Mientras el mundo regula la inteligencia artificial, Argentina le abre las puertas sin condiciones ni límites
La Cámara de Diputados aprobó el Súper RIGI, un régimen de incentivos para grandes inversiones tecnológicas que ahora deberá debatirse en el Senado. La votación cerró con 130 votos afirmativos y 106 negativos.
Según publicó la periodista Agustina Grasso en el sitio EconomíaSustentable.com, el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei busca atraer inversiones millonarias en industrias que hoy no existen en Argentina. Entre ellas, centros de datos para inteligencia artificial, infraestructura digital estratégica y desarrollo de vehículos eléctricos.
Pero mientras gran parte del mundo discute cómo regular el avance de la IA y limitar el poder de las grandes tecnológicas, Argentina avanza en sentido contrario: ofrece beneficios extraordinarios durante hasta 30 años sin establecer salvaguardas ambientales acordes a la magnitud de estos emprendimientos.
Desde el oficialismo sostienen que el régimen permitirá posicionar al país como polo tecnológico regional. Las organizaciones ambientales, en cambio, advierten que consolida un esquema de desregulación sin precedentes.
Para Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de Géneras, el proyecto constituye "un cheque en blanco con una delegación inconstitucional de facultades que garantiza un marco de impunidad fiscal, energética y legal para grandes empresas".
Qué es el Súper RIGI y qué ofrece a las corporaciones
El nuevo régimen está dirigido a inversiones superiores a los u$s1.000 millones destinadas a actividades que todavía se encuentran en etapas experimentales o que directamente no existen en el país.
A cambio, el Estado argentino ofrece un paquete de incentivos que incluye estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria por tres décadas. Las empresas que ingresen al régimen pagarán una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias.
También tendrán arancel cero para importar maquinaria e insumos. Y retenciones cero para exportar.
El proyecto elimina además una condición que establecía el RIGI original: la obligación de contratar proveedores nacionales cuando existiera oferta competitiva. Esa modificación despertó preocupación tanto en industrias locales como en gobiernos provinciales, según indicó EconomíaSustentable.com.
El consumo de agua que nadie menciona en el debate
Detrás del discurso de innovación aparece uno de los aspectos menos discutidos del Súper RIGI: el enorme consumo de agua que requieren los centros de datos.
Estas instalaciones funcionan las 24 horas del día y albergan miles de servidores que generan temperaturas extremadamente altas. Para evitar el sobrecalentamiento necesitan complejos sistemas de refrigeración que demandan grandes cantidades de agua, además de un suministro eléctrico permanente.
La magnitud del consumo ya preocupa a nivel mundial. Un estudio de investigadores de la Universidad de California Riverside y la Universidad de Texas estimó que una conversación de entre 20 y 50 preguntas con ChatGPT puede consumir aproximadamente medio litro de agua, considerando la refrigeración necesaria en los centros de datos.
El impacto es todavía mayor durante el entrenamiento de estos modelos. Ese proceso puede requerir millones de litros de agua dependiendo del tamaño del sistema y del lugar donde se encuentre el centro de datos.
Los propios balances de las grandes empresas tecnológicas muestran esa tendencia. Microsoft informó que su consumo de agua aumentó 34% en un solo año, mientras que Google registró un incremento cercano al 20%. Ambas compañías atribuyeron ese crecimiento al desarrollo de infraestructura destinada a inteligencia artificial.
En distintas regiones del mundo, desde España hasta Chile, México, Uruguay y Estados Unidos, la instalación de nuevos centros de datos ya genera conflictos. El uso del agua en zonas donde el recurso comienza a ser cada vez más escaso es el principal punto de tensión, según indicó EconomíaSustentable.com.
Qué pasa si falta agua en diez años
Ese es precisamente uno de los principales cuestionamientos de organizaciones ambientales al Súper RIGI.
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas sostienen que el debate sobre el régimen "no es un debate sobre inversiones sino sobre quién controla nuestros bienes comunes y quién se beneficia de ellos".
Su presidente, Enrique Viale, aseguró que el proyecto "traslada la lógica del extractivismo a la era digital". Según Viale, el régimen garantiza acceso privilegiado al agua y la energía para grandes corporaciones sin establecer salvaguardas ambientales.
Los centros de datos podrían instalarse bajo un esquema que obliga al Estado a garantizar condiciones estables durante tres décadas. Incluso frente a futuros escenarios de crisis hídrica o energética.
Para Luciana Ghiotto, investigadora del Transnational Institute, el problema excede ampliamente las exenciones impositivas. "El régimen blinda por treinta años las condiciones regulatorias, fiscales, cambiarias y aduaneras", explicó.
La especialista advirtió que esto limita seriamente la capacidad del Estado para modificar las reglas si cambian las condiciones ambientales o económicas.
"Si en diez o quince años existe una crisis de abastecimiento de agua o de energía, cualquier intento de revisar esos beneficios podría derivar en demandas multimillonarias contra Argentina en tribunales internacionales", señaló Ghiotto.
Por qué hablan de extractivismo digital
Las organizaciones sostienen que el proyecto traslada la lógica histórica del extractivismo hacia una nueva etapa basada en la economía digital, según indicó EconomíaSustentable.com.
Para Matías Bianchi, director ejecutivo de Asuntos del Sur, Argentina corre el riesgo de transformarse en un territorio de experimentación para las grandes empresas tecnológicas.
"Estamos ofreciendo territorio, recursos naturales e infraestructura sin pedir prácticamente nada a cambio. Es una lógica más cercana a la de un país bananero que a una estrategia de desarrollo", afirmó Bianchi.
En la misma línea, Victoria Lichtschein, directora ejecutiva de Fundación Biodiversidad Argentina, sostuvo que el proyecto "incentiva grandes inversiones con fines extractivos sin garantizar la protección del ambiente ni el bienestar de las comunidades".
El paralelismo con el extractivismo tradicional aparece una y otra vez en las críticas al régimen. La diferencia es que ahora, en lugar de minerales o hidrocarburos, los recursos estratégicos son el agua, la energía y los datos.
Para Federico Pellegrino, director ejecutivo de Latam Lab, avanzar con esta norma representa "la entrega de los recursos naturales de Argentina y la renuncia del país a darse un modelo de desarrollo propio".
El Gobierno presenta al Súper RIGI como una herramienta para insertar a Argentina en la economía del conocimiento. Pero para distintos especialistas el riesgo es repetir un esquema conocido: exportar recursos naturales mientras las principales ganancias quedan concentradas en grandes corporaciones.
El Senado será ahora el escenario donde se definirá si el nuevo régimen avanza o no. La discusión sobre quién controla los bienes comunes en la era digital recién empieza.