Javier Milei ya dio señales en el sentido de que buscará medidas compensatorias para atenuar el drástico ajuste fiscal con el que se propone eliminar el déficit en su primer año de gestión. Además de estabilidad económica está en juego la estabilidad social, y eso, traducido al terreno impositivo, sólo puede significar una cosa: no es momento de sacrificar innecesariamente ingresos de la AFIP.

Es por eso que ya se asume como un hecho que la eliminación de las retenciones a la exportación agrícola -una de las principales promesas que todos los políticos, incluyendo el oficialismo peronista, habían hecho durante la campaña- quedará para más adelante.

No es una sorpresa para nadie. Para empezar, porque ya lo que se prevé que implicará el ajuste fiscal será muy duro aun contando con todos los ingresos fiscales actuales. Un informe de la consultora Analytica plantea que, para llegar al objetivo propuesto por el gobierno entrante, será necesario un recorte de 3,6 puntos del PBI, lo cual se compondrá por una reducción de 2,5 puntos en los gastos corrientes y de 1,1 puntos en los gastos de capital.

Y advierte que no alcanzará con los simbólicos ajustes de gastos a "la casta política" sino que habrá que afectar rubros sensibles como el gasto en jubilaciones, el pago de salarios de la administración pública, las transferencias a las provincias, los subdisios a servicios públicos y la obra pública.

En el caso de las jubilaciones, la caída -sobre todo, por el efecto inflacionario-, el recorte en términos del PBI será de 0,5 punto. Lo cual, traducido al poder adquisitivo de los haberes jubilatorios, implicará una caída real de 10,7%.

Con semejante contexto, hasta la embajada estadounidense y los comunicados del Fondo Monetario Internacional pusieron énfasis en que el nuevo gobierno debe realizar su plan sin descuidar el principio de la "inclusión social". Y, como ya demostró en repetidas oportunidades, el FMI es fanático del credo del equilibrio fiscal pero no necesariamente de la baja de impuestos: si las cuentas equilibran con mayor presión impositiva, rara vez se lo echa en cara a los gobiernos.

Javier Milei busca la forma de compensar en duro ajuste fiscal y no puede prescindir de la actual recaudación tributaria

Un ingreso fiscal difícil de rechazar

Con semejante marco, resulta difícil pensar en que un gobierno en situación de emergencia pudiera renunciar livianamente a percibir un impuesto que, antes de la sequía, llegó a significar un 9% de la "torta" impositiva total que cobra la AFIP.

Esa cifra disminuyó este año a apenas 3%, como consecuencia de la sequía que llevó a un desplome de u$s18.000 millones en el ingreso de las exportaciones del complejo cerealero.

Pero en 2024, como contraste del escenario de "estanflación que adelantó el presidente electo, habrá al menos una buena noticia: el campo tendrá su revancha. Después de las lluvias caídas en las últimas semanas, en la Bolsa de Comercio de Rosario estiman que la cosecha de soja podría llegar a 50 millones de toneladas -dos veces y media en comparación con la desastrosa campaña del 2023- mientras la de maíz dejaría 56 millones -un 55% más que la última cosecha-.

Eso es lo que entusiasama a los economistas que ya calculan un saldo de balanza comercial positivo en u$s25.000 millones y un regreso al superávit en la cuenta corriente, por unos u$s9.000 millones.

Hablando en plata, en el ambiente agrícola se habla de la posibilidad de que el volumen exportador pueda acercarse al registrado en 2022, lo que implicaría duplicar el monto de divisas ingresado, si no hay sorpresas en materia de precios globales.

Para los productores, en las últimas horas hubo señales positivas. Por ejemplo, que en la reunión anual de la Unión Industrial Argentina, la designada canciller Diana Mondino haya contradicho el principio levantado por Cristina Kirchner, según que cual todo dólar que ingrese por exportación debe ser necesariamente del Banco Central. Mondino consiguió los aplausos del auditorio cuando dijo que, en adelante, los dólares que entren por ventas al exterior serán propiedad de los exportadores.

Pero las buenas noticias se limitan al frente cambiario y difícilmente puedan llegar al plano fiscal, porque todos en el nuevo gobierno son conscientes de que no es realista pensar en resignar un 9% de la recaudación tributaria justo en pleno ajuste. Hablando en plata, eliminar de un plumazo las retenciones a la exportación de soja podría significar la renuncia a casi 2% del PBI.

Con la recuperación de la cosecha por las recientes lluvias, el aporte del agro por concepto de retenciones podría llegar al 10% de la recaudación de AFIP

¿Retenciones convertidas en crédito fiscal?

Es todo un problema para Milei, que en su prédica liberal ha prometido sacar el pie del Estado de encima a los productores agropecuarios. De hecho, las provincias en las cuales logró una victoria más holgada fueron, precisamente, las de la pampa húmeda en las cuales hay una vasta clase media rural, que en los últimos años acumuló un sentimiento de hostilidad hacia el kirchnerismo.

De manera que se plantea una disyuntiva política: si cumple las expectativas de una baja de las retenciones, pondrá en riesgo su programa de equilibrio fiscal. Pero si mantiene el "statu quo" del peronismo, podrá generar un sentimiento de decepción entre su electorado del sector agrícola.

Es por eso que en el nuevo equipo de política agropecuaria -que podría ser rebautizada como secretaría de BioEconomía- ya están pensando en una fórmula que cumpla con las urgencias fiscales sin descuidar los requisitos políticos.

El confirmado nuevo secretario, Fernando Villella, que en las últimas horas se reunió con Luis "Toto" Caputo para empezar a coordinar la gestión, convocó para su equipo a Pedro Vigneau, presidente de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino y a Germán Paats, ex presidente de la Fundación Barbechando.

Este último ha venido impulsando durante todo el año la conformación de un "bloque legislativo agropecuario", tomando el modelo de países que son potencia en esta área, desde Brasil hasta Nueva Zelanda.

Y les presentó a todos los partidos una propuesta de transición para resolver el tema de las retenciones a la exportación. Consistiría en el establecimiento de un marco legal que prohíba las retenciones pero que asume la posibilidad de su continuidad temporaria, ya no como un impuesto propiamente dicho, sino como un crédito fiscal a descontar en un futuro de mediano plazo.

Este es uno de los temas que está ahora en el menú del gobierno de Milei. De hecho, esa propuesta había sido adoptada por Patricia Bullrich, que la llegó a presentar como propia durante la exposición rural de Palermo.

El trabajo en el que el nuevo funcionario Paats había sido uno de los directores -y que había sido presentado a mediados de año ante la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados- preveía un aumento de más de 50% en la producción de granos y de un millón de toneladas de carne bovina en caso de que removieran los factores que hoy actúan como desincentivos. Para apoyar el argumento, se recordó que cuando el maíz y el trigo tuvieron retenciones cero, en la gestión macrista, se registraron aumentos en las respectivas cosechas por 68% y 40%.

Los "tractorazos" de protesta han sido una constante durante la gestión del gobierno peronista: Milei prometió aliviar el peso impositivo sobre el agro

Y el punto central de ese trabajo era la eliminación de las retenciones, a excepción de la soja, que pasaría del actual 33% a un nivel inicial de 21%. Esa retención, que se consideraría justificada por una situación de emergencia fiscal, ya no sería considerada como un derecho de exportación sino como un crédito fiscal que los productores pudieran usar en un futuro para saldar obligaciones con la AFIP.

Los autores de la iniciativa plantearon que el impacto inicial que tendría la AFIP al ver disminuido su ingreso por retenciones -estiman u$s11.100 millones en cuatro años- se vería compensado por un crecimiento de la producción agrícola por más de u$s30.000 millones.

Revisando la "herencia" regulatoria

Por cierto que el de las retenciones, a pesar de estar en el tope de los problemas que irritan a los productores, no es el único punto de la herencia regulatoria que recibirá Milei en materia agropecuaria.

Hay otras medidas que Sergio Massa adoptó en el último año y medio, todas tendientes a maximizar el ingreso de divisas en el corto plazo, que han tenido como "efecto colateral" una serie de distorsiones en la operatoria de la cadena agrícola.

Entre ellas, una de las que más quejas ha generado fue la "devaluación fiscal" de julio pasado, consistente en la aplicación del impuesto PAIS para las importaciones consideradas no esenciales, junto con un régimen exportador preferencial que empezó por el maíz, se extendió a la soja y luego a toda la exportación.

Los productores se quejaban de que así se encarecía la compra de insumos productivos, algo que afectaría particularmente a sectores que habían perdido mucho margen de competitividad, como el de la carne porcina, el tambero y la producción aviar.

Y los directivos gremiales de pronosticaban que, como resultado directo de las medidas de Massa -que en el campo eran calificadas como "parche"- habría un aumento de costos que repercutiría inexorablemente en la inflación. Cinco meses después, los números parecen darles la razón: no solamente el IPC se duplicó desde un 6% hasta un 13,5% sino que, además, el rubro de alimentos fue el que lideró los aumentos, con una inflación anual de 154% contra un IPC promedio de 142%.