Precios de alimentos: se viene la pulseada empresas - Gobierno por la nueva tanda de aumentos

La reunión para definir la continuidad de los "precios máximos" entre funcionarios oficiales y empresarios de la alimentación es uno de esos encuentros que no se suspenden por la cuarentena. Son cara a cara. No hay "Zoom" o "Skype" que valgan. Cada uno lleva sus propios carpetones para argumentar a favor o en contra de la prórroga del congelamiento de los precios de más de 2.300 productos, entre alimentos y artículos de limpieza.

Ese plan, que hasta ahora viene funcionando sin grandes desvíos, salvo con lo que fue la desaparición de las promociones, tiene fecha de vencimiento: el próximo martes 30 de junio. Y tal como sucedió la última vez que se juntaron -hace poco más de un mes- los fabricantes irán con la idea de que no pueden sostener el congelamiento.

En esas carpetas llevarán los detalles de los incrementos en sus costos. Ya sea por incrementos directos de sus insumos o por los ajustes que vienen sufriendo en la logística, por los problemas derivados de la cuarentena.

De parte del Gobierno, las negociaciones están encabezadas por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. La funcionaria suele liderar los controles sorpresa en los supermercados para inspeccionar sin intermediarios el cumplimiento del congelamiento de precios.

Para los empresarios, Español es una funcionaria "inflexible". Al punto tal que, para algunos de ellos, las negociaciones con ella son más ásperas que con Guillermo Moreno. "Nos escucha y tiene buenos modos. Pero... nos viene ganando la pulseada", cuenta uno de los empresarios que ya la visitó varias veces durante el último semestre.

En los pasillos del Ministerio de Desarrollo Productivo admiten que se viene una negociación dura. Pero aseguran que tienen buenos argumentos para volver a estirar los plazos del congelamiento.

Uno de los argumentos que escucharán los empresarios refiere a que el Estado, en tiempos de pandemia, es uno de los sostenes del consumo gracias a la asistencia directa que les está brindando a los consumidores y a las empresas para pagar los sueldos.

"El Estado ya pagó una ronda de nueve millones de IFE; otorgó medio millón de créditos a tasa cero y pagó dos millones de salarios el mes pasado y también en junio. Todos esos recursos sirvieron para sostener el consumo, y sostuvieron las ventas de las empresas. Ahora no pueden venir los empresarios a pedirnos aumentos. Si no fuera por el Estado, a ellos les iría peor", comenta un funcionario de primera línea a iProfesional.

Esa misma fuente, que solicita mantener el anonimato, completa: "Todos estamos haciendo un ajuste. La gente -que en la mayoría de los casos gana menos que antes de la cuarentena- y las empresas y comercios, que están en graves problemas. No es lógico que, en este contexto, venga uno de los pocos sectores que pueden trabajar con normalidad y nos pida una mejora de su rentabilidad. Ya habrá tiempo. No ahora".

Los empresarios preparan su argumento

Como los empresarios saben perfectamente que no será fácil argumentar a favor de los ajustes en los precios, también irán a la reunión en Comercio Interior munidos de detalles.

El razonamiento es que en los últimos meses hubo reacomodamientos en las materias primas que compran las industrias, que por ahora fueron absorbidos por los fabricantes.

El dato más fuerte que tienen es que la cotización del dólar mayorista subió casi 17% desde febrero hasta ahora: de $60 a $70 en cinco meses.

Y que varias compañías debieron hacer frente a un encarecimiento de algunos insumos, como los envases de cartón y los plásticos.

Los precios de los alimentos se encuentran sin cambios desde el último 6 de marzo, a pocas horas del comienzo de la cuarentena.

También apuntan a las severas restricciones en el mercado cambiario, que acaba de imponer el Banco Central. Desde Reconquista 266 se apuran por rechazar esos argumentos. Aseguran que los insumos para la industria ingresan sin inconvenientes.

"Ahora bien, no vamos a habilitar un aumento en los precios porque algunas multinacionales no puedan girar divisas libremente a sus casas matrices. No tenemos por qué hacernos cargo de eso", aseguran.

Lo que sí sucedió en las últimas tres semanas, y que lo había adelantado iProfesional, fue lo siguiente: las empresas fabricantes de alimentos eliminaron prácticamente todas las bonificaciones que les otorgaban a sus clientes, como forma de fidelizar una marca o mejorar las ventas de determinados productos.

Esas bonificaciones, la mayoría de las veces, llegan a los bolsillos de los consumidores cuando eligen las opciones para cargar el changuito. Se trata de una estrategia comercial que existe desde hace varios años, y que en las últimas semanas se fue agotando.

En los hechos, los cambios propuestos por los fabricantes no significaron modificaciones en las listas de precios -que en la jerga se conoce como "lista de arranque" o "lista cero-, pero sí abultan las facturas que las grandes cadenas comerciales terminan pagándoles.

Daniel Funes de Rioja, titular de la Copal -la cámara empresaria que agrupa a los fabricantes- ya admitió públicamente que las empresas reclamarán un permiso para incrementar los precios.

También se adelantó a un pedido para que el Estado auxilie a las empresas alimenticias en el pago de los salarios. Ese sector quedó -por ahora- al margen del sistema ATP (pago complementario de los salarios, a cargo del Estado) ya que el sector no se encuentra entre los perjudicados por la cuarentena. Es más: se trata de uno de los pocos que opera al 100% de su capacidad.

Los empresarios, sin embargo, cuentan entre los sobrecostos al hecho de que deben pagarles a los trabajadores que deben permanecer en sus casas por tratarse de población de riesgo. Y llevarán a la mesa de negociaciones los casos de algunas grandes empresas que debieron suspender la producción cuando aparecieron casos sospechosos de Covid-19.

¿Un acuerdo a mitad de camino?

Ninguna de las partes quiere aparecer cediendo posiciones en la previa a las próximas conversaciones. Pero en los bunkers de uno y otro lado analizan distintas posibilidades.

El Gobierno tiene el dato que las empresas tienen mejoras, en algunos casos significativos, en los volúmenes de venta de los productos más básicos. Los de primera necesidad, como harinas, fideos, aceites, arroz y polenta.

En cambio, aquellos productos más elaborados o los congelados muestran una clara tendencia a la baja. Una de las chances es que el Gobierno les permita a las empresas aumentar los precios de esas categorías menos solicitadas, de manera de que las empresas recompongan márgenes a través de esos productos.

En cambio, los precios de los productos básicos mantendrían sus precios sin cambios. El Gobierno quiere que este esquema se mantenga durante lo que quede de cuarentena.

El economista Roberto Feletti no forma parte del Gobierno pero tiene sintonía técnica y política con los funcionarios. En diálogo con iProfesional, el ex viceministro de Economía de Cristina Kirchner asegura: "Se vienen dos o tres meses muy duros para la gente porque la economía está muy mal y la pandemia difícilmente afloje durante el invierno. Es muy importante que el Gobierno se asegure un estricto control sobre el precio de los bienes esenciales: los alimentos básicos y el precio de la energía", dice.

"La intervención del Gobierno tendrá que ser más profunda. Es momento de tener mayor audacia. No de achicar la ayuda oficial. Eso implica que el Estado debe hacer un esfuerzo muy grande, desde el punto de vista económico", concluye.

Como viene sucediendo desde que comenzó la cuarentena, las negociaciones por los precios de los alimentos suelen ser las más desafiantes que debe afrontar el Gobierno. Los propios funcionarios destacan que, en una economía atravesada por una dinámica de alta inflación, es difícil asegurar el cumplimiento de ese plan sin que haya desabastecimiento.

Un nuevo capítulo de esa compleja historia se escribirá en las próximas horas.