Primero, se opuso a la marcha atrás con Vicentin. Después, criticó las medidas de mercado para evitar una devaluación. Y ahora, cuando el Gobierno intenta cerrar un acuerdo con el FMI, Claudio Lozano salió a cuestionar las "concesiones" al organismo, cuya misión se reunió la semana pasada con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"El Presupuesto es contractivo en línea con objetivo del Fondo", aseguró a iProfesional el director del Banco Nación, uno de los pocos funcionarios que hace público lo que piensan algunos en el Frente de Todos, pero que pocos se animan a decirlo sin eufemismos.

El economista también cuestionó el proyecto oficial de movilidad jubilatoria presentado en el Congreso por considerarlo "fiscalista", advirtió por la eliminación del IFE en un contexto en el que "el dispositivo de contención social se está agotando" y habló de las tensiones dentro del Gabinete por el rumbo económico.

-¿Qué opina del Presupuesto presentado por el Gobierno?

-Es para discutir con el Fondo, no para discutir necesidades que dejó la pandemia. Sacando el financiamiento para la vacuna, va para atrás respecto de la necesidad de recomponer la actividad, mejorar el poder adquisitivo de los ingresos, sobre todo en los sectores informales, y revertir la caída del salario de los estatales.

-El Gobierno niega que haya un ajuste

-La pauta jubilatoria es negativa y los programas alimentarios con casi 6 millones de personas bajo la indigencia estarán por debajo del presente año, sin el IFE. Se perdió la discusión del salario universal. La totalidad del gasto corriente explicita una política profundamente conservadora, no se utiliza el presupuesto para redistribuir el ingreso.

-¿Hay algo positivo en la Ley de Leyes?

-Lo único dinámico es la inversión pública pública, que mejora respecto a un piso muy bajo ya que está por debajo del porcentaje del 2015 cuando el PBI era superior. Y, por otra parte, lo que se recompone por inversión no compensa lo que se restringe en el gasto. Necesitás sostener el gasto público porque no se agrega demanda, se saca.

Lozano critica que se reduzca el gasto social y se elimine el IFE con un 47% de pobreza.

-Parecería haber consenso con otros sectores para reducir el déficit fiscal a 4,5% del PBI

-El Presupuesto es contractivo en línea con objetivo del Fondo, puede haber una mirada concesiva con la oposición y los empresarios locales. Es posible que el Fondo pida más. Hay un supuesto muy fuerte de que la pandemia terminó cuando no lo ha hecho. La situación laboral y social no va a volver a los niveles anteriores de inmediato. Tendrían que flexibilizar las metas.

-¿Qué podría haber hecho el Gobierno?

-La lógica hubiera sido sostener el gasto como palanca de recuperación. Eso permitiría un aumento de la recaudación que deberia ser acompañado de una reforma impositiva a los sectores de mayor capacidad. Achicar por caída del gasto, es un error. Se confía en que la reactivación vendrá de la actividad privada y el Estado acompaña con inversión pública. Eso lleva a una reactivación más lenta y desigual, cuando necesitamos más velocidad.

-¿Es posible contener la pobreza sin el IFE?

-Nosotros veníamos planteando un ingreso universal, el retroceso en este punto es un problema muy serio. No se atiende con seriedad. La situación era un verdadero desastre al final de Macri, teníamos un 37% de pobreza. Esto se contuvo porque hubo elecciones y expectativa con el cambio de gobierno, pero luego vino la pandemia y cuarentena y se deterioró más con un 47% de pobreza.

-Y se sumaron 4 millones de desempleados en el segundo trimestre

-Hubo control porque la gente se la banca, pero la cuarentena está agotándose como dispositivo de contención social. No entender que 21 millones de personas bajo la pobreza, 12,4% en la indigencia y bajar la política de sostén de ingresos es preocupante. Ahora viene una discusión distinta, es necesario flexibilizar la pauta fiscal. De hecho, ya están dando cosas que no están en el Presupuesto, como la AUH a 1 millón de pibes.

Para Lozano, hay diferencias dentro del Gabinete por el rumbo económico.

-¿Qué piensa del proyecto para actualizar las jubilaciones?

-Se repite la fórmula que se utilizó en la época kirhcnerista, es fiscalista. Lo que le preocupa al Gobierno es que el aumento no desestabilice las cuentas del sistema previsional y no resuelve la actualización del poder adquisitivo. En contexto de crecimiento, termina siendo positiva porque permite una recomposición de haberes, pero si hay caída de la actividad le hace pagar un deterioro al haber.

-El oficialismo excluyó la inflación de la fórmula

-Lo más adecuado es que los haberes reciban lo que marque la inflación, no por índices rezagados sino en simultaneo a la evolución de los precios. En un contexto donde el 60% de los jubilados cobra una mínima de $18.100, el promedio $22.000 y la canasta del jubilado es de $50.000, la prioridad es que el poder adquisitivo no se resienta y haya un aumento paulatino en términos reales para mejorar los niveles de demanda interna.

-¿Hay otras voces en el oficialismo que compartan su postura?

-Grabois piensa parecido, sectores de Patria Grande, la Corriente Clasista y Combativa y el movimiento La Dignidad. No hemos estado de acuerdo con el desalojo en Guernica. Grabois tiene un vínculo directo con Máximo y la vicepresidenta, forma parte del Gobierno y ha dado charlas con referentes de La Cámpora. La preocupación existe.

-¿Y el kirchnerismo?

-El retroceso en el caso de Vicentin, por ejemplo, no fue bien visto por Anabel Sagasti, allegada a Cristina Kirchner. Dentro del Frente de Todos hay 14 partidos nacionales, movimientos políticos y sociales. No hay que conceder a las presiones de desestabilización, se ha cedido con Guernica y las retenciones. No hay ánimo de ruptura, pero este espacio es un límite para que retorne el neoliberalismo salvaje.

-La CGT criticó el recorte del gasto y alertó por las jubilaciones

-La CGT debería ponerse de acuerdo porque tienen manifestaciones contradictorias. Antes firmaron un comunicado con la AEA (Asociación de Empresarios Argentinos). No puede ser que no se pague la cuarta tanda del IFE y se piense en restringirlo a 2 millones de personas. Es una locura, iba a ser mensual y terminó siendo bimensual. Fueron $5.000 por mes al final durante seis meses.

-¿Hay diferencias en el Gabinete sobre el rumbo?

-El Frente de Todos todavía es una coalición electoral y solo se puede sostener si se convierte en una coalición política. Así, tiene más debilidad. En el Gabinete, hay debate. No hay una visión uniforme. No ven igual el Presupuesto desde el Ministerio de Desarrollo Social que desde quienes lo empujan en Economía. Daniel Arroyo ha sido claro en impulsar el salario universal.