El desdoblamiento del aguinaldo afectará a un 35% de la plantilla de la administración nacional, incluidos los funcionarios, y representará un alivio transitorio para las cuentas fiscales superior a los $4.000 millones. Ese será el impacto de la medida definida en las últimas horas por el Gobierno para "equilibrar las finanzas" ante la fuerte caída de la recaudación. El decreto que se conocerá en las próximas horas dispone para las categorías más altas el pago del salario anual complementario (SAC) en hasta cinco cuotas consecutivas con los sueldos de junio, julio, agosto, septiembre y octubre .

Se trata de aquellos trabajadores de jerarquía y mayor antiguedad con salarios superiores a los $80.000 brutos ($60.000 de bolsillo). La medida alcanzará a unos 100.000 trabajadoresde la administración central y los organismos descentralizados, incluyendo a las instituciones de la seguridad social; empresas y sociedades estatales (Aerolíneas e YPF, entre otras); y entes públicos excluidos del sector público nacional, como el Banco Central y la AFIP. Solo en el sistema nacional hay un total de 400.000 empleados. Pero el diferimiento servirá también como señal para las provincias. Mendoza anunció la semana pasada el pago escalonado del SAC y Neuquén seguiría el mismo camino.

La normativa a la que tuvo acceso iProfesional establece el desdoblamiento del medio aguinaldo "en hasta cinco cuotras consecutivas" a partir de junio y que "el monto bruto a abonar no podrá superar el valor de los $40.000". "La suma que exceda de dicho monto se abonará en cuatro cuotras consecutivas, como máximo, junto con las remuneraciones correspondientes a los meses de julio, agosto, septiebre y octubre de 2020". Y las cuotas no podrán superar los $1.000. De esa manera, los sueldos inferiores a $80.000 brutos no serán alcanzados por el fraccionamiento, ya que en ese caso el sueldo anual complementario de junio estaría por debajo del tope de $40.000.

El decreto afectará a los empleados de la administración central, Aerolíneas, YPF, AFIP y Banco Central, entre otros casos.

El objetivo es "aliviar el esfuerzo fiscal" por la caída en los ingresos, según confirmaron diversas fuentes oficiales. En mayo el total de los recursos tributarios apenas subió en valores nominales 12,4%, a $499.535 millones, pero si se resta el efecto de la inflación del 45% en los últimos doce meses la recaudación cayó en terminos reales un 22,5% en relación al año pasado. El Gobierno también está preocupado por la expansión del gasto por la emergencia sanitaria y económica. El diferimiento del aguinaldo permitiría liberar más de $4.000 millones y redirigirlos para sostener los subsidios a las empresas (ATP), según la evaluación de un funcionario consultado por este medio. El Ejecutivo ya empezó a reducir los fondos destinados a la asistencia al sector privado y analiza hacer lo mismo con aquellos orientados a las familias.

El gabinete económico discutirá todo esto hoy desde las 12 en su reunión de los miércoles. Allí, podrían efectuar nuevos cambios al ATP y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Tal como anticipó iProfesional, el equipo encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tiene pendiente la definición de un crédito a tasa cero o subsidiada al sector privado para pagar el SAC en tiempo y forma. Las cámaras empresarias piden asistencia o bien la posibilidad de acordar el pago en hasta trescuotras con los sindicatos. La última palabra la tendrá el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien en las últimas horas envió nuevas señales a los acreedores al anunciar un cronograma de futura emisión de bonos en dólares por u$s1.500 millones hasta fin de año.

El fraccionamiento del aguinaldo a los empleados públicos implica un desafío para la CGT. El cotitular de la central obrera, Héctor Daer, se pronunció en contra de esa posibilidad en los últimos días, mientras que el gremio de comercio liderado por Armando Cavalieri definirá su postura este miércoles. Por lo pronto, el decreto aún no publicado sorprendió a los gremios estatales y gatilló una reuniones de urgencia. La tensión ya había aumentado la semana pasada cuando el Gobierno decidió posponer sin plazo la paritaria estatal y la revisión del año pasado del sector público en una reunión con el titular de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, y su par de ATE Nacional, Hugop "Cachorro" Godoy. En los últimos cuatro años, estiman que perdieron más de un 35% del poder adquisitivo.

El principal gremio afectado es el del personal civil (UPCN). Su líder es Andrés Rodríguez, un dirigente "dialoguista" con peso en la CGT.

Si bien todos rechazan el decreto, la reacción hasta ahora fue más bien de cautela. Cerca de Godoy advirtieron que "no se pueden hacer protestas ni paro". La organización mantiene una reunión desde las 11 para fijar postura. Mientras que desde el sindicato ATE Capital, liderado por Daniel Catalano, también se mostraron expectantes. "Estamos esperando una confirmación oficial del gobierno y veníamos planteando que se nos incluya en la mesa paritaria de la que fuimos excluidos", dijeron en el entorno de Catalano. Y anticiparon que esta semana realizarán asambleas, aunque "por ahora no se baraja una movilización o una medida de fuerza". Por lo pronto, emitieron un comunicado con la consigna "el aguinaldo no se toca". 

En las paritarias, ATE Nacional y ATE Capital suelen tener planteos más radicalizados que UPCN. Esos alineamientos se corresponden con la ubicación de sus líderes: Godoy es el líder de la CTA Autónoma y Catalano integra la CTA de los Argentinos encabezada por Hugo Yasky, mientras Rodríguez integra la mesa chica de la CGT. Pero en esta ocasión el juego de roles sería al revés por el mayor impacto de la medida sobre los afiliados del gremio del "Centauro". "Su base justamente es de salarios más altos que los de la nuestra y esta medida afecta más a esos trabajadores", apuntaron desde los otros dos gremios. Por ello, todas las miradas están puestas ahora sobre Rodríguez, un dialoguista histórico que todavía no definió cuál serán sus próximos casos.

El escalonamiento repercutirá además en los organismos descentralizados y las empresas del Estado, donde también se concentran empleados con antiguedad y salarios elevados. Y al igual que en los otros casos, los gremios apelan a la prudencia. "Los estatales por lo menos cobramos el sueldo, media argentina está en el horno así que para dentro agradecemos cobrar el 100%", dijeron en la AFIP. A diferencia del sector privado, los empleados públicos no sufrieron rebajas salariales. Los gremios aeronáuticos, por caso, acordaron la suspensión de 4.000 empleados en Aerolíneas con el pago del salario neto íntegro. "Si no queda otra, hay muchas empresas que ya no pueden afrontar más pagos y hay que ser racionales", señalaron desde un sindicato aeronáutico.