La prórroga hasta fin de año de la suspensión de la movilidad jubilatoria encendió nuevos cuestionamientos que podrían derivar en nuevos reclamos judiciales y ya tienen impacto en el Congreso con la presentación de un proyecto opositor para derogar la medida oficializada este jueves en el Boletín Oficial. A través del decreto 542/2020, el Gobierno congeló por otros 180 días la actualización fijada por la Ley de Movilidad en 2017 y definirá los incrementos del segundo semestre también en forma discrecional.

El defensor porteño de la Tercera Edad, Eugenio Semino, consideró la decisión como un "brutal atropello" y criticó los argumentos del Gobierno para prolongar una medida aprobada en diciembre del año pasado con la sanción de la Ley de Emergencia y el supuesto objetivo de elaborar en seis meses una nueva fórmula de actualización. "Era la emergencia económica provocada por la crisis la que justificaba el saqueo de las jubilaciones, ahora es el Covid-19 y mañana será la crisis que el Covid-19 deje tras su paso", advirtió en un comunicado.

Durante el primer semestre, el Gobierno fijó por decreto aumentos de entre el 10,1 y el 19,8% durante el primer semestre, por debajo de la suba del 23,7% devengado por la suspendida movilidad. Pese al bono de marzo, el esquema implica la pérdida de entre $541 y $14.022 mensuales dependiendo la escala de los haberes y afecta en mayor medida a los rangos superiores a la mínima, al percibir aumentos porcentuales menores a los previstos. Los jubilados ya habían perdido 20 puntos en los últimos dos años por el cambio de fórmula dispuesto por la Ley de Movilidad durante la gestión de Mauricio Macri.

El presidente podrá fijar los aumentos por decreto hasta fin de año.

Como el cálculo suspendido tomaba la inflación del semestre anterior, los aumentos del 2020 iban a ser en función del índice de precios del año pasado, muy superiores a los del período corriente. Pero ahora, de acuerdo con el nuevo decreto, "se estima razonable y necesario posponer la toma de decisiones respecto de la movilidad de las prestaciones del régimen previsional general" por la pandemia. Y el Ejecutivo determinará los incrementos de septiembre y diciembre "con el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos".

Más pérdidas para los jubilados

Para Semino, en cambio, el decreto va a disparar nuevas demandas judiciales. "¿Cuántas crisis más hay que esperar para que millones de personas cobren lo que aportaron a lo largo de sus vidas? ¿Cómo se supera una crisis económica si el Estado mismo decide mantener en la pobreza a una parte importante de la población? En la medida en que estas preguntas continúen sin respuesta seguiremos adelante con todas las acciones que estén a nuestro alcance por luchar por los derechos de las personas mayores", señaló el representante de los adultos mayores.

Las medidas adoptadas desde diciembre en materia previsional ya generaron reclamos en la Justicia. El defensor porteño de la Tercera Edad auspició una demanda colectiva en febrero de 7.000 jubilados para reclarar la inconstitucionalidad del aumento de marzo y amplió ese reclamo ante la Corte Suprema en rechazo a la suba de junio. Ahora, se evalúa una nueva presentación para que el máximo Tribinal se pronuncie por los reclamos previos y el decreto publicado este jueves. La cuestión se decidirá en las próximas horas ante la posible extensión de la feria judicial hasta el 28 de junio.

La oposición, por otra parte, presentó este jueves un proyecto para derogar el decreto publicado este jueves y reponer la vigencia de la Ley de Movilidad (24.241). La iniciativa impulsada por el diputado radical Alejandro Cacace junto a unos 50 legisladores de Juntos por el Cambio sostiene que "la suspensión por 180 días de la movilidad jubilatoria establecida en el artículo 32 de la Ley 24.241 es quizás una de las más serias, ya que implica la efectiva suspensión de un derecho constitucional". Y estima el impacto de las subas por decreto.

Por la nueva decisión, podrían incrementarse los reclamos en los tribunales.

"Con la fórmula de movilidad que hoy se encuentra suspendida, en marzo los jubilados hubieran recibido un aumento del 11,56%, mientras que en junio el aumento hubiera sido del 10,9%, casi duplicando al al aumento fijado por decreto de 6,12%. De esa forma, el haber mínimo que ahora es de $16.864, hubiera sido, de regir la ley suspendida, de $17.405", indica el proyecto acompañado por Alfredo Cornejo, Luis Petri y Silvia Lospennato, entre otros legisladores. Eso implica una pérdida de $541.

En cuanto al haber medio, "quien cobraba en diciembre de 2019 un haber de $20.000, recibirá cerca de $1.440 menos y quien cobraba $50.000 percibirá aproximadamente $6.000 menos por mes de lo que les hubiera correspondido por ley", se señala en los fundamentos. "Estas pérdidas se van incrementando hasta llegar al haber máximo a febrero de 2020, que era de 103.000, que recibirán $14.000 menos por mes desde junio", señala el texto.

Fuerte ahorro para el Estado

Los aumentos jubilatorios por decreto, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), le permitirán ahorrar al gobierno $34.000 millones entre enero y agosto. "Esto, sumado a la falta de voluntad del gobierno de proponer un nuevo índice de movilidad permiten dilucidar la verdadera razón para mantener suspender -y mantener la suspensión- del artículo 32 de la Ley 24.241", advierte el proyecto.

En tanto, la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, consideró que el decreto ratifica la denuncia hecha por su espacio en diciembre pasado, cuando denunciaron los cambios previsionales. "Ahora se vuelve a perpetuar el saqueo porque esta movilidad está quitando una parte de la inflación del segundo semestre del año pasado que lo jublados tenían que cobrar ahora y ya estaba consolidada como acreencia de los hubilados".

En ese sentido, sostuvo, "ya no se disimula esta rebaja con un bono extraordinario, sino que esta nueva medida se escuda en la pandemia pero es una ofrenda a los acreeodres internacionales a los cuales se les están dando todo tipo de garantías de repago y ajuste para seguir pagando la deuda". Y alertó sobre una profundización de estas medidas con la eventual modificación de los regímenes especiales y la armonización de las cajas jubilatorias provinciales, como ocurrió con la reciente reforma aprobada en Córdoba.