Precios de alimentos: Alberto quiere que el campo se auto regule con "la fórmula del aceite"

Precios de alimentos: Alberto quiere que el campo se auto regule con "la fórmula del aceite"
En el particular acuerdo aceitero, el Gobierno ve un modelo a generalizar para los exportadores. En el campo, mezcla de escepticismo y resignación
Por Fernando Gutiérrez
10.02.2021 11.00hs Economía

El abaratamiento de los alimentos en términos de salario es, por lejos, la prioridad política del Gobierno en el marco del año electoral. Y Alberto Fernández cree que encontró la fórmula.

Con el acuerdo de la industria aceitera, se procura una especie de auto regulación con subsidios cruzados, que logre el objetivo del abaratamiento, pero sin que se llegue a la instancia de que el Gobierno tome medidas que generan rechazo entre los productores.

Hasta ahora, vino aplicando una estrategia alternada de golpe y caricia. Anunció un cierre de exportación de maíz, que luego revirtió bajo la promesa de que no faltaría suministro al mercado interno. Luego criticó la suba del precio de la carne y amenazó con tomar medidas "que no le gustan" como la suba de retenciones y el establecimiento de cupos de exportación, pero que lo haría si no le dejaban otra salida.

Y a pesar de la andanada de críticas, amenazas de paros y recordatorios de todas las veces que esas medidas salieron mal, lo que se percibe en la dirigencia agropecuaria es cierta resignación.

En las videoconferencias que hacen entre dirigentes del sector, todos venían dando como un hecho que las retenciones volverían. De manera que ahora lo que se discute es la estrategia para que esto se produzca de forma negociada y Argentina no quede fuera del gran boom exportador agrícola.

"Vos no te diste cuenta, pero el año pasado el mercado del trigo estuvo intervenido. Lo que pasa es que en vez de hacerse en forma explícita, se forzó a que los empresarios hicieran acuerdos entre ellos para que el Estado no tomara medidas más distorsivas", comenta un consultor del sector.

Se refería al hecho de que el año pasado hubo un cierre virtual de exportaciones, acordado por los propios productores como forma preventiva para que el Gobierno no interviniera. De esa forma, las cifras fueron de venta al exterior fueron inferiores a las que los funcionarios dijeron que iban a permitir.

En el fondo, según los analistas que siguen de cerca el sector, lo que hay es un problema de credibilidad: este año, la cosecha de trigo es de 17 millones de toneladas, y se llevan exportadas 9 millones. En medio de un conflicto intrasectorial en el que los panificadores acusan a los molinos y los molineros acusan a los productores, todos miran lo que ocurrió con el mercado del maíz, donde el Gobierno había dicho que no tendría inconveniente en permitir una exportación de 38 millones de toneladas pero cerró el mercado cuando se llegó a 33 millones.

El acuerdo intra-sectorial logrado en el aceite es visto por el Gobierno como modelo para aplicar al resto de los alimentos
El acuerdo intra-sectorial logrado en el aceite es visto por el Gobierno como modelo para aplicar al resto de los alimentos

La prueba del aceite

La prueba de lo que el Gobierno quiere implantar como modelo para el sector agropecuario es el acuerdo que tuvo el sector aceitero. Allí, se acordó la formación de un fideicomiso en el que se produce una especie de subsidio cruzado entre los exportadores y la industria que procesa el girasol para confección del aceite en el mercado doméstico.

Para el Gobierno, es una de las formas de cumplir con el sueño del "desacople" de precios locales con los internacionales.

"Los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos", dijo en una entrevista Alberto Fernández, que en la reunión con los principales dirigentes agropecuarios pedirá que ese acuerdo sea tomado como modelo. Según la argumentación oficial, ese fideicomiso –formado por un volumen equivalente al 75% del consumo interno- garantiza precios estables sin riesgo de desabastecimiento.

Lo que queda claro, además, es que el Gobierno no quiere repetir experiencias pasadas que lo enfrentaron a la clase media rural y que lo hicieron pagar altos costos políticos, como en recordado conflicto sojero de 2008. Es por eso que –aunque tiene potestades para subir tres puntos las retenciones de trigo y maíz- se está intentando que el campo vaya a una especie de autoregulación.

Tanto que el propio Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Aceitera, fue uno de los voceros del acuerdo, al que puso como ejemplo de cooperación entre el sector privado y el Gobierno.

"Los que exportan van a compensar a los que abastecen en 190 millones de dólares anuales totales", dijo Idígoras, quien calificó el acuerdo como "un enorme esfuerzo pero es importante ante la realidad económica y social del país para abastecer el mercado y mantener el precio".

La duda es si ese modelo será extrapolable a otros sectores que aparecen más problemáticos, como el trigo, el maíz, y la carne. En principio, en el campo se percibe escepticismo.

En algunos sectores, el problema es el choque de incentivos entre los jugadores de una misma cadena. Pasa con los productos panificados, por ejemplo: los industriales piden al Gobierno autorización para una suba de precio, algo a lo que los funcionarios se niegan de plano.

Pero por otra parte los panaderos reciben la presión de los molineros, que están pidiendo una suba de hasta 17% por el precio de la harina, y se quejan de que mientras sus precios suben por escalera (sólo se les autorizó un 9%), el precio del trigo va en el ascensor al que lo sube el boom de commodities desde Chicago, y que lo hizo subir más de 60%.

Y, como suele suceder, están las acusaciones de acopio como parte de una estrategia especulativa por parte de quienes esperan una devaluación.

El gobierno intentará, como en el caso del aceite, que haya una transferencia de recursos que garantice un precio subsidiado al mercado interno. Pero la discusión no parece fácil. De hecho, desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires han estimado que el trigo sólo tiene una incidencia de 13% en el precio final del pan, y puso la lupa sobre todos los costos que van encareciendo la producción en el resto de la cadena, incluyendo los impuestos.

El pronóstico es que si desde el Gobierno se impusiera una reducción compulsiva en el precio del trigo, esto apenas incidiría en un 0,13% del precio del pan en las góndolas.

La dificultad del subsidio cruzado

A pesar de que es evidente que ambas partes quieren evitar una confrontación, sigue sin verse claro un acuerdo.

Así lo argumenta el consultor Salvador Di Stefano, uno de los más escuchados en el ámbito agropecuario: "Por más que el Gobierno intervenga en mercados como el maíz, eso no va a detener el avance de los precios. Entonces la tendencia del Gobierno es creer que Argentina está siendo agredida por potencias que nos quieren transferir inflación internacional.

Y agrega: "La cuestión es que el maíz vale $17.500 pero el Gobierno lo quiere a $15.000, y para eso le tiene que poner 10 puntos de retenciones. Como no lo puede hacer, presiona al exportador, pero el que cría el pollo tiene más costos cada vez más altos, entonces le va a subir el precio de todas maneras".

Desde la visión macroeconómica, el influyente Carlos Melconian no tuvo medias tintas respecto de lo que espera de la estrategia gubernamental. Rechaza la idea de la inflación importada porque, afirma, si ese fenómeno ocurriera, entonces la Argentina tendría que beneficiarse con una deflación de alimentos cuando los commodities caen, cosa que no ocurre.

"Ellos tienen un núcleo desde el punto de vista político a partir del cual necesitan echarle la culpa a alguien. Si vos querés que el precio de los productos no responda a un patrón internacional, entonces lo tenés que subsidiar", argumentó Melconian.

Pero inmediatamente agregó que él no recomienda el subsidio estatal porque dificulta el crecimiento económico. "Acá tiene que aumentar el poder adquisitivo de la gente para que pueda comprar esos alimentos sin mendigar, sin pedir un plan", afirmó.

La carne y la china-dependencia

En cuando a la carne, también hay pronósticos de agravamiento de la situación, y este es un tema que preocupa sobremanera al Gobierno, porque en buena medida, de la suerte que tenga el programa de los cortes con precio barato dependerá el acuerdo de precios y salarios.

Si se instala la idea de que los cortes no están disponibles en cantidad suficiente, se corre el riesgo de que haya una exacerbación en los pedidos de incremento salarial. Algo que el Gobierno quiere evitar, porque no quiere paritarias que se alejan de la proyección oficial de 29% -y no por casualidad, el propio Alberto Fernández ponderó el acuerdo alcanzado por el poderoso gremio bancario, que respetó esa línea-.

La carne con precios baratos, uno de los mayores test para el plan económico del Gobierno
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Pero entre los empresarios hay mucho escepticismo. Se califica al acuerdo de precios como "puro show" y se enfatiza en que el problema es de falta de incentivo a la producción.

El argumento central es el escaso volumen de carne que entra en el acuerdo –que cubre apenas 3% del consumo- pero, sobre todo, la falta de incentivos para la producción. Incentivos que, dicen en el campo, se harán más débiles aun si se llega a trabar la exportación, como quedó demostrado por la fallida experiencia vivida durante el gobierno de Cristina Kirchner, en el que el stock vacuno cayó de 60 millones a 48 millones de cabezas.

De hecho, ya hay indicadores preocupantes en ese sentido. Por ejemplo, una alta liquidación de vientres, como consecuencia de las urgencias financieras de los ganaderos, lo cual da una perspectiva de baja de stock vacuno en el mediano plazo. Hablando en números, la faena del año 2019 fue de 13,9 millones de animales, y pasó a 14,2 millones de animales al año 2020. Es decir, se mandaron más vacas al frigorífico a pesar de que el stock venía cayendo.

Esa relación entre cantidad de vacas faenadas respecto del total se denomina "tasa de extracción", y en un año subió de 25,3% a 26,1%. Los expertos consideran que cuando esa tasa es superior a 25%, la población de vacas del país empezará a bajar, por una simple cuestión demográfica: el ciclo biológico indica que desde que la vaca queda preñada hasta que el ternero llega al peso como para ser faenado pueden pasar cuatro años.  El pronóstico es que este año el stock caerá a 54,1 millones de cabezas.

Bajo esas condiciones, convencer a un ganadero de que no exporte resulta difícil. El propio Alberto Fernández resumió el cambio del mercado internacional. "China era un país que solo importaba carne envasada y había un número limitado de frigoríficos que tenían capacidad de exportar. Ahora, decidió importar carne con hueso, medias reses y el productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme", dijo en una entrevista.

¿Cómo resolver el dilema? El Gobierno está cada vez más convencido de que la palabra clave es "subsidio". Que el que gana una "renta extraordinaria" con la exportación traslade ingresos al mercado interno.

Para eso, aspira a aplicar la "fórmula del aceite", ante un campo que escucha escéptico, pero resignado.

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