Será una de las pruebas más exigentes para que el ministro de economía, Martín Guzmán, demuestre si en sus dos años en el cargo adquirió la suficiente "cintura" política: empieza una semana en la que deberá "venderle" un proyecto de presupuesto a un Congreso que lo está criticando tanto por derecha como por izquierda.

Para algunos, su texto esconde un ajuste recesivo y una serie de concesiones al Fondo Monetario Internacional; para otros, posterga las reformas estructurales necesarias y aumenta la presión tributaria sobre el sector productivo. Y, para todos, plantea números con muy bajas posibilidades de ser refrendados por la realidad.

Claro, los antecedentes no lo ayudan: el año pasado había proyectado una inflación de 29%, y les había pedido a los sindicatos que negociaran sus paritarias tomando esa cifra como referencia. Hoy, aquel número parece una broma, por lo que el 33% que el ministro puso como nueva proyección inflacionaria para 2022 casi no es tomado en consideración por empresas y sindicatos a la hora de negociar.

De hecho, el gremio de los economistas, que responde la encuesta mensual del Banco Central, ya prevé un 52% de aumento de los precios, y los más pesimistas empiezan a hablar de un 60%.

Un informe de la Fundación Mediterránea, basándose en las proyecciones oficiales del presupuesto 2022, estimó que el año que viene, la emisión monetaria neta sería de 4,1% del PBI -compuesto por el déficit primario de 3,3% más 0,3% por el pago de intereses de letras del Banco Central y 0,5% intereses de deuda pública no refinanciada-. Así, se estaría expandiendo un 62% la base monetaria, que actualmente se ubica en 6,6% del PBI.

Con esos números, deja una advertencia inquietante: "El riesgo de la aceleración inflacionaria ha dejado de ser una cuestión de mediano plazo".

La paradoja del recorte fiscal

Pero la desviación en su pronóstico de inflación no fue el único punto del presupuesto del año pasado que se le criticó a Guzmán. Dentro del propio Gobierno, se le achaca no haber cumplido con todo el gasto prometido. Ocurre que el presupuesto 2021 preveía un déficit fiscal de 4,5% del PBI, pero el año terminará con un rojo de 3,3%, según estiman las principales consultoras. Y, si se considera además la ayuda extraordinaria de u$s4.300 millones otorgada por el FMI -bajo la forma de un aporte de Derechos Especiales de Giro-, entonces el déficit será menor todavía, del orden del 2,3%.

Esto, que en otros países sería un motivo de felicitación para el ministro, en Argentina es considerado una negligencia política. Como ya lo dejó en claro Cristina Kirchner al polemizar públicamente con Guzmán sobre el nivel del gasto público, en el kirchnerismo atribuyen a esa vocación fiscalista del ministro el mal resultado electoral en las PASO. Y, de la misma forma, interpretan que la expansión fiscal de las últimas semanas fue la que posibilitó la remontada en las legislativas de noviembre.

Por otra parte, una de las críticas más duras que recibió el ministro es que esa disminución del déficit fiscal fue lograda, en buena medida, a costa de las jubilaciones, que terminaron siendo la variable de ajuste.

Este año, el gasto público destinado a pagar el sistema de seguridad social tuvo una caída real de 9%. Y hasta en medio de la campaña electoral, cuando se estaba expandiendo la obra pública y la asistencia social a las zonas carenciadas, hubo una merma en el promedio del gasto, que se explica por una nueva caída real de las jubilaciones.

Y ni siquiera el pago de bonos extraordinarios pudo compensar el efecto de una fórmula indexatoria que hace que las jubilaciones corran detrás de la inflación: los economistas calculan que este año el aumento promedio fue de 38%, contra una inflación del 52%.

El recorte en la aistencia del Banco Central al Tesoro es uno de los argumentos centrales de Guzmán para proyectar una caída de la inflación en 2022.

La presión tributaria bajo la lupa

De manera que Guzmán no la tiene fácil. Llegará al Congreso con los antecedentes de un presupuesto que no cumplió las proyecciones, y con una fuerte cuota de desconfianza, tanto por derecha como por izquierda.

El principal desafío del ministro es ser convincente en su pronóstico de que la economía crecerá a un ritmo de 4%, un dato en el que el mercado no cree. De hecho, la encuesta REM que elabora el Banco Central revela que los analistas esperan no más de un 2,5%.  

Se trata de un punto fundamental, porque si la actividad no avanzara al ritmo previsto, entonces también se pondrá en duda la previsión de que en 2022 las arcas de la AFIP se engordarán con el ingreso de un 46,7% más que este año. Como la inflación oficial prevista es de 33%, esto implica que la recaudación tributaria crecerá en términos reales un 10% respecto de este año, y sin crear ni subir ningún tributo.

Ahí se prevé otro motivo de debate, porque los candidatos oficialistas dijeron durante la campaña previa a las PASO que tienen la determinación de promover una "matriz tributaria progresiva" en la que los segmentos de mayores ingresos paguen más.

Se habló específicamente de mayores alícuotas para el Impuesto a los Bienes Personales, se recalentó el debate sobre una suba en las retenciones a las exportaciones agrícolas y también en los últimos días se insinuó una nueva versión del aporte extraordinario a las Grandes Fortunas. Claro, este último rubro dejó nada menos que $242.109 millones para el fisco, lo que implica un aporte de medio punto del PBI, con meses en que llegó a significar un 13% de lo recaudado por la AFIP.

Sin dudas, ese impuesto extraordinario será el hecho del 2021 que más extrañará el ministro. De momento, no parece viable una segunda edición de este aporte sin que se genere una crisis política con la oposición.

De hecho, la presión impositiva está en el centro de las objeciones que hace la oposición también para votar el presupuesto 2022 y el plan económico plurianual de Guzmán. Su condición es que la reducción del déficit fiscal no sea conseguida por la vía de aumentar impuestos, porque consideran que el sector privado ya no está en condiciones de soportar más presión.

En cambio, exigen una reforma tributaria, un nuevo pacto federal que dé mayor autonomía financiera a los gobiernos provinciales, una nueva legislación laboral que alivie las cargas patronales y promueva el empleo, y además piden una baja en el gasto del aparato político.

Un guiño a la ortodoxia

Guzmán tiene argumentos para satisfacer a la oposición, pero debe transitar un delicado equilibrio para evitar que esos mismos argumentos terminen irritando al bloque de legisladores oficialistas.

El principal "guiño" de Guzmán a la ortodoxia económica es la promesa de una menor dependencia de la "maquinita" del Banco Central. Hablando en números, se espera que la asistencia del BCRA se limite a 1,7% del PBI -el equivalente a unos u$s7.650 millones-.

Esto implica una promesa de menor expansión monetaria -luego de un año en el que la asistencia del Central al Tesoro fue de $1,5 billón -unos 4,3 puntos del PBI-. Pero, además, hay también un guiño desde lo conceptual: Guzmán basa en este dato su promesa de una menor inflación, lo que en definitiva implica asumir tácitamente eso que tanto irrita a los economistas heterodoxos del kirchnerismo: que la inflación tiene su origen principal en la emisión monetaria y no en la "puja distributiva".

La otra oferta de Guzmán a la oposición es el recorte en el subsidio estatal a la energía. Es un tema que le costó un largo y amargo debate con el kirchnerismo, pero finalmente pudo imponer su visión sobre que se debe acotar la ayuda estatal exclusivamente a los sectores de bajos ingresos y dejar de subsidiar a la clase media y alta.

Puesto en números, esto significa "topear" en 1,5% del PBI el subsidio, con un ahorro de medio punto del PBI, si es que el kirchnerismo está dispuesto a asimilar que haya un aumento del orden de 30% en las tarifas de servicios públicos.

Los más difíciles de convencer

Pero, aunque parezca paradójico, el mayor desafío del ministro será el de ser persuasivo con su propia base de apoyo político. Después de todo, fue el propio Máximo Kirchner, líder del bloque de diputados del Frente de Todos, quien advirtió que "los números tienen que cerrar, pero con la gente adentro".

Estas advertencias fueron las que movieron a Guzmán a extremar su disposición negociadora. Mantuvo reuniones con Cristina Kirchner a solas, y luego con Sergio Massa y un grupo de legisladores oficialistas, para tratar de descomprimir las tensiones acumuladas en la previa a la elección legislativa.

Guzmán se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para tratar de limar las desavenencias internas con el bloque oficialista.

La exigencia de Cristina está clara: se tolerará el sendero de descenso del déficit fiscal en la medida en que no implique un riesgo para el crecimiento económico y, específicamente, siempre y cuando no suponga una caída en el presupuesto de obra pública ni en la asistencia social a los sectores de menores ingresos.

Guzmán tiene claro este punto, y es por eso que en su proyecto de presupuesto se adelantó a las críticas y anunció habrá un incremento en el gasto destinado a la asistencia social. Pasará a ser de 1,22% del PBI, en comparación con el 1,17% de este año. Como además se tratará de un PBI más grande -porque se prevé que la economía terminará con una suba de 4%-, ese monto representará en dinero un incremento mayor que lo que refleja el porcentaje.

Y en cuanto a la obra pública, el ministro dio señales de haber entendido el mensaje político: en plena campaña electoral expandió el gasto público con un 78% de suba en las partidas destinadas a la infraestructura.

Mientras intenta conformar a todos, el ministro sabe que, además, hay una tercera parte involucrada, que no tiene votos en el Congreso pero cuya influencia será determinante para el éxito de su plan: los técnicos del FMI estarán siguiendo de cerca las negociaciones. Y, ciomo ya dejaron en claro, no solamente les importa la confiabilidad de los números que proyecta el ministro, sino también el hecho de que su plan logre el mayor consenso desde el punto de vista político.