En medio del ruido político generado por el fallo cautelar contra los capítulos laborales del DNU de Javier Milei, y en coincidencia con la primera tanda de despidos a los últimos contratados en la administración pública, pasó algo inadvertido uno de los más profundos intentos de reforma para el régimen de trabajadores estatales.

Los que sí lo notaron, claro, son los potenciales afectados por el artículo 604 del proyecto de "ley ómnibus", que propone cambios para aquellos empleados que revisten en la planta permanente del aparato administrativo estatal.

Se trata de una reforma que, de aprobarse, podría implicar la desafectación de empleados, algo que hoy es casi imposible, dada la protección legal que garantiza la inamovilidad de los funcionarios públicos. El artículo prevé que, en el marco de la reforma del Estado, se puedan suprimir organismos, dependencias y programas estatales, lo cual implicaría que ya no existirían los cargos creados para prestar las funciones.

Es decir, técnicamente no se trataría de un despido -no se puede echar a un empleado estatal para contratar a otro que cumpla su misma función- sino que se suprimiría el cargo en forma permanente. A primera vista parece un tecnicismo, pero tiene una importancia central, porque es una forma legal de desvincular empleados estatales con antiguedad. Aquellos cuyos cargos desaparecen quedarían en "situación de disponibilidad" y pasarían a formar parte de un nuevo régimen de reinserción laboral.

Según lo propuesto en el proyecto de ley, se creará un Fondo de Reconversión Laboral, con carácter fiduciario y que se financiará mediante recursos del presupuesto nacional. Básicamente, la función de ese fondo será la de pagar los salarios de los empleados "en disponibilidad" durante un año. En ese período, se buscará la reinserción laboral de estos trabajadores en el sector privado, para lo cual habrá un incentivo de eximición de cargas sociales por un lapso acotado.

Si pasa todo el año y el empleado "en disponibilidad" no pudo ser reubicado en otro trabajo, dejará de percibir el salario del Fondo de Reconversión y ya no formará parte de la nómina estatal.

En definitiva, esta modificación legal permitirá algo que muchas veces se había planteado en varios gobiernos pero que nunca fue concretado: recortar el número de empleados de la planta permanente, a pesar de que están legalmente protegidos, dado que se encontraría la forma para que las desvinculaciones no sean técnicamente consideradas como un despido.

Las primeras medidas de Milei respecto del empleo estatal empezaron a notarse con los ceses de contratos y prevén también despidos mediante el nuevo proyecto de ley

Clima enrarecido en las oficinas

El cambio contenido en el proyecto agregó otro factor agravante para el clima de nerviosismo que se está viviendo en estos días en las oficinas públicas. La última semana del año se comunicó formalmente la no renovación de los contratos para el personal que había ingresado durante el 2023.

Según la estimación de la organización sindical ATE, hay unas 7.500 personas en esa situación. Y en las primeras jornadas del año ya se vieron manifestaciones de protesta en las puertas de entrada de los ministerios donde se produjeron los mayores recortes.

Además, se comunicó verbalmente que a los contratados con una antigüedad mayor a un año se les firmará un contrato corto, de 90 días, un período en el cual las nuevas autoridades que están asumiendo en las dependencias de la administración pública hagan una revisión caso por caso.

Lo que se anunció es que se pondrá en práctica una especie de censo en el que se auditará las funciones de cada empleado. Como producto de esa auditoría, no se descarta que parte de esos contratados no tengan renovación una vez cumplido este período de 90 días. Además, los pases recientes al régimen de planta permanente también serán puestos a revisión.

La justificación política, anunciada por el presidente Milei y explicitada por sus voceros y ministros, es revertir la situación del "empleo militante" en las dependencias estatales.

Sin embargo, lo que está ocurriendo en estos días, y puso en alerta a los sindicatos ATE y UPCN es que, lejos de apuntar a las situaciones irregulares de empleados que no cumplen sus obligaciones, las primeras medidas apuntaron al sector más desprotegido, el de los funcionarios que tienen contratos precarios y que, por lo general, suelen ser los más cumplidores con las formalidades.

El propio discurso del Gobierno tiene cierta ambigüedad en el sentido de si la auditoría sobre la nómina de personal tiene un objetivo político -demostrar que no se tolerará la permanencia de "ñoquis" en el aparato estatal- o si la meta que se propone es de índole fiscal -es decir, recortar gasto por la vía de achicar la cantidad de asalariados que reciben un cheque del Estado-.

El proyecto de ley ómnibus prevé el recorte del empleo estatal por la vía de la supresión de cargos y el "pase a disponibilidad" del personal

Sindicatos dan la "batalla cultural"

Lo cierto es que los ceses en el rubro de los contratados no mueven la aguja en ninguno de los dos sentidos: ni hay una presencia masiva de "ñoquis" ni representan un gasto fiscal significativo. Después de todo, se trata de unas 7.500 personas de niveles salariales bajos, en su mayoría jóvenes monotributistas en posiciones junior. Lo cual representa una parte ínfima de la masa de casi 400.000 empleados de la administración pública, que en noviembre pasado implicaron para las arcas fiscales una erogación de $457.034 millones, de acuerdo con los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El rubro de empleados públicos, con un 11,5% del total del gasto público, es uno de los de mayor volumen, sólo superado por las jubilaciones y pensiones, que representan un 36%. Y este año superó en monto a los pagos de intereses de deuda, a los subsidios económicos, a los programas de asistencia social y a las transferencias a las provincias.

Lo cierto es que en las próximas jornadas se jugará la pelea ante la opinión pública. Tras la primera jugada del gobierno, ATE anunció una jornada de protesta para el 15 de enero, en una jornada que tiene el objetivo de "visibilizar" sobre la situación de los empleados estatales en el marco de la política de ajuste fiscal.

"Nos parece muy importante en función de dar esa batalla cultural respecto del trabajo estatal", definió Mercedes Cabezas, dirigente de esa organización sindical, perteneciente a la central CTA.

Negociación salarial en clima de ajuste

Y mientras se produce esta pulseada por la preservación de los puestos estatales, se desarrolla la negociación salarial para los empleados de la planta estatal. En el contexto de despidos y reformas legales que permitirán recortes, no parece a priori la mejor circunstancia como para que los gremios consigan acuerdos que empaten la inflación.

El propio Milei ya avisó que no tiene previstos aumentos salariales, en el marco de la emergencia fiscal. Sin embargo, con una inflación de 30% mensual se da por descontado que habrá ajustes nominales, aunque probablemente por debajo del IPC que se registre en el corto plazo.

La dirigencia de ATE convocó a una jornada de protesta para el 15 de enero para denunciar los despidos en dependencias estatales

En los últimos meses de la gestión gubernamental peronista, los empleados estatales habían recibido mejoras por inflación que implicó un retoque de 10% en noviembre y un 9% en diciembre, además de un bono extra para quienes, por ganar por debajo del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, se habían quedado sin el impacto del alivio votado en el Congreso.

Esto permitió que este año, mientras el gasto en jubilaciones tuvo una caída real de 4,4% y los planes sociales se recortaron en 2%, el gasto en salarios de los empleados estatales subió un 8,4%. Ahora, en cambio, son candidatos a resultar la variable del ajuste.

La propia erosión inflacionaria será la que determine la caída del gasto en términos del PBI. Es todo un cambio de tendencia, después de años de recuperación acelerada en los salarios del sector público.

Las últimas estadísticas del Indec, cerradas a octubre, muestran que los públicos fueron los únicos que, en la medición "punta a punta", pudieron defenderse de la inflación. En la medición de 12 meses, tuvieron una variación salarial de 152% frente a un IPC de 142,7%. Los trabajadores del sector privado registrado consiguieron un 144% mientras que los del rubro informal apenas tuvieron una mejora del 97,6%.