En la primera semana de "guerra contra la inflación", los alimentos aumentaron un 4%
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Luego de que se aprobara el acuerdo con el FMI en el Congreso, Alberto Fernández expresó que a partir de ahora comenzará una "guerra contra la inflación". Sin embargo, en la primera semana desde el anuncio del Presidente, los alimentos han aumentado en un 4%.
Los datos fueron confirmados por la consultora EcoGo, encabezada por la economista Marina Dal Poggetto. "La guerra contra la inflación aún no comenzó y el gobierno ya parece haber perdido la primera batalla", planteó la agencia de datos y estadísticas.
Guerra contra la inflación: primera semana
La proyección para la última semana de marzo es que haya un leve aumento más del 0,4%. Esto arrojaría una inflación de alimentos que alcanzaría el 5,4% mensual. Según EcoGo, los incrementos generales del mes treparían al 5,7%. Este número se daría por el fuerte aumento en los regulados: gas (22%), luz (22%), prepagas (6%), educación (18%), combustibles (10,3% en promedio).
Desde la consultora también remarcan que los incrementos se dan "por la expectativa de nuevas medidas de control de precios. A esto se le suma el impacto del conflicto Ucrania-Rusia que no solo afecta de forma directa el precio de insumos claves como el de los combustibles y los granos, sino que además plantea un panorama incierto".
Guerra a la inflación: el anuncio real será el freno a salarios
La "declaración de guerra" a la inflación tiene muchos más elementos que los referidos a las retenciones de exportación agrícola y a los controles de precios. En realidad, la percepción de los economistas es que esa parte, aunque sea la que se lleva la mayor atención mediática, es la menos efectiva en términos reales.
En cambio, hay otras medidas que no se anuncian, o que se presentan bajo un "packaging" diferente al de la lucha anti-inflacionaria, pero cuya consecuencia es la de establecer anclas para los precios.
Por ejemplo, la ralentización en el "crawling peg" del dólar, un tema reclamado cada vez con más insistencia desde el kirchnerismo, que teme que si se cumple el anuncio de Martín Guzmán de dejar deslizar el tipo de cambio a la misma velocidad que el IPC, el resultado sea una espiralización de la inflación.
Y la otra gran ancla con la que se espera contener la inflación es el salario, en particular el de los empleados públicos. Claro, se trata de un tema tabú, porque no es viable políticamente presentar al ingreso de los trabajadores como un factor inflacionario ni, mucho menos, anunciar que se le va a aplicar un freno para ayudar a la contención inflacionaria.
Salarios, paritarias e inflación
Pero Guzmán se tomó en serio el mantra de que la inflación es "multicausal" y sabe que hay una inercia de suba de precios que es consecuencia de la puja en la negociación salarial. Las paritarias de grandes gremios que firman ajustes altos suelen traer tras de sí aumentos de precios, porque los empresarios trasladan los costos salariales para no ver caer en demasía su margen de rentabilidad.
Ese es el motivo por el cual desde el kirchnerismo miran con lupa los balances de los grandes grupos empresariales, dado que una ganancia demasiado alta puede ser interpretada como una "prueba de culpabilidad" en cuanto al traslado no justificado de costos operativos hacia los precios de venta.
Lo cierto es que, en medio del shock provocado por la escapada inflacionaria que se constató con el 4,7% de febrero, Guzmán se propuso como objetivo urgente el envío de señales que cambien las expectativas del mercado.
No es una tarea fácil, dado que ya los economistas están anticipando que en marzo y abril podría haber inflaciones mensuales en torno al 5%, como consecuencia de aumentos estacionales, sumados a la incidencia de las subas de los combustibles y de tarifas de servicios públicos, que suelen tener un efecto de traslado inmediato al resto de los precios.
Es por eso que, como parte de ese cambio de expectativas, el acuerdo de precios y salarios juega un rol fundamental. En realidad, el equipo económico sabe que, en el marco de su "guerra contra la inflación", acaso sea más influyente que las medidas de regulación en el agro y la industria alimenticia.
Salarios por escalera
Y es en este marco que el mayor anuncio contra la inflación es el que se hará hoy lunes: con la presencia de dirigentes de cámaras empresariales y de líderes sindicales -incluyendo no solamente la CGT sino también la más combativa CTA-, se intentará concretar el muy anunciado "pacto de precios y salarios".
Es una pieza clave en la estrategia de Guzmán, que ya dejó en claro que espera que este año las negociaciones salariales tomen como referencia un número no mayor al 45%.
Ese fue el número de ajuste del salario mínimo que se anunció el jueves y es, además, una cifra que se condice con las proyecciones oficiales contenidas en el texto del acuerdo con el FMI. Guzmán anunció una meta de 43%, con margen de error de cinco puntos. Su previsión, ya cuando había presentado el presupuesto, fue un crecimiento salarial sobre la inflación del orden de tres o cuatro puntos sobre la inflación.
Es por eso que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ya picó en punta al cerrar un acuerdo de 45,4%, a pagar en cuatro tramos, con el conflictivo gremio docente, a quien elogió por su "responsabilidad".
Ya antes de esa firma, cuando se acordó la reapertura de la paritaria 2021 de los estatales, una instancia de importancia fundamental para el Gobierno, dado que si bien alcanza a 200.000 empleados de la administración central, influye sobre la masa de más de tres millones de estatales de estamentos provinciales, municipales y entes descentralizados.
Moroni había insinuado que la referencia que pretendía para todas las paritarias era la de 40% para el año. Y había aclarado que, en el caso de que la inflación superase esa meta, habría una reapertura para incluir una corrección, tal como había ocurrido con la paritaria 2021.
Sin embargo, esa promesa no terminó de convencer a los sectores sindicales más críticos, que aseguran que, lejos de haber logrado una victoria sobre la inflación -como sostiene el discurso oficial-, el año pasado fue un período de pérdida salarial.
El ancla salarial, esencial en el Plan Guzmán
Es, curiosamente, un punto en el que las voces de la izquierda coinciden con los economistas de la línea ortodoxa, que marcan que, dentro del plan económico de Guzmán, la inflación alta es un mecanismo de licuación del gasto, incluyendo los salarios estatales y jubilaciones.
Porque si bien en la medición "de punta a punta" los estatales tuvieron el año pasado una recuperación de 2,7%, cuando se mide el promedio anual -que es el que marca en términos reales la capacidad de compra- hubo una caída. Según estima la consultora Ecolatina, la caída llegó a 2,7%, lo que implica una pérdida en los ingresos por cuarto año consecutivo.
Peor fue la situación de las jubilaciones, que pese a una mejora nominal que superó la inflación, tuvieron en realidad una mejora promedio del 38%, lo que implica una caída del 9%.
Ahora, con la convocatoria al acuerdo de precios y salarios, el Gobierno reafirma que mantendrá la misma estrategia para 2022, y repetir una meta de ajuste salarial que se ubica bien por debajo de las proyecciones inflacionarias que hacen los economistas: un 40-45% de suba salarial escalonada, contra un 55% de previsión inflacionaria, que se ajuste permanentemente al alza. Y ante la fisura interna en la coalición de Gobierno, espera contrarrestar el apoyo de las gremiales empresarias y de los sindicatos.
Para los funcionarios del equipo economico es importante no perder esa meta salarial del 40%, no sólo porque espera que influya en las expectativas sino también porque ese número estará en línea con lo que se espera que sea el deslizamiento del dólar este año. En otras palabras, busca que el gasto público en el rubro de salarios públicos no crezca en términos de dólares, un punto central para un país que depende de las exportaciones para solventar el peso de su sector público y que asumió con el FMI el compromiso de un recorte fiscal.