El "viejo IPC" es clave para Caputo, que apuesta a profundizar suba de tarifas, tras caída de recaudación

En plena polémica por la suspensión del nuevo IPC del Indec, pasó algo inadvertido otro dato de la economía que, sin embargo, está íntimamente ligado a la política oficial para combatir la inflación: la recaudación de impuestos de enero confirmó que el gobierno tendrá dificultades para sostener el equilibrio fiscal.

Es cierto que en este mes hubo situaciones excepcionales que jugaron en contra de las arcas fiscales, pero tampoco se puede obviar que se trata del sexto mes consecutivo en el que se registra una caída real interanual en la recaudación de impuestos.

No sorprendió, por ejemplo, que haya mermado el ingreso por derechos de exportación, dado que hace un año todavía no se había recortado el nivel de retenciones a las ventas de soja, trigo y maíz. De la misma manera, también se registró un bajón en el cobro de aranceles de importación, dado que hace un año se había dado un fuerte incremento de las compras, por la apertura comercial, y en la comparación este enero tuvo menos entrada de productos importados.

Podría argumentarse que esa caída en la recaudación tiene una contracara positiva, que es el alivio impositivo para la exportación agrícola.

En cambio, resulta más difícil de justificar la nueva caída real del IVA impositivo -el indicador por excelencia de la actividad comercial e industrial-, que tuvo una variación negativa de 3%, en un momento en el que, de acuerdo con los datos oficiales de actividad, se está produciendo una recuperación.

Si, además, se considera el rubro completo del IVA -que incluye lo recaudado por la Aduana-, entonces la caída real es mucho más grave, y alcanza al 12% interanual. Para la caja fiscal, este es un dato más que relevante, dado que el IVA aporta aproximadamente un tercio de la recaudación total.

Tampoco son alentadores los datos de Ganancias, no tanto por la recaudación de enero, que estuvo en línea con la inflación acumulada en el año, sino porque el gobierno también tiene en carpeta una disminución de este tributo. Es uno de los principales puntos de divergencia entre el ministro de Economía, Toto Caputo, y los gobernadores provinciales, dado que se trata de un tributo coparticipable al 50%, y para muchas provincias es parte importante de su caja.

Según Caputo, lo que se sacrificará en el ingreso provincial este año equivaldrá a $1,7 billón, mientras que los cálculos de los gobernadores dan $3 billones -aproximadamente la transferencia de Ganancias de dos meses.

El riesgo oculto en la suba de tarifas

La conclusión es contundente: el hecho de que la caja de ARCA esté contabilizando su sexto mes consecutivo de baja en la recaudación hace que la política fiscal del gobierno deba focalizarse en un mayor recorte del gasto público.

Pero, luego de haberse llevado a un nivel mínimo los gastos de obra pública, las transferencias a las provincias y tras el cambio de fórmula jubilatoria, ya hay rubros en los que parece difícil seguir avanzando con la "motosierra".

Es por eso que vuelven a ser candidatos al recorte los subsidios a los servicios públicos y los salarios de los empleados estatales de la administración central.

No es que estos rubros no hayan sufrido ya un recorte. Por el contrario, durante 2025 la caída real de los subsidios fue de 37,4% mientras que la masa salarial del personal cayó un 9,4% en términos reales, según se desprende de las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En el ranking de los rubros que representan mayor porción del gasto público, los salarios estatales significan un 12% mientras que los subsidios a la electricidad, el gas y el transporte público llegan a 6% del total.

Y el peso de ambos rubros deja entrever que el gobierno seguirá focalizando allí el recorte. De hecho, ya está en vigencia el incremento de tarifas para la franja de la población con ingresos medios, que perdió beneficios con el nuevo esquema. Esto implica que hay mayor margen para ajustes tarifarios: en palabras de Caputo, todavía no se completó el proceso de "cambios de precios relativos".

En cuanto a la masa salarial, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, adelantó que se continuará con el plan de recorte de la nómina de empleados vía el cierre de agencias o la no renovación de contratos. Además, las paritarias estatales están entre las más atrasadas respecto de la inflación.

Jubilaciones, al compás del IPC

En cambio, el rubro de jubilaciones tuvo un incremento real de 10,7% en el año, algo que a primera vista puede resultar sorprendente, ya que el debate jubilatorio fue el centro de protestas violentas y encendidos debates políticos.

Por lejos el mayor rubro del gasto publico -representa un 45% del presupuesto-, es uno de los componentes clave a la hora de evaluar la situación fiscal. En el primer año de la gestión de Javier Milei, había sido la gran variable de ajuste, porque durante un cuatrimestre se siguió aplicando la vieja fórmula, que no ajustaba por inflación sino que tomaba como referencia a la recaudación de Anses.

Pero en 2025, el peso de las jubilaciones sobre el gasto se incrementó en cinco puntos, como consecuencia del cambio de fórmula y de la inflación en descenso. Como cada ajuste se realiza con dos meses de "delay", mientras la inflación esté bajando, las jubilaciones subirán en términos reales. Pero para el gobierno no es un tema preocupante, dado que en entorno de inflación baja, llegará un momento en el que el gasto jubilatorio quede estabilizado.

El problema es si, súbitamente, el IPC retoma un camino ascendente: ahí se corre el riesgo de que los ajustes jubilatorios evolucionen muy por encima de la generación de ingresos tributarios, con lo cual se complicarían las cuentas fiscales. Peor aun, en determinado momento habrá un incentivo para que la inflación licúe el gasto previsional.

¿El nuevo IPC atenta contra el superávit?

¿Cómo se vincula esto con la polémica por el frustrado cambio de IPC? Para empezar, una política de recorte en los subsidios de los servicios públicos implicará aumentos que tendrán más peso en la canasta del Indec.

La metodología vieja le daba al rubro "vivienda, electricidad, gas y otros" una ponderación de 9,4% del presupuesto familiar, mientras que el nuevo índice lo llevaba a un nivel de 14,5%. Esto significa que, aun cuando los aumentos tarifarios fueran idénticos a los de 2025, igualmente el IPC sufriría un empuje al alza, solamente por el efecto del cambio estadístico.

Para ponerlo en cifras, durante 2025, los servicios públicos tuvieron un aumento nominal de 41,6%, bien por encima del rubro de alimentos, que aumentó 32,2%. Con las ponderaciones actuales, el IPC general fue de 31,5% en el año, pero el dato habría sido diferente si se aplicara la nueva canasta.

Para peor, la situación fiscal está llevando al gobierno a profundizar el recorte en los subsidios este año -de hecho, ya hay aumentos en marcha en febrero-, y esto hizo que Caputo viera el peligro de la suba de tarifas pudiera generar un salto en el IPC.

En cuanto al tema salarial, un índice que refleje una mayor carestía supone para Caputo tener que convalidar incrementos de las remuneraciones que exceden su previsión original. De esta forma, se hará más difícil que el rubro de gasto en personal contribuya a la política de ajuste.

Y, finalmente, está el tema jubilatorio. Si el nuevo IPC se hubiese aplicado ya desde enero -como era la intención del renunciado Marco Lavagna-, entonces el ajuste básico de las jubilaciones de marzo podría superar el 3%, mientras que la previsión oficial es de un 2,5%.

Tratándose de un rubro que significa el 45% del presupuesto y que el sistema previsional cuenta con siete millones de beneficiarios, cada décima por encima de lo previsto significa un incremento del gasto. Justo cuando el dato de la recaudación impositiva consolida su tendencia a la baja en términos reales.

La medida de posponer el nuevo índice inflacionario ha recibido una ola de críticas, en el sentido de que afecta la credibilidad del gobierno. Pero, desde la lógica fiscalista de Milei y Caputo, los incentivos estaban planteados para asumir ese costo político: consideraron preferible soportar las chicanas antes que arriesgarse volver a mostrar cifras fiscales en rojo.