Las paritarias, la sombra de Moyano y la moratoria complicaron la renovación de las suspensiones entre la UIA y la CGT. La idea de ambas entidades era prorrogar por agosto y septiembre el entendimiento que desde abril permite la homologación express de los acuerdos de rebajas salariales de hasta el 25%. Pero diferencias irresueltas llevaron a postergar las conversaciones para la semana próxima y abrieron un nuevo capítulo de una saga que siguen con atención en el Gobierno, en donde creen que esas medidas son claves para contener la crisis laboral y también la conflictividad sindical.

Molestos por la extensión hasta septiembre de la prohibición de los despidos y la sanción de la Ley de Teletrabajo, los industriales condicionan ahora el pacto con la central obrera al arreglo de sumas no remunerativas en las negociaciones salariales. Buscan así limitar el impacto de los aumentos que estuvieron congelados desde marzo. El otro pedido es que los sindicalistas acompañen su reclamo de una rebaja impositiva -tal como hicieron con la Asociación Empresaria Argentina (AEA)- en medio del debate en curso de los proyectos de moratoria y quiebras en el Congreso.

Las exigencias de la central fabril sumaron así una presión extra a la cúpula sindical, encabezada por Héctor Daer y Carlos Acuña. Desde la firma del convenio en abril, la dirigencia fue cuestionada por los sectores más duros y la Asociación de Abogados Laboralistas.

Pablo Moyano los acusó esta semana en declaraciones a iProfesional de ser los que "alientan las rebajas salariales y la reforma laboral", luego de las críticas de Daer a los bloqueos de Camioneros a Mercado Libre, que podrían retornar la semana próxima. La conducción de Azopardo además advierte que los pedidos de la UIA dependen del guiño del Gobierno.

Obstáculos para un acuerdo

Uno de los principales obstáculos es sortear la resistencia del Ministerio de Trabajo y la AFIP a la incorporación a las paritarias de montos no remunerativos. En un caso, por la autorización de un criterio que puede ser objeto de reclamos judiciales por afectar la integralidad de los ingresos. Y, en el otro, por la pérdida de ingresos al fisco producto del no pago de las cargas sociales correspondientes, en momentos de fuerte caída de la recaudación. La mesa chica de la CGT y la junta directiva de la UIA se reunirán este martes por separado para adoptar una definición.

La UIA se endureció con la CGT tras la prórroga de la prohibición de despidos y la sanción de la Ley de Teletrabajo.

Iniciada la cuarentena, el Gobierno prohibió las cesantías y habilitó a la vez el pago de asignaciones no remunerativas por suspensiones mediante el artículo 223 bis. En ese marco, el pacto de cúpulas vigente desde abril y renovado hasta julio se convirtió en uno de los pilares centrales del esquema de emergencia laboral y fue institucionalizado por la cartera laboral con la autorización en forma automática de los acuerdos entre empresas y sindicatos para pagar una prestación no remunerativa del 75% del ingreso neto durante la suspensión, excluyendo a los trabajadores con licencias o bajo la modalidad de teletrabajo.

Ya definida la extensión de la Fase 3 de la cuarentena, la idea del Gobierno es que se renueven las rebajas salariales por falta de tareas, una situación en la estarían más de 1,8 millones de trabajadores, según cálculos de la CGT. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, cree que esa medida evitó que fuera mayor la pérdida de 285.000 empleos registrados en abril y mayo, de acuerdo con los datos de la AFIP. "Mientras siga la restricción para ir al trabajo y la cuarentena, la idea es que continúen las suspensiones, sobre todo en Capital y Amba", confirmaron a iProfesional fuentes de la cartera laboral.

Dicho marco permitiría sentar una pauta en las negociaciones. Pero en la Casa Rosada saben también no alcanza solo con buenas intenciones. Luego de las señales de distanciamiento expresadas por la dirigencia gremial, el Ejecutivo intentó acercarse a la central obrera en los últimos días. Lo hizo sumando a Daer a una conferencia con el Presidente y cámaras pyme. Y mediante la liberación de $1.800 millones en fondos frescos a las obras sociales para afrontar tratamientos costosos en la pandemia. La medida benefició a gastronómicos, comercio, sanidad, docentes privados, metalúrgicos, camioneros, metalmecánicos y colectiveros, entre otros.

Se vienen más recortes salariales

Si bien la UIA representa solo a la industria, el convenio es clave otras actividades en donde esperan una señal para extender sus propios acuerdos vigentes hasta fines de julio y así no quedar en "off side". Por caso, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ya definió con las cinco cámaras de la actividad renovar por otros cuatro meses los licenciamientos con el pago del 70% del salario bruto, equivalente al 86% del ingreso neto -según el gremio- y a un ahorro del 37% en las cargas patronales. Lo iban a firmar esta semana pero seguirán conversando la semana próxima en paralelo a las cumbres previstas en la central fabril y la confederación obrera.

El secretario de organización, Abel Furlán, y una delegación de empresarios metalúrgicos se llevaron este martes el guiño del secretario de Industria, Ariel Schale, durante una reunión en la que presentaron un documento con 21 puntos elaborado en conjunto. Allí, proponen créditos para el sector, beneficios impositivos e incentivos para el consumo de bines fabricados en el país y la prórroga de las suspensiones por 120 días. En lo que no hay acuerdo todavía es sobre las paritarias, congeladas desde abril y sujetas a una fuerte presión desde ambos lados de la mesa.

El ministro de Trabajo apuesta a que se renueve el pacto UIA-CGT para contener la crisis laboral y la conflictividad.

El gremio liderado por Antonio Caló pidió en las últimas horas un bono extraordinario "a cuenta" de las paritarias para llevar calma a las seccionales díscolas de La Matanza, Quilmes, Santa Fe y Córdoba, que presionan por un incremento. En esos sectores creen que la suba debería ser del 40% para elevar el básico de los actuales $28.000 a $40.000. Pero el sindicato enfrenta otros desafíos: el grupo Techint les comunicó que pagará el 50% del salario de suspensión (en lugar del actual 80% del básico) o podría despedir hasta 1.500 operarios, una medida que ya aplicó en marzo y por la cual el Presidente acusó a Paolo Rocca de "miserable".

En Comercio, también siguen de cerca las conversaciones entre la central fabril y su contraparte. Junto con la UOM, el gremio de Armando Cavalieri fue de los primeros en suscribir un acuerdo de suspensiones.

En ese caso, fue una rebaja del 25%, pero el convenio se venció en mayo. Por otra parte, el sindicalista enfrenta reclamos internos por el congelamiento salarial desde abril. En respuesta, la semana pasada anunció el pago de un bono de entre $5.000 y $6.000 en supermercados y mayoristas, pero hasta el momento solo Carrefour lo entregó. El sector de cine publicitario, por otra parte, extendió en las últimas horas la dispensa laboral por julio y agosto.

Las negociaciones también avanzan en Aerolíneas Argentinas. La línea de bandera acordó este jueves con los tripulantes (AAA) la extensión por agosto y septiembre de las suspensiones, con el pago del 100% de la remuneración neta. Todavía falta llegar a un acuerdo con el grueso de los sindicatos nucleados en la Federación Aeronáutica (FAPA), integrada por los pilotos (APLA), técnicos (APTA) y personal de tierra (APA). El entendimiento implica la prórroga de los licenciamientos pactados en junio y julio de 4.000 de los 12.000 empleados en el marco de la fuerte caída de ingresos de la línea aérea estatal.