La tragedia del Gobierno ante la nueva ola de contagios puede sintetizarse en esta situación: a la misma hora en que el presidente Alberto Fernández calificó de "imbéciles" a quienes criticanlas nuevas restricciones, se publicaba la noticia de que el consumo de carne vacuna en el arranque del año cayó a su mínimo histórico, con 49,3 kilos por persona.

Sin recuperación del consumo y con apenas cuatro millones de vacunados -cuando se había prometido 10 millones para febrero-, ya se hace difícil sostener aquel discurso de hace un año, cuando el Presidente planteaba que no era cierto que quienes habían tenido medidas más laxas habían tenido una menor caída económica. En aquel momento las encuestas lo favorecían y los analistas hablaban de la imagen "paternal" que se desprendía de aquellas primeras conferencias de prensa en la que el mandatario mostraba sus "filminas".

Eran los días en que el Gobierno hasta podía permitirse una propaganda que reforzaba su discurso sobre la importancia del "Estado presente". Por ejemplo, en aquellos afiches en los que aparecía la foto de un trabajador junto con la frase "Salarios 50% pagados por el Estado nacional".

Hace un año, el Gobierno se jactaba del esfuerzo fiscal para asistir a las empresas en crisis

Era, en definitiva, una situación paradójica en la que Alberto Fernández recibía un 67% de aprobación en las encuestas. Sus medidas eran percibidas como protectoras, y los problemas eran achacables al coronavirus y a la herencia de la recesión macrista.

En cambio, un año después, un conjunto de medidas que lucen tímidas en comparación con la cuarentena estricta del 2020, no generan la misma reacción ni siquiera ante el impacto de datos como los contagios superando los 20.000 casos diarios. Tras el escándalo del "vacunatorio VIP" y con una economía en rebote pero todavía sin recuperación del consumo, el Presidente tiene una reprobación del 69%, el peor momento desde que asumió.

Y los signos de rebeldía se empiezan a ver por todos lados. Desde la oposición, ya se empezaron a organizar ciudadanos que pretenden armar una "desobediencia civil" a las restricciones para la circulación, en convocatorias similares a las que organizaron los primeros "banderazos".

Pero también, desde la interna del propio Gobierno, se hacen sentir cada vez más fuerte las exigencias para que haya medidas que compensen el deterioro económico. El dato del 42% de pobreza -con 10% de indigencia- fue un golpe duro de asimilar para el kirchnerismo, que ve con desconfianza el excesivo celo fiscalista del ministro Martín Guzmán.

Mientras cada vez menos gente cree que sea cumplible la meta oficial de una inflación de 29% -ya se proyecta que el primer cuatrimestre acumulará 16%- queda en evidencia que la recuperación salarial prometida también será difícil. O, en todo caso, que no será visible para el sector al que justamente el Gobierno quiere alcanzar.

Un estudio de la Fundación Mediterránea plantea, a la luz de los últimos datos sobre la situación social, que para erradicar la pobreza habría que otorgar $21.287 a cada hogar pobre. O, por lo menos, darle $8.708 a los hogares habitados por los tres millones de indigentes.

Otro estudio de Consultatio proyectó que para agosto, cuando en teoría se llevarán adelante las elecciones primarias, los salarios habrán perdido un 5% del poder adquisitivo. Y datos recopilados por iProfesional marcan que, al inicio de las nuevas negociaciones paritarias un 70% de los asalariados ganaban cifras que no alcanzaban para comprar una canasta básica.

Para colmo, los primeros meses del año confirmaron los temores de quienes afirmaban que el cambio de fórmula jubilatoria implicaría una caída, lo cual obligó a la Anses al pago de un bono extraordinario para la franja que cobra los haberes mínimos.

Por otra parte, el optimista pronóstico de Guzmán -que revisó al alza su proyección original de crecimiento de 5,5% y lo llevó a un 7%- está fundado en el supuesto de que el comercio, la industria y la construcción funcionarán "a full".

De manera que el Presidente no solamente tuvo que lidiar con el chicanero comunicado de Juntos por el Cambio, que calificó las medidas como "excesivas y mal calibradas" y acusó al Gobierno de querer usar la pandemia como excusa para cambiar el cronograma electoral a su conveniencia. También tuvo que escuchar las advertencias internas, como la del propio Guzmán, que advirtió: "Hoy la economía no podría soportar un nuevo cierre total, una cuarentena estricta como la que se implementó en marzo de 2020".

Alberto, con menos margen de maniobra

Alberto, mientras trata de reponerse de su propia infección de Covid, tiene el desafío de transitar por una cornisa cada vez más estrecha. Ya consciente de que se abrió una polémica interna en el Gobierno, pareció dar la razón al sector kirchnerista que se opone a los aumentos tarifarios.

"Cualquier corrección debe hacerse teniendo en cuenta la situación económica que enfrentan los argentinos", dijo. ¿Cómo interpretar esta frase? A la luz de los datos sociales, implicaría que no hay margen para ningún ajuste, a no ser que se establezca un esquema de incrementos diferenciales, pero fue el propio Presidente quien en su discurso ante el Congreso dijo que diseñar e implementar un sistema de ese tipo puede llevar muchos meses.

Así, todo indica que uno de los objetivos de Guzmán -mantener los subsidios a servicios públicos en 1,7% del PBI- será muy difícil de lograr.

En cambio, Alberto pareció alinearse con el ministro cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que se reinstauraran programas como el IFE y el ATP -que el año pasado tuvieron un costo fiscal de 3,5% del PBI-. Indicó que eran programas para un momento de excepción y que no se condicen con el momento actual de la economía. Pero, sobre todo, el mensaje tácito fue que no había condiciones fiscales para permitir un esfuerzo asistencial similar al de 2020.

Sin embargo, todo indica que el Gobierno va a tener que tomar medidas adicionales. Porque, por sobre todo, está la presión de la opinión pública en un año electoral. Un reciente sondeo de Management & Fit reveló que al 56% de la población le da más miedo el deterioro económico que la posibilidad de infectarse con el virus. Y, contra lo que podría suponerse, la población mayor de 40 años -la que sufre más la virulencia del Covid- se manifiesta abrumadoramente -64%- más preocupada por evitar una recesión.

Hay otro dato de está siendo analizado con lupa por los estrategas electorales del kirchnerismo: un 57,7% de los encuestados cree que la situación económica va a empeorar en los próximos meses. Con un detalle importante: la pregunta fue hecha antes del anuncio de las nuevas medidas.

Diseñando un nuevo paquete asistencial

En definitiva, lo que en estas horas está quedando en evidencia es la revisión de la estrategia oficialista en cuanto a su política económica y su discurso electoral.

A esta altura, suena a poco la promesa del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en el sentido de que habrá aumentos en los montos de las Tarjetas Alimentarias y que se ampliará el beneficio. Ni que se crearán 300.000 puestos de trabajo en la urbanización de 400 barrios vulnerables y la construcción de jardines de infantes.

Con un desempleo que en los números oficiales mide 11% -por el efecto estadístico de que gente que ya no busca trabajo- pero que según algunas proyecciones ya estaría en 16% en términos reales, estas medidas previstas por el Gobierno para un escenario de recuperación económica ya no parecen suficientes, y así lo han hecho saber referentes cercanos al kirchnerismo, como el líder piquetero Juan Grabois, que criticó el celo fiscal de Guzmán..

También fue explícita al respecto la diputada Fernanda Vallejos, considerada una de las economistas más cercanas a Cristina Kirchner: "La manera de saldar la tensión entre la necesidad de un mayor gasto social por parte del Estado en esta emergencia sanitaria y las restricciones fiscales en las que ponen el acento quienes están cuidando las cuentas públicas, es avanzar en una política redistributiva drástica en materia tributaria para que el mayor aporte de los más ricos o de las corporaciones que tienen ganancias extraordinarias -aun  en la crisis- compense esos desequilibrios reduciendo la ampliación del déficit fiscal y la necesidades de emisión".

El agravamiento de la pobreza exacerbó la interna oficialista, donde hay quienes piden rediseñar un plan asistencial

Hablando en plata, el año pasado la asistencia social llegó a $1 billón, sin contar que además el Gobierno resignó ingresos por exenciones a los aportes de seguridad social.

Hay cierto consenso en el sentido de que esas cifras son hoy irrepetibles y que, además, no puede volver a dependerse de la emisión monetaria. Sin embargo, hay una esperanza de que la mejora en la caja de la AFI pueda dejar un margen para un nuevo plan asistencial. De hecho, crecen las presiones para que todo peso excedente a los $9,29 millones previsto en la recaudación fiscal vaya directamente a la asistencia social.

El cálculo del Gobierno es que si se mantiene la "buena onda" de la economía global, que trae sojadólares y ayuda a mantener la paz cambiaria, no todo está perdido. Y que así como se alivió la situación de los asalariados alcanzados por Ganancias -algo que generó críticas en el kirchnerismo-, se plantea la necesidad ahora un paquete para atender a las franjas de bajos ingresos.

Por lo pronto, en la provincia de Buenos Aires, bastión electoral del kirchnerismo, Axel Kicillof ya adelantó una batería de medidas que incluyen el programa Preservar Trabajo, líneas de crédito del Banco Provincia y una extensa moratoria para los sectores en situación más crítica.

El discurso sanitario: la victimización

Esa es la mitad de la estrategia. La otra es la sanitaria, donde el Gobierno se plantea un desafío mayúsculo para cualquier consultor político: cambiar la percepción de la población, que hoy lo ve como responsable del empeoramiento de la situación, y recuperar el tono paternalista y humanista que alguna vez supo disfrutar Alberto Fernández.

Por los esbozos de estas primeras horas, la táctica elegida es la victimización. Y es probable que el macrismo le haya facilitado las cosas. Fue después del comunicado de Juntos por el Cambio que La Cámpora que quedó en claro cómo todavía es políticamente rendidora la denuncia sobre una especie de sabotaje al plan sanitario.

"Se niegan a tomar medidas para cuidar a la gente", afirma un comunicado de La Cámpora, titulado "Ante la perversidad y mezquindad, más trabajo y solidaridad".

Pero el tramo más fuerte es que afirma que la actitud opositora "sólo puede partir de mentes perversas que buscan el colapso del sistema sanitario y usan el odio para dividir a la sociedad".

También el recordatorio de la herencia macrista parece ser una apuesta fuerte para la campaña. "Teníamos una gobernadora que se jactaba de no abrir hospitales, un Ministerio de Salud que había desaparecido y todas las vacunas que estaban vencidas en la Aduana", expresó el Presidente a modo de defensa de las críticas.

La estrategia va quedando clara: en lo económico, habrá que asumir algo de sacrificio sobre las metas fiscales de Guzmán para retomar en parte la asistencia social; y en lo político, jugarse a exacerbar la antinomia con el macrismo, para acusar a la oposición de sabotear la política sanitaria tras haber dejado una economía diezmada.

En definitiva, una nueva apuesta a la grieta, pero en un escenario de mayor fragilidad macroeconómica por la posibilidad de que la inflación se dispare.

La duda es si con estas herramientas alcanzarán para revertir una situación electoral que hoy aparece adversa. Pero no hay que descartarlo, la elección es en octubre, esto es Argentina, y seis meses es una eternidad.