Con un "no" seco y elocuente, Javier Milei dio por contestada la pregunta que le hizo Luis Majul respecto de si habría aumentos salariales para los empleados estatales. Ni siquiera necesitó repetir su ya clásica justificación de que "no hay plata". Y el presidente confirmó así lo que la mayoría de los economistas sospechaban: que el ajuste fiscal tendrá un componente mucho mayor de "licuación" que de recorte estructural.

Si bien por estas horas causó más ruido político el decreto donde se establece la rescisión contractual para los empleados con antigüedad menor a un año, y se pone en revisión las incorporaciones y promociones recientes, lo cierto es que, cuando se analiza esa medida en términos de ahorro, no se trata de una cifra importante.

Después de todo, se trata de 7.000 personas de niveles salariales bajos, en su mayoría jóvenes monotributistas en posiciones junior. Lo cual representa una parte ínfima de la masa de casi 400.000 empleados de la administración pública, que en noviembre pasado implicaron para las arcas fiscales una erogación de $457.034 millones, de acuerdo con los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Es, con un 11,5% del total del gasto público, uno de los rubros de mayor volumen, sólo superado por las jubilaciones y pensiones, que representan un 36%. Y este año superó en volumen a los pagos de intereses de deuda, a los subsidios económicos, a los programas de asistencia social y a las transferencias a las provincias.

Los mayores aumentos del año

Pero acaso lo más significativo no sea tanto el volumen sino la velocidad de crecimiento: mientras este año, gracias a la fórmula indexatoria "procíclica", el gasto en jubilaciones tuvo una caída real de 4,4% y los planes sociales se recortaron en 2%, los salarios de los empleados estatales subieron un 8,4%.

Con esas cifras sobre la mesa, se explica que, para el equipo económico de gobierno, resulte natural que el de los sueldos de los funcionarios se transforme en la variable de ajuste preferida. Con una inflación que avanza por encima de los ajustes salariales del Estado -y, por ende, también de las jubilaciones-, el ajuste se produce por la sola erosión salarial. Y cuanto más alta es la nominalidad de la inflación, mayor es la caída en del gasto en términos del PBI.

El empleo público fue el que rubro que mejor se defendió de la inflación: ahora se enfrenta a un período de recortes de ingreso

Es cierto que estos trabajadores habían sido postergados durante años, pero a partir de la pandemia iniciaron un proceso de recuperación salarial acelerada, a tal punto que sistemáticamente vienen registrando mayores variaciones que las remuneraciones del sector privado.

Las últimas estadísticas del Indec, cerradas a octubre, muestran que los públicos fueron los únicos que, en la medición "punta a punta", pudieron defenderse de la inflación. En la medición de 12 meses, tuvieron una variación salarial de 152% frente a un IPC de 142,7%. En cambio, los trabajadores del sector privado registrado consiguieron en promedio un 144% mientras que los del rubro informal apenas tuvieron una mejora del 97,6%.

Cambio de ciclo para los estatales

Pero, a juzgar por las señales políticas, esta situación está próxima a cambiar. Mientras los grandes gremios que negocian paritarias lograron aumentos importantes -como el de los bancarios, que implica un 6% retroactivo a noviembre más un adelanto de 40% para diciembre, sobre la base del salario de fin de 2022-, los estatales están entre los candidatos a perder ante la ola inflacionaria.

En los últimos meses de la gestión gubernamental peronista, los empleados estatales habían recibido mejoras por inflación que implicó un retoque de 10% en noviembre y un 9% en diciembre, además de un bono extra para quienes, por ganar por debajo del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, se habían quedado sin el impacto del alivio votado en el Congreso.

Pero claro, eran días de "Plan Platita", al calor de la campaña electoral. No sorprendió que, según encuestas como la de la consultora Prosumia, uno de los rubros laborales donde se votó masivamente por Sergio Massa en el balotaje haya sido, precisamente, el de los empleados estatales -el peronista se impuso allí con el mismo porcentaje que finalmente tuvo Milei a nivel nacional-.

¿Qué pasará ahora? Por lo pronto, hubo el miércoles una reunión entre la nueva cúpula de Trabajo, con las directivas de los dos mayores sindicatos de estatales, ATE y UPCN. Sugestivamente, no estuvo presente el secretario Omar Yasín. Por otra parte, a los dirigentes sindicales no les pareció una buena señal el hecho de haber sido convocados justo en el mismo momento en que la CGT hacía su marcha de protesta contra el DNU de Milei.

"En representación de nuestra ATE nos convocaron a paritarias, sin una propuesta, el mismo día que llamamos a movilizar y eso es una provocación. Los salarios están congelados y el presupuesto aprobado va a ser el mismo, mientras los precios están por las nubes", indicó María Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE, en su cuenta de la ex Twitter.

Los sindicatos marcharon a Tribunales para manifestar su rechazo a las reformas laborales del DNU y a los recortes en la nómina de empleados estatales

Con un entorno inflacionario ubicado bien por encima del 20% mensual, en los sindicatos se descuenta que habrá alguna mejora nominal, a pesar de la dureza discursiva de Milei. Pero, en cambio, se da por asumido que en los próximos meses los aumentos serán inferiores a la inflación, lo que significará una caída del poder adquisitivo en términos reales.

La mayoría de las consultoras están proyectando para diciembre una cifra de inflación en torno al 30%, con un efecto de arrastre para enero que implicaría un nivel apenas menor. En términos acumulados, los aumentos de precios para el período diciembre-marzo podrían superar el 100%.

En semejante entorno, un aumento salarial nominal que, por caso, se ubique en la mitad de la inflación, permitiría una fuerte "licuación" inflacionaria del rubro salarial del gasto público, que podría superar el 20% en términos reales solamente en el primer cuatrimestre de 2024.

La licuación del verano

El incentivo a la licuación inflacionaria es evidente. En cambio, no resulta tan claro si el marco político será el adecuado para que el gobierno avance en esa dirección, dada la oposición sindical que ya se está insinuando.

En principio, hay factores que juegan a favor del gobierno. Uno es el clima de incertidumbre que se vive en las oficinas públicas, por el anuncio de que habrá una revisión completa de las tareas, en una especie de censo en todas las dependencias. En ese marco, y con rescisiones contractuales, puede disminuir la propensión a la conflictividad, porque los empleados priorizarán la estabilidad en sus puestos por encima de la recuperación de ingresos en las paritarias.

Por otra parte, las movilizaciones sindicales suelen perder fuerza durante el período veraniego, que es justamente cuando se concentrará el pico inflacionario.

Los economistas prevén una aceleración inflacionaria para el verano, que coincidirá con un estancamiento del salario público

Los economistas dan por descontado que Milei aprovechará la ocasión que le presenta la "inflación heredada" a la que hizo referencia en su discurso inaugural, cuando dijo que todos los aumentos que vinieran en los próximos meses serían el efecto de la emisión monetaria de los últimos dos años.

Como graficó la directora de Eco Go, Marina dal Poggetto, "si acelerás la inflación, el ajuste fiscal se hace solo". Señales concretas en ese sentido se dieron con las primeras decisiones en materia presupuestaria. El hecho de que Milei haya preferido que el Congreso no haya votado el proyecto presentado por el ex ministro Sergio Massa, implica que se deba continuar con las partidas votadas para 2023.

Aquel presupuesto había previsto una inflación de apenas 60%, es decir la tercera parte de lo que será la inflación de este año. Eso implica que Milei contará con un amplio margen de discrecionalidad para determinar el destino y monto de lo que se recaude en la AFIP por encima del monto del "devaluado" presupuesto 2023.

Bajo esa condición, no resultará difícil disminuir el gasto. Pero esa política tiene una contracara: una vez que la inflación empieza a bajar, tanto los salarios estatales como las jubilaciones empiezan a ganar peso frente a la recaudación tributaria.

Fue, precisamente, en atención a ese riesgo que en el proyecto de ley que Milei acaba de enviar al Congreso, la supresión de la fórmula jubilatoria figura como una de las reformas principales, y se prevé que los incrementos nominales queden a discrecionalidad del ministerio de Economía.