Ganancias: el impuesto a los jueces y empleados de la Justicia sumará $41.000 millones de recaudación

Ganancias: el impuesto a los jueces y empleados de la Justicia sumará $41.000 millones de recaudación
El oficialismo impulsa la iniciativa para gravar los sueldos y jubilaciones de todo el sector judicial. Los magistrados lo calificaron como un "ataque".
Por Juan Manuel Barca
17.03.2021 16.46hs Economía

El Estado recaudará $41.285 millones de aprobarse el proyecto impulsado por el oficialismo para que todos los jueces y empleados judiciales paguen el impuesto a las Ganancias. El dato surge del Presupuesto 2021, donde se estima que este año la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de la Justicia implicará un costo fiscal por ese monto, equivalente al 0,11% del PBI.

El diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, presentó este martes ante la Cámara de Diputados la iniciativa para que el sector judicial tribute Ganancias sin importar su fecha de nombramiento y que su remuneración sea gravada en su totalidad. Sucede que en la actualidad son alcanzados solo los funcionarios nombrados después del 2017 y por una parte de su remuneración debido a las exenciones que los benefician.

Así las cosas, en el oficialismo estiman que hoy pagan Ganancias cerca de 200 magistrados, funcionarios y empleados de un total de 20.000 integrantes del personal judicial. 

"Mañana disponemos un beneficio para 1,2 millones de trabajadores que cuesta $40.000 millones y para un pequeño número de jueces la excención son $41.000 millones, es un privilegio inaceptable. La Asociación de Magistrados va a decir que es inconstitucional porque quieren seguir cobrando $500.000 sin pagar ningún impuesto, pero no estoy de acuerdo asi que daremos la pelea donde sea necesario", dijo este miércoles Casaretto.

El Gobierno busca reducir algunos gastos tributarios y aumentar impuestos a las empresas en medio de la negociación con el FMI.

Con la mira en la caja fiscal

De acuerdo con el Presupuesto, el costo fiscal de las exenciones al Poder Judicial nacional y provincial fue de $22.342 millones en 2018 y $28.630 en 2019. De no aprobarse el proyecto impulsado por Casaretto, el Estado dejará de recaudar $41.285 millones, un 44% más respecto del año pasado. La idea del oficialismo es que todos los funcionarios judiciales sean alcanzados por el tributo, incluidas sus jubilaciones.

Sin contar los regímenes de promoción, los beneficiones impositivos representan $735.000 millones (1,95% del PBI). En el caso de Ganancias (0,23%), además del poder judicial, también se encuentran eximidas de pagar las asociaciones civiles o cooperativas, los trabajadores registrados de la Patagonia, los derechos de autor, y la compraventa de acciones y bonos.

Dentro de los gastos tributarios, también hay exenciones al IVA y alícuotas reducidas (1,19%), reducciones y quitas en impuestos sobre los combustibles (0,35%), reducciones de contribuciones a la seguridad social (0,18%) y diferencias en alícuotas en impuestos sobre los bienes personales (0,01%). Y si se suman los regímenes de promoción económica (0,65%), el Estado dejará de recaudar un total de $995.000 millones en 2021.

Con esta nueva medida impositiva, el Gobierno busca reducir los gastos tributarios en medio de las negociaciones con el FMI para achicar el déficit fiscal. En esa línea, también avanza con un proyecto para que las sociedades de nuestro país paguen una alícuota máxima del 35% y se mantenga una tasa sobre los dividendos del 7%, una medida destinada a compensar el incremento del mínimo no imponible a $124.000 netos para beneficiar a 1,2 millones de trabajadores y jubilados.

En los tribunales consideran que el proyecto para gravar los sueldos de los jueces es un "nuevo ataque" al sector.

Un nuevo "ataque"

Mientras tanto, la ofensiva legislativa generó un fuerte malestar en el ámbito judicial, donde consideran que el proyecto es un "nuevo ataque" a la Justicia en línea con el discurso de Alberto Fernández del 1 de marzo en la Asamblea Legislativa en el que planteó la necesidad de ejercer un "control cruzado" de los jueces y advirtió que "disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad". 

"El proyecto cayó muy mal, se ve como un nuevo ataque en línea con la política del gobierno", señalaron fuentes del ámbito judicial. "El tema Ganancias ya se considera resuelto por la modificación legislativa de que los funcionarios nombrados a partir de 2017 pagan el impuesto", agregó la fuente, en referencia a la reforma durante la gestión de Mauricio Macri aprobada en 2016.

Dichos cambios recién entraron en vigencia recién a fines de 2018, cuando la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) con el argumento de que el gravamen violaba la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces garantizada por la Constitución. Pero la volvió a verse limitada en 2019 con las exenciones dipuestas por el Consejo de la Magistratura, que dejaron varios rubros de las remuneraciones excluidas del tributo.

Desde el Poder Judicial afirman que el Ejecutivo podría ampliar la recaudación si se avanzara en la designación de los cargos vacantes en los tribunales. "Hay un importante número de juzgados vacantes, si se nombraran y se pusieran al día habría más jueces que paguen Ganancias, todos esos magistrados nuevos pagarían, los que no pagan son los viejos", explicaron las fuentes consultadas. 

El Gobierno abrió así un nuevo frente que se suma a la designación anunciada del nuevo ministro de Justicia Martín Soria. El exsecretario de Inteligencia y diputado por Río Negro muy cercano al kirchnerismo tendrá a cargo la auspiciada reforma judicial para reordenar los tribunales federales y modificar la ley orgánica del Ministerio Público, que modifica la mayoría necesaria para nombrar un nuevo procurador, en reemplazo del interino Eduardo Casal, quien asumió tras la renuncia forzada de Alejandra Gils Carbó.

El Gobierno también tiene la intención de limitar las atribuciones de la Corte mediante la regulación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que le da discrecionalidad sobre qué asuntos tratar, y la creación de un tribunal intermedio, que entre otras facultades tendría la tarea de analizar los recursos procesales en causas de corrupción, que hoy son materia de decisión del máximo Tribunal.

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