Duró poco el efecto de la proclama de "fe fiscalista" que hizo Silvina Batakis en su debut: los pasos que viene dando el Gobierno desde entonces han generado dudas respecto de la posibilidad real de la nueva ministra para llevar a cabo un recorte del gasto que es resistida desde la propia coalición oficialista.

Prueba de la desconfianza reinante es la agudización en la brecha cambiaria, que con la última escapada del dólar blue ya se ubica en 123% respecto del tipo de cambio oficial y exacerba los rumores del mercado sobre la imposibilidad de evitar un salto devaluatorio.

Y lo irónico de la situación es que esto le esté ocurriendo a Batakis, a quien hasta hace apenas una semana, desde filas kirchneristas, se la comparaba ya no con el renunciado Martín Guzmán sino con el mismísimo Domingo Cavallo, por su propensión a realizar un ajuste fiscal.

Lo cierto es que la duda que tenía el mercado, en el sentido de si la ministra podría doblegar las resistencias políticas a una baja en el gasto público, empieza a despejarse: hoy son pocos los que creen que se pueda cumplir con la meta de un déficit de 2,5% del PBI, que es lo que Guzmán había comprometido en su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Algunas de las señales han sido más que claras. Por ejemplo, que después de que Batakis haya rechazado explícitamente la posibilidad de que se implante un "salario básico universal", el bloque de senadores que responde a Cristina Kirchner haya presentado un proyecto de ley en ese sentido.

El tema se reactivó en la previa de la marcha de protesta protagonizada por organizaciones sociales, que incluyó no solamente a los grupos ligados a la izquierda sino también a los aliados del Gobierno, Juan Grabois, que generó una polvareda política al advertir que la situación social "no da para más" y que era necesaria una decisión urgente del Gobierno para paliar la pobreza. Pocas horas después, el Indec informaba que la canasta básica familiar para no ser pobre ascendía a $104.000. 

En el marco de una masiva protesta piquetera, el kirchnerismo propuso en el Congreso el salario básico universal

El proyecto kirchnerista recorta el alcance del planteado originalmente por el diputado Itaí Hagman, que preveía cubrir un universo de siete millones de beneficiarios con un salario equivalente a la canasta alimentaria. El proyecto original tenía un costo fiscal que el propio diputado había calculado en un punto del PBI, aunque economistas estimaron que podría ascender a 1,8%.

Un informe de la Fundación Mediterránea advierte sobre el potencial inflacionario de esa iniciativa, ya que agregaría otro factor de presión en la financiación que el Banco Central hace al Tesoro.

Y señala que, aun cuando se cumpliese este año con la meta fiscal, el salario básico universal obligaría a que se realizara "un ajuste extra de 2,3% del PBI, o una suba adicional en la presión tributaria mayor a ese guarismo, si se tiene en cuenta que una porción de los impuestos son coparticipados con provincias".

Duro de recortar

Pero no se perciben señales de que el Gobierno tenga la intención de recortar en otros rubros del gasto.  Más bien al contrario, el propio Alberto Fernández anunció que extenderá por decreto la moratoria previsional que vence en los próximos días, una medida que reactivó el debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional, que tiene un déficit equivalente a 3% del PBI.

El mismo día, el Presidente se ocupó de ratificar, tras un encuentro con gobernadores provinciales, que no habrá un ajuste de la obra pública y que se mantenía el plan de $837.000 millones -que equivale a un 14% del PBI-.

En el ámbito político se especulaba que la afirmación del Presidente sobre su voluntad de sostener el gasto era una forma de contrarrestar la suspicacia de los gobernadores, que temen ser la variable de ajuste por la vía de un recorte en las transferencias a las provincias.

En todo caso, el escaso entusiasmo que los gobernadores tuvieron para con el plan oficial -y que se reflejó en la desganada respuesta a la convocatoria para mostrarse en un acto de apoyo público a Batakis- es otra demostración de las dificultades que esperan al recorte del gasto.

Los economistas estiman que las transferencias fiscales a provincias -sumando las automáticas y las discrecionales- se ubican en el nivel más alto de los últimos 20 años, en términos reales. Representan 3,1% del PBI, y en el ranking de las beneficiadas con mayores aumentos en lo que va del año figura a la cabeza Buenos Aires, seguida por Chaco, mientras que hubo provincias que muestran variación negativa, como Neuquén y Córdoba.

El conflicto del transporte colectivo dejó al desnudo la dificultad del recorte de los subsidios estatales a servicios públicos

Por si se necesitaba un recordatorio de las dificultades sociales, llamó la atención el incidente protagonizado por el piquetero Raúl Castells en un supermercado de Rosario, donde exigió la entrega de bolsones de comida.

En materia de subsidios, las provincias ya se quejan de que sufren un trato discriminatorio respecto de Capital y el conurbano, algo que se refleja por ejemplo en el costo del transporte colectivo, que en ciudades como Córdoba y Rosario triplica a Buenos Aires.

Y el conflicto desatado por las empresas transportistas de Capital -que redujeron su servicio a la mitad en señal de protesta por el retraso en el pago de subsidios estatales- fue otro recordatorio fehaciente de los problemas para el recorte.

Frente a esta situación, los esfuerzos que se están haciendo en el plano energético parecen menores. El esquema diseñado por Guzmán y ratificado por Batakis supondrá apenas un ahorro de $15.000 millones este año, debido a su aplicación gradual y escalonada. Curiosamente, la cifra de ese ahorro coincide con el monto que los transportistas le están reclamando al Gobierno.

El FMI, a cara de perro

En contraste con las presiones para la suba del gasto, los rubros en que el Gobierno intenta compensar lucen poco impresionantes. El recorte del subsidio energético, a pesar el ruido político del debate, no representa un monto importante, como consecuencia de la alta inflación, que terminará "licuando" el aumento tarifario.

Cuando Guzmán ideó el esquema de subas, todavía se creía posible una inflación inferior al 50% anual, lo que implicaba que los aumentos para los hogares de clase media implicarían un encarecimiento en términos reales. Pero ahora, con una expectativa de inflación en torno de 80%, los analistas ya prevén que el renglón de subsidios terminará creciendo en vez de disminuir.

De hecho, el ahorro previsto, que según el propio secretario de Energía, Darío Martínez, estará entre $15.000 millones y $20.000 millones este año, no supone más que un 0,3% del PBI. Y el del año próximo, que se calcula en $80.000 millones, también luce candidato a ser licuado por la inflación.

Es en ese marco que volvió a ponerse en duda la factibilidad de cumplimiento del acuerdo con el FMI. Por caso, el economista Marcos Buscaglia, ex director de Merrill Lynch, estimó que la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro ya equivale al 2,6% del PBI, cuando se consideran las transferencias directas e indirectas -a través de la compra de bonos-. Y pronostica que, en el mejor de los casos, Batakis logrará mantener al déficit fiscal en 3% del PBI.

La revisión del "stand by", correspondiente al segundo trimestre del año, empezará el mes próximo, y el reciente cambio de funcionarios del Fondo lleva a prever que se endurecerá la postura hacia Argentina.

Si bien no hay expectativas de que se deba pedir un "waiver" para la próxima revisión -porque el FMI ya le había prometido a Guzmán que flexibilizaría las metas trimestrales-, sí existe la convicción de que habrá problemas cuando se haga la siguiente revisión, sobre fin de año. El interrogante es si, adelantándose a la desmejora en las cuentas, el FMI empieza a exigir desde ahora muestras concretas de una austeridad fiscal que parece difícil de llevarse a la práctica.

La directora del FMI recibirá a Batakis, ante la alta probabilidad de incumplimiento de las metas del acuerdo

La "herencia maldita" de Guzmán a Batakis

Por lo pronto, se van sumando las expresiones de escepticismo sobre las posibilidades de que Batakis pueda usar la tijera fiscal. Un reporte de la firma financiera Consultatio, bajo el título "¿Es factible el giro ortodoxo?", advierte que las intenciones de la ministra están condicionadas por dos factores: por un lado la inflación y su correlato de conflicto social; por otro lado la crisis de la coalición gobernante.

"La evolución del salario formal medido en dólar CCL podría alcanzar hacia fin de año su valor mínimo en mucho tiempo, por lo que anticipa un espacio acotado para implementar el ajuste fiscal pretendido. El camino hacia la consolidación fiscal no sólo se vuelve más incierto, sino también más doloroso", advierte el reporte de la influyente consultora.

Otros economistas advierten directamente que, lejos de estar produciéndose un recorte, hay una nueva "fiesta del populismo". Sobre ese punto, Roberto Cachanosky puso el foco en los números fiscales que Guzmán le legó a Batakis, y que marcan un aumento de 10,7% por encima de la inflación.

Y llama la atención sobre el aumento de 38% en los subsidios a la energía -38%- y de los planes de asistencia social, en contraste con el bajo crecimiento de las jubilaciones, una situación que, según el economista, responde a la diferencia en capacidad de presión de los piqueteros sobre los jubilados.

Con ese marco, lo curioso es que hasta los economistas más críticos se muestran comprensivos con Batakis, quien está haciendo frente a una situación peor a la esperada. Por ejemplo, los números fiscales son peores a los esperados, porque Guzmán había previsto una reducción de 0,6% del PBI en subsidios energéticos, algo que nunca ocurrió.

La ministra sigue sus reuniones con los gobernadores provinciales, en busca de un apoyo político esquivo, mientras prepara su entrevista de la semana próxima con Kristalina Georgieva en Washington. Y cada demostración de dificultad es anotada por los inversores y ahorristas, que exacerban su corrida defensiva hacia el dólar.