vendrá, de la mano de Vicentin, a competir de igual a igual con nosotros? ¿O tendremos que esperar que haya medidas preferenciales a favor de la compañía estatal?".

Y no por casualidad, el comunicado de Ciara marcó una dura advertencia: que la eventual nueva compañía estatal "debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial".

Pero, finalmente, aun si Vicentin tuviera el volumen y la capacidad operativa real como para incidir en los precios, no termina de quedar claro qué se quiere hacer con los precios. Como dice el economista y empresario Gustavo Lazzari, que causó revuelo con un audio de Whatsapp que se viralizó, "la empresa testigo es un concepto que se inventó para bajar los precios del mercado, entonces YPF es una empresa testigo para que no se bandeen los precios de los combustibles y ponerles un tope; pero en el caso de Vicentin, que vende productos en el exterior que no consumimos a nivel local, cuanto más caro los venda, mejor".

El punto nunca se terminó de aclarar. Pero por las dudas de que el temor por la amenaza intervencionista escale, en el manual que distribuyó el kirchnerismo para que sus legisladores militantes puedan responder las críticas, se aclaró que la Vicentin estatal "no es una nueva Junta Nacional de Granos, instrumento que ya no es utilizado en ningún país del mundo".

4-"La estatización de Vicentin permitirá combatir las prácticas de triangulación, elusión impositiva y subdeclaración de exportaciones."

Es, tal vez, uno de los argumentos políticos más fuertes que planteó el kirchnerismo, y el que defienden con mayor entusiasmo. El Estado podrá por fin ingresar a un mercado de "precios opacos" y donde nunca se sabe realmente cuánto se exporta ni por dónde, cuánto dinero se ingresa y cuánto se liquida.

Ese argumento está ligado a las presunciones de manejo irregular por parte de los dueños de Vicentin, que tenían filiales de su compañía radicadas en Uruguay, Paraguay y España y que, según los denunciantes, fueron una vía de fuga de los créditos recibidos durante la fase del "estrés financiero" de la cerealera.

Pero el argumento no queda allí, sino que lo hace extensivo al resto del mercado, de tal forma que la estatización de Vicentin sería una forma de prevenir que el resto del mercado reincidiera en prácticas oscuras.

Los exportadores rechazan que la estatización de Vicentin sea la forma eficiente de mejorar el control de irregularidades

De hecho, en las usinas K y sus medios afines se interpreta las condenas de las agremiaciones empresariales como una especie de confesión de parte, como si al concretarse la estatización de Vicentin pudieran ellos también "quedar expuestos con su peor rostro de elusión, evasión e irregularidades en sus operaciones productivas y comerciales", al decir de Alfredo Zaiat, uno de los economistas de referencia de Cristina Kirchner.

Según ese punto de vista, la iniciativa expropiadora traerá una transparencia de precios y fomentará la formalidad en las transacciones en un mercado donde abunda la subfacturación.

Y la realidad es que nadie niega la posibilidad de que haya operaciones irregulares, ante las distorsiones cambiarias que incentivan el uso de puertos extranjeros. Pero es un tema en el que la regulación y el control parecen ser más efectivos que la "empresa testigo".

De hecho, una reciente medida de la AFIP repuso los valores de referencia para el comercio exterior que habían sido dejados de lado en la gestión macrista. Así, la Aduana intenta conocer la variación de precios en "real time", para tener la información que evite las subfacturaciones. Y todos los controles se coordinan con el Banco Central.

De hecho, en el campo argumentan que pocos sectores están más controlados. Desde el Centro de Exportadores de Cereales y de Ciara se argumenta que toda la operatoria de exportación de granos y subproductos "se encuentra altamente regulada y controlada por eficientes organismos del Estado nacional que tienen capacidad para detectar irregularidades y corregirlas".

Detallan que cada exportación debe ser pre-autorizada y los precios de cada embarque son controlados diariamente por el Estado. Y en cuanto al ingreso de divisas por exportación de granos y derivados, señalan que "es anticipado antes de que se produzcan los embarques, con plazos de ingresos y formas compulsivas de liquidación a moneda local".

Y rechazan que exista la posibilidad de retener divisas con ánimo especulativo, dado que los plazos de liquidación para productos como harina de soja, aceite de soja, poroto de soja y maíz son de 15 días corridos después del permiso de embarque.