El presidente Alberto Fernández aseguró que el Gobierno está analizando para fin de año "una corrección de las jubilaciones" y aseveró que la pretensión es que "no" queden "por debajo de la inflación".

La cuestión se puso sobre la mesa a partir de la suspensión de la fórmula de ajuste mientras se debate una nueva de actualización automática.

"Tenemos que hacerlo"

"Somos conscientes de que tenemos que hacerlo. Lo estamos viendo, la idea es hacer un aumento para todos. Estamos trabajando en eso. Hay un aumento previsto para todos en diciembre", anticipó el mandatario en declaraciones formuladas esta mañana al canal A24.

Las declaraciones del Jefe de Estado llegan en momentos en que se debate la nueva fórmula previsional del Ejecutivo para regresar a la fórmula de cálculo de jubilaciones que planteaba la Ley 26417/2008.

La fórmula tiene como antecedente directo la establecida por la Ley 26.417, que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017 y sus elementos constitutivos básicos, los salarios y la recaudación (en un 50% cada uno).

Cabe remarcar que ahora la fórmula de actualización automática que se había modificado durante el gobierno de Mauricio Macri está suspendida, y los ajustes se hacen por decreto a la espera de que se establezca el nuevo mecanismo que recién regirá desde marzo de 2021.

Economía informó que la fórmula que se propone es "sustancialmente la misma a la sancionada en el 2008 y que resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta el 2015".

Se espera que la fórmula, que deberá comenzar a regir en el 2021, a diferencia de la sancionada en 2017, generará un incremento del poder adquisitivo de los haberes, gracias al aumento del salario real y de los recursos de ANSES.

¿Qué dice el proyecto?

El proyecto de movilidad consensuado en el oficialismo generó un contrapunto con la oposición y representantes de los adultos mayores. En esos sectores salieron a cuestionar en las últimas horas la nueva fórmula elaborada por los técnicos del Ejecutivo que, de ser aprobada por el Congreso, impactará desde marzo en 18 millones de titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Inspirada en el mecanismo vigente en 2008, la iniciativa a la que accedió iProfesional propone ajustes un 70% por el índice de remuneraciones estables del Ministerio de Trabajo (RIPTE) y un 30% por la recaudación tributaria de ANSES. Los aumentos serán semestrales y tomarán dichos indicadores con un rezago de tres meses, por lo que el primer aumento de marzo será sobre los datos del ultimo semestre de 2020.

Así, se reemplazará la movilidad suspendida que se ajustaba en forma trimestral un 70% por inflación y un 30% por salarios. Según el proyecto, el objetivo es "volver a una actualización semestral que permitrá acompañar un proceso de deindexación de la economía". La fórmula posibilitará asímismo "recomponer el poder adquisitivo perdido en los años 2018-2019" y "contribuir a la estabilidad macroeconómica y no ser un elemento desestabilizante". 

Pero en la oposición rechazan la exclusión de la inflación del nuevo cálculo y el mayor peso asignado a los salarios. "Si se envía el proyecto en esos términos, no estamos de acuerdo porque se quita la variable de inflación que protege el poder adquisitivo, hoy la fórmula (suspendida) tiene 70% de inflación y 30% del salario. Ya conocemos qué sube más", señaló el diputado de la UCR, Alejandro Cacace, en declaraciones a Cadena 3.

La nueva fórmula de movilidad le otorga mayor peso a los salarios y reicorpora la recaudación como variable de actualización.

Recaudación

En el oficialismo sostiene que las modificaciones apuntan a que los jubilados "tengan aumentos preservando el poder adquisitivo de la inflación". "La inflación prevista en el Presupuesto 2021 es del 29% y la partida a los jubilados aumenta el 32%, explicó el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto. "Como cuestión de mediano plazo los salarios y la recaudación van a estar sobre la inflación", agregó. El objetivo es aprobar los cambios antes de fin de año.

La incorporación de la recaudación en la nueva movilidad, sin embargo, podría moderar los incrementos. En el 2016, de hecho, provocó una pérdida del poder de compra de los haberes y prestaciones por la caída de la actividad. "Es otra mala idea, porque cuando el país crece se recauda más, pero en recesión se recauda menos y se ajusta a los jubilados como ahora, que ya perdieron poder adquisitivo", señaló Cacace.

El defensor porteño de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió que el proyecto consensuado "continúa con el proceso de destrucción del haber jubilatorio" y que "la nueva-antigua fórmula no prevee recomposición alguna y toma variables que están muy hacia la baja, como el salario, que está destruido por el aumento de la desocupación, y los impuestos, principalmente el IVA, que está atado a un consumo decreciente".

El Ejecutivo llegó a esa propuesta después de 16 reuniones en la comisión bicameral del Congreso, por donde pasaron especialistas, jueces, sindicalistas y economistas invitados por el oficialismo y la oposición. La comisión fue creada por la Ley de Solidaridad que en diciembre del año pasado dispuso la suspensión de la movilidad vigente hasta entonces y autorizó en su reemplazo aumentos por decreto.

"Estamos esperando que llegue a buen puerto un proyecto progresivo que mejore la calidad de vida de los jubilados y beneficiarios, y que responda a la exigencia del bienestar general, los principios de solidaridad, inclusion y redistribucion de ingreso", dijo Gabriel de Vedia, fiscal de la Seguridad Social.

El proyecto oficial prevé un bono en marzo para los haberes más bajos en caso de que queden muy por debajo de la canasta de pobreza.