Resignado a que la inflación sea su gran piedra en el zapato en el arranque del año, el Gobierno intenta enviar el mensaje de que todo se normalizará a partir del segundo semestre. Es, al menos, el nuevo discurso que adoptó el ministro Martín Guzmán, que atribuyó las subas de precios a algunas inevitables correcciones de desajustes.

En su reciente visita a Catamarca, habló de la aceleración de la microdevaluación a inicios de año, de la actualización de los Precios Máximos, de la necesidad de recuperar el atraso en precios de combustibles y del impacto de la suba global en los commodities agrícolas.

Pero si algo no pierde el ministro es su optimismo: por más que el mercado -según marcan las propias encuestas oficiales- espera una inflación del 48% para todo el año, él sigue aferrándose a su pronóstico de 29%.

Guzmán admite que marzo, como suele ocurrir por temas estacionales, también será un mes de inflación alta. Con lo cual parece convalidar la expectativa del mercado en el sentido de que difícilmente se termine el primer trimestre con una inflación acumulada menor a 11%. Esto implica que, para cumplir la meta oficial, en los nueve meses restantes la inflación debería promediar un 1,5%, algo en lo que ni el más optimista de los economistas K se permite creer.

Más bien, lo que el Gobierno espera es que en el segundo trimestre empiece a notarse una desaceleración, y que vendrá de la mano de acuerdos políticos. El diálogo en las "mesas sectoriales" para alinear precios y salarios es quien tiene el cometido político de lograr ese cambio de tendencia.

Más temperatura en Liniers, más frío en las góndolas

Pero lo cierto es que, más allá de los discursos, en el Gobierno cunde la preocupación. Todos los estudios de consultoras marcan una tendencia que es vista por los funcionarios como una luz amarilla: el rubro alimentos es el que mantiene el mayor impulso, con una diferencia que puede llegar a casi un punto por encima del promedio inflacionario.

Por caso, el Instituto Estadístico de los Trabajadores de UMET (La Universidad Metropolitana para la Educacion y el Trabajo, que hasta antes de las elecciones era dirigida por Nicolás Trotta, ahora ministro de Educación), publicó un dato alarmante: en febrero la inflación fue del 3,7% para el promedio, pero en el rubro alimentos llegó a 4,6 en alimentos. 

Es una pésima noticia para cualquier gobierno, pero muchos más para un gobierno peronista en un año electoral, y sobre todo cuando quiere convencer a los sindicatos de que no se excedan en sus reclamos de aumentos salariales.

Lo cierto es que esas cifras ya se están traduciendo en datos dolorosos. Por ejemplo, el consumo de carne sigue cayendo, a pesar de la campaña oficial para revitalizar la demanda con su programa de cortes baratos.

Las cifras de la Ciccra (la Cámara de Industria y Comercio de Carnes) señalan que en el arranque del año, el mercado interno produjo un 10,5% menos que el mismo período del año pasado, con lo cual el consumo sigue estancado en su mínimo histórico de 50 kilos por habitante, un nivel que es incluso inferior al de la histórica crisis de 2002.

Es decir, muy lejos de la promesa electoral del regreso del asado, que con saña la oposición suele recordarle a Alberto Fernández.

El dato que se observa con lupa en el Gobierno es que la exportación sigue mostrando buenos números -aumentos del orden de 10% anual, con China como principal comprador-, lo cual retrotrae las tensiones por la amenaza latente de una cuotificación en el comercio exterior.

Mientras tanto, la carne sigue subiendo en el Mercado de Liniers y, por lo tanto, también en las carnicerías. Pero la peor noticia es que la suba fuerte, según los expertos, todavía está por verse.

Ocurre que la relación del precio carne/hacienda en pie cayó un 4,9%, lo que significa que todavía no se trasladaron en su totalidad los nuevos costos a los consumidores.

El precio relativo carne vacuna/hacienda en pie cayó 4,9% intermensual, ubicándose en niveles de diciembre de 2019. Desde 2010 que no hay un precio relativo tan bajo, lo que significa, también, que no se trasladaron todavía los verdaderos costos al consumidor.

Preocupación oficial por la carne: a pesar del programa oficial de cortes baratos, el consumo no repunta

"Entre julio de 2019 y enero de 2021 el precio de la invernada aumentó a un ritmo de 6% equivalente mensual (186,5% entre puntas) y el precio promedio de los animales comercializados en Liniers subió a un ritmo de 5,4% equivalente mensual (acumulando un alza de 157,1% entre julio de 2019 y enero de 2021)", dijo Ciccra.

Para empeorar la cosa, también subieron los precios de carnes sustitutas de la vacuna, como el pollo, que registró un incremento de 5,7% mensual.

En este contexto, nunca termina de superarse la desconfianza hacia el sector del maíz, que a comienzos de año había sido acusado por el Gobierno de encarecer los costos de la cadena cárnica, dado que ese cultivo es usado para el engorde del animal y representa una porción importante (un tercio, dicen algunos funcionarios) del costo total.

La cadena maicera sigue argumentando que ese argumento es falaz y que, en el caso específico de la carne vacuna, apenas llega a una incidencia del 7%.

Falta de inversión, el tema de fondo

Es un debate sectorial donde la solución parece lejos de poder saldarse en la mesa de diálogo político. Ocurre que, mientras los funcionarios siguen buscando "culpables" a lo largo de la cadena, los empresarios ponen el énfasis en la falta de incentivos para agrandar el stock bovino.

El consultor agropecuario Salvador Di Stefano es contundente al pronosticar que el plan oficial de bajar el precio de la carne fracasará "porque no resuelve el problema de fondo, que es la falta de inversión".

Y advierte que, tal como ocurrió en otros tiempos, se está viendo un fenómeno de liquidación de vientres, como consecuencia de las urgencias financieras de los ganaderos, lo cual da una perspectiva de baja de stock vacuno en el mediano plazo.

Hablando en números, observa que la faena del año 2019 fue de 13,9 millones de animales, y pasó a 14,2 millones de animales al año 2020. Es decir, se mandaron más vacas al frigorífico a pesar de que el stock venía cayendo.

Esa relación entre cantidad de vacas faenadas respecto del total se denomina "tasa de extracción, y en un año subió de 25,3% a 26,1%. Los expertos consideran que cuando esa tasa es superior a 25%, la población de vacas del país empezará a bajar, por una simple cuestión demográfica: el ciclo biológico indica que desde que la vaca queda preñada hasta que el ternero llega al peso como para ser faenado pueden pasar cuatro años.  El pronóstico es que este año el stock caerá a 54,1 millones de cabezas.

Pero la cosa es peor aun, porque no solo cae toda la población vacunas, sino también las vacas en condiciones de parir, que técnicamente son un bien de capital porque producen los terneros. El número de vacas cayó medio millón en un año, todo un síntoma de crisis por desinversión.

Lácteos, candidatos a mayores aumentos

Otro sector sobre el que se está generando polémica es el lácteo, que según un informe de la consultora LCG lideró el rubro de aumentos de alimentos, con una variación de 2,5% en el mes, seguida por los panificados, que tuvo un 1,7% de incremento.

En el sector lácteo convive una situación extraña de mejora en los precios internacionales y malos resultados de los tambos y las compañías locales, que siguen sufriendo la retracción de la demanda doméstica.

De hecho, el sector publicó recientemente un crudo diagnóstico en el cual da a entender que el Gobierno debe intervenir o bien para morigerar los costos -como el maíz- o para fomentar el consumo: "Desde mediados de 2020 el productor está recibiendo un precio insuficiente, por su leche en tranquera de tambo. Actualmente con los 21,36 pesos por litro no se llega a cubrir los costos de producción, que están dolarizados en un 80 por ciento, no recibimos ningún incentivo y nuestra carga impositiva es muchísimo más alta que en el resto del mundo", señalaron los organizadores de un evento esponsoreado por Coninagro, CRA, Federación Agraria y la Sociedad Rural.

Un informe de la Fundación Mediterránea destacó que en 2020 se alcanzaron los volúmenes más altos de los últimos cinco años, tanto en producción como en exportación. Pero ponen en duda que el sector pueda seguir mostrando números positivos, dada una serie de desincentivos para los actores de la cadena.

Por caso, señala que el incremento del precio al tambero fue de 31,7% en el año, es decir por debajo de la inflación registrada. Pero señala que, además, una serie de costos relevantes en la industria láctea crecieron a una velocidad todavía más alta.

"En el primer semestre de 2020 un litro de leche compraba 2,1 kilos de maíz o 1,2 kilos de soja, relación que desmejoró sensiblemente en la segunda mitad del año pasado y comienzos del 2021. En enero de este año un litro de leche cruda alcanzaba para 1,3 kilos de maíz o 0,8 kilos de soja", advierte el informe de Juan Manuel Garzón y Nicolás Torre.

La argumentación es que una caída abrupta de poder de compra en apenas seis meses ubica a la leche en el mismo "poder de intercambio" que tuvo antes de la gran crisis láctea de 2015, cuando tambalearon los gigantes del sector.

El empeoramiento del precio en el mercado interno fue en parte compensado con una mejora en la exportación de leche en polvo y queso, donde se vive un momento de mejora en los precios.

Pero a los efectos de lo más les importa hoy a los funcionarios del Gobierno, es decir el precio interno, las perspectivas no son buenas. El frente externo ayudó, por un lado a canalizar leche cruda en un momento en que el mercado interno estaba recesivo, pero por otro lado el contexto global pone presión para una suba de precios domésticos.

"Estos mayores precios de leche cruda que podrían convalidar los exportadores es una referencia para el mercado, que seguramente empujará hacia arriba los precios actuales, pero con una fuerza a priori difícil de precisar", advierte el informe.

"Si bien parece inevitable un reacomodamiento en los precios de los lácteos en los próximos meses (luego del retroceso del 2020), el cuándo y el cuánto dependerán de la escasez relativa de productos y de la mejora que se termine logrando en los ingresos generales de la población", apunta el informe.

En definitiva, dado que el objetivo del Gobierno es incrementar el consumo, y que el sector tambero viene reclamando en el sentido de que el precio que recibe está retrasado en términos históricos, hay también en el sector lácteo un potencial rubro de conflicto para los funcionarios que tienen como meta la desaceleración de precios.

Predicando con la "fórmula del aceite"

Mientras tanto, el Gobierno sigue persiguiendo su objetivo de máxima: que sea el propio sector alimenticio el que se autoregule, poniendo como ejemplo acuerdos intrasectoriales como el del aceite, que implica una serie de subsidios cruzados.

"Los que exportan van a compensar a los que abastecen en 190 millones de dólares anuales totales", explicó en su momento Gustavo Idígoras, quien calificó el acuerdo como "un enorme esfuerzo pero es importante ante la realidad económica y social del país para abastecer el mercado y mantener el precio".

El Gobierno quiere extender acuerdos como el aceitero a otros rubros, pero todavía sin resultados concretos

La duda es si ese modelo será extrapolable a otros sectores que aparecen más problemáticos, como el trigo, el maíz, y la carne. En principio, en el campo se percibe escepticismo.

En algunos sectores, el problema es el choque de incentivos entre los jugadores de una misma cadena. Pasa con los productos panificados, por ejemplo: los industriales piden al Gobierno autorización para una suba de precio, algo a lo que los funcionarios se niegan de plano.

Pero por otra parte los panaderos reciben la presión de los molineros, que están pidiendo una suba de hasta 17% por el precio de la harina, y se quejan de que mientras sus precios suben por escalera (sólo se les autorizó un 9%), el precio del trigo va en el ascensor al que lo sube el boom de commodities desde Chicago, y que lo hizo subir más de 60%.

Y, como suele suceder, están las acusaciones de acopio como parte de una estrategia especulativa por parte de quienes esperan una devaluación.

El gobierno intentará, como en el caso del aceite, que haya una transferencia de recursos que garantice un precio subsidiado al mercado interno. Pero la discusión no parece fácil. De hecho, desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires han estimado que el trigo sólo tiene una incidencia de 13% en el precio final del pan, y puso la lupa sobre todos los costos que van encareciendo la producción en el resto de la cadena, incluyendo los impuestos.