Milei va contra el régimen de Tierra del Fuego: ¿es viable tener celulares "Made in Argentina"?

El enésimo debate que está viviendo el país respecto del polo tecnológico de Tierra del Fuego revela que el asunto ya está más para la consideración de psicólogos y sociólogos que para economistas: es uno de esos temas sobre los que hay consenso en que es insostenible, pero sobre el que, finalmente, nadie se anima a tomar medidas.

¿Será la excepción el nuevo régimen que anunció Javier Milei con el decreto para abaratar la importación de productos tecnológicos? Por lo pronto, hay lugar para el escepticismo: a lo largo de los últimos años hubo varios amagues de retiro de los beneficios para esa manufactura subsidiada, y sin embargo los industriales fueguinos demostraron tener una capacidad de lobby que penetró en los medios de comunicación y en los partidos políticos.

Ahora, con un Caputo -Nicolás- que figura entre los perjudicados y dos Caputos -Toto y Santiago- que aparecen entre los "victimarios", la negociación se pone más interesante, y ya circulan especulaciones respecto de beneficios fiscales que compensen por el abaratamiento de la producción importada. Exención del IVA, desintermediación comercial, beneficios logísticos, todos esos temas aparece en la mesa, mientras los "zócalos" de la TV advierten que más de 8.000 puestos de trabajo están en riesgo.

Y, previsiblemente, desde las centrales sindicales y el peronismo se convoca a protestas "en defensa de la soberanía, la industria nacional y los puestos de trabajo".

Además, y no es un detalle menor, el clima global tampoco ayuda: el mismísimo Donald Trump argumenta a favor de un mayor costo para el consumidor interno pero con la contrapartida de más trabajo local y menor dependencia de China.

La picardía de Sergio Massa y la fisura liberal

Lo curioso es que muchos de quienes hoy protestan en defensa de la industria fueguina no tuvieron la misma actitud cuando, al presentar el presupuesto para 2023, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, había propuesto una "separata" con recortes de subsidios que el Estado le hacía a sectores privilegiados. Encabezando la lista aparecía el polo tecnológico de Tierra del Fuego, cuyo costo fiscal se estimaba entonces en un tercio de punto del PBI.

Con su reconocida picardía política, Massa ponía en manos de la oposición de entonces -el macrismo, sobre todo- la decisión de cortar la sangría fiscal -y de divisas, por la importación de partes e insumos chinos-, dado que el oficialismo no tenía mayoría propia. Por cierto, la "separata" de Massa nunca se votó.

En aquel momento todavía existía Juntos por el Cambio, pero las fisuras eran cada vez más notorias, y uno de los episodios de crisis más recordados fue una propuesta del bloque liderado por Elisa Carrió, que iba en sintonía con la propuesta de Massa.

De hecho, aquel proyecto hasta mantenía semejanzas con el que actualmente promueve el gobierno de Milei: descensos graduales de los aranceles de importación y disminución paulatina del subsidio fiscal. Pero lo que más llamaba la atención era el tono político de la propuesta.

"Desde la Coalición Cívica propusimos terminar con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego que hoy sólo beneficia a un par de vivos llenos de privilegios, pagados por todos los argentinos. Lleva 50 años. Encareció los productos electrónicos", argumentó el presidente de bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López.

Resultaba imposible no identificar al mismísimo Mauricio Macri como destinatario de esa acusación, dada su antigua relación de amistad con Nicolás Caputo, el propietario de Mirgor, una de las empresas líderes del polo fueguino. Y lo cierto es que en los cuatro años de gestión macrista hubo un discurso "ortodoxo" de recorte fiscal y de apertura comercial, pero el régimen de Tierra del Fuego no sufrió cambios.

En ese debate parlamentario de 2022 que agrandó la fisura de Juntos por el Cambio, se vio la situación paradójica de que la Unión Cívica Radical e incluso legisladores macristas que se identifican con la visión liberal justificaron el mantenimiento del régimen de promoción fueguina, y acusaron a los críticos de no conocer la realidad del país.

El argumento defensivo que hacía Juntos por el Cambio no guarda diferencia alguna con la que hoy plantea la oposición peronista: que gracias a ese régimen Tierra del Fuego dejó de ser un terreno desértico donde los extranjeros eran más que los argentinos y pasó a ser una "provincia pujante" con una población de 250.000 habitantes.

Del desarrollismo militar al Blackberry de Cristina Kirchner

Lo que estos debates contradictorios dejan en evidencia es que el centro de la cuestión está lejos de ser económico, sino que tiene componentes ideológicos y geopolíticos. En los años ’60, cuando los militares desarrollistas de la época concibieron el fomento a una industria electrónica, estaban en boga las "zonas francas" para incentivar el desarrollo de zonas que, por su lejanía y clima inhóspito, parecían condenadas a quedar deshabitadas.

Entre los ejemplos más conocidos figura la zona franca de Manaos, en la Amazonía brasileña, desde donde se proveían millones de aparatos de audio y TV al gran mercado interno del país vecino.

El concepto político que sostenía estos regímenes era un cóctel de razones, donde se mezclaban argumentos de defensa nacional hasta de mantenimiento de una identidad cultural nacional. Se sobreentendía que había un costo económico, pero se lo consideraba aceptable en comparación con esa otra ganancia intangible. Y no era un patrimonio exclusivo de América latina: en Europa, particularmente en Francia, se justificaba con los mismos argumentos los pesados subsidios a la producción agrícola poco eficiente para los parámetros internacionales.

Desde entonces, esa tensión entre el, costo económico y la ganancia en el plano simbólico ha estado siempre presente. Por caso, durante el kirchnerismo, la reactivación del polo fueguino -que había sufrido un retroceso en la década de los ’90- era presentado como uno de los logros del "modelo industrialista".

Tal vez el momento que mejor expresa ese sentimiento haya sido, en 2011el anuncio, por parte de Cristina Kirchner, de la fabricación del primer Blackberry nacional. Por cierto, los componentes de ese aparato eran producidos en China, y en Argentina solamente se ensamblaba.

De hecho, uno de los avances en los que se empeñaba el ministerio de Industria de esa época era lograr que los televisores de plasma -la gran novedad del momento- pudieran fabricar en Argentina la carcasa plástica. Lo cierto es que salvo por el Telgopor del envoltorio y el manual de instrucciones, no había un valor agregado local.

Y, lo peor: la importación "desarmada" de los aparatos no resultaba más barata que la de los aparatos terminados, precisamente porque China no quería estimular una "maquila" de sus principales exportaciones.

El aporte fueguino al cepo al dólar

Ese orgullo que mostraba en público Cristina por la reactivación de la industria tecnológica nacional tenía un fuerte contraste con el enojo que deslizaban, por lo bajo, los funcionarios del equipo económico. Había trascendido que uno de los principales críticos de Tierra del Fuego era nada menos que Axel Kicillof, quien sufría la sangría de reservas, a pesar del cepo cambiario que ya se aplicaba en la época.

No era para menos la irritación del entonces ministro de Economía: el déficit comercial en la isla -costo neto por la importación de insumos chinos- era de u$s3.300 millones al año. Su costo fiscal por exenciones impositivas equivalía a u$s2.700 millones, y se estimaba que cada uno de los 11.000 empleados de aquella época costaba unos u$s18.000 mensuales, al cambio oficial.

A pesar de que el discurso industrialista del kirchnerismo era frecuentemente denostado y ridiculizado por la oposición, cuando el macrismo llegó al poder la situación no cambió mucho para Tierra del Fuego.

Los análisis económicos de ese período marcaban que el gasto tributario asociado a la provincia de Tierra del Fuego superaba los u$s1.800 millones. La cifra impacta más si se considera que el subsidio fiscal a fomentar el empleo fueguino duplicaba a la masa salarial del sector privado en esa provincia y era 4,5 veces superiores a los fondos líquidos que transfería el gobierno nacional, según cálculos del economista Federico Muñoz.

¿Un Yellowstone frente a la Antártida?: la idea de Federico Sturzenegger

La situación se mantuvo durante la gestión de Alberto Fernández, al punto que en 2023 Tierra del Fuego se había convertido en la provincia con mayor nivel de transferencias per capita: el gobierno nacional enviaba $893.000 por cada habitante, según un informe de Fundación Mediterránea. El promedio nacional era de $312.000 por persona mientras que el de la provincia de Buenos Aires era de $184.000.

En cuanto a generación de divisas por exportación, Tierra del Fuego se mantiene en el fondo del ranking. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, el año pasado su aporte fue de 0,5% del total nacional. Es el cuarto peor ubicado, por delante de La Rioja, Catamarca y Corrientes.

Es en base a estos números que Federico Sturzenegger, el ideólogo de la desregulación en el gobierno de Milei, pretende dar la "batalla cultural" contra una de las vacas sagradas de la política nacional.

Su argumento de que al cortarse la asistencia fiscal a Tierra del Fuego se podrían generar 60.000 puestos de empleo en otras áreas no parece, hasta ahora, haber generado mucho entusiasmo. Sobre todo, porque su propuesta de "compensación" para la provincia austral es una apuesta fuerte al turismo, al punto de plantear que a nadie en Estados Unidos se le ocurriría levantar galpones industriales en los parques nacionales de Yellowstone o Yosemite.

El "voto" del contrabando hormiga

La respuesta más suave que recibió el ministro fue "ignorante". Y el sindicato metalúrgico sostiene que se simplifican los argumentos al prometer una rebaja de precios. Al respecto, recordó que durante la gestión macrista se había prometido un abaratamiento del 50% para las computadoras importadas y que esa rebaja no fue tal, aunque sí se perdieron 5.000 puestos de trabajo en la isla.

En definitiva, lo que está ocurriendo con Tierra del Fuego es la reedición de la batalla cultural sobre la industrialización, un debate extraño en la que, según les toque ser gobierno u oposición, los protagonistas se transforman en defensores o críticos.

Mientras tanto, los ciudadanos fijaron su posición desde hace tiempo: se estima que uno de cada tres celulares que funcionan en el país son de contrabando, ya sea ilegal o por la vía del ingreso de turistas o compras vía courier. Estudios de costos señalan que Tierra del Fuego podría tener margen para un abaratamiento de 16%.

Tierra del Fuego produce actualmente 5,5 millones de teléfonos al año, con tendencia a la baja. Y el debate se pone interesante cuando los damnificados se ponen a comparar el costo fiscal de su régimen promocional con lo que cuestan otros rubros del presupuesto nacional. Por caso, el centro de estudios Fundar estimó que el esquema fueguino cuesta 0,22% del PBI, lo cual supera ampliamente, por caso, a los fondos que recibe el Conicet.