Por qué la ambiciosa reforma del Banco Central que impulsa Milei puede fracasar, según economistas

La reforma del Banco Central podría tener un efecto boomerang, en el que se genere exactamente el mal que se propone evitar: esa es la advertencia que en estos días están realizando economistas después de leer la "letra chica" del proyecto que modifica la carta orgánica del banco.

La crítica que hacen los analistas de línea ortodoxa no está en la parte más "ideológica" de la ley, dado que el principio de no financiación monetaria del déficit fiscal es ampliamente compartido. En cambio, sí hay diferencias respecto de la forma en que Milei se propone "blindar" sus reformas económicas para el futuro. La advertencia es que, tal como está planteada, la reforma pueda ser aprovechada por un gobierno populista para seguir financiando al Tesoro mediante una nueva modalidad.

El tema clave es el de la duración del directorio del BCRA y el mecanismo de remoción de los directores. Al poner una exigencia extremadamente alta para la remoción de las autoridades -dos tercios de los votos de ambas cámaras legislativas-, lo que Milei está anunciando implícitamente es que, aun si él perdiera las elecciones presidenciales de 2027, las actuales autoridades del Central seguirán en funciones.

Esto ocurre porque, aunque nunca se cumpla, el mandato de los directores del BCRA es por seis años. De esta manera, Milei envió un mensaje entrelíneas al mercado de capitales: al estar protegido por ley, el directorio del Banco Central será el guardián de la disciplina fiscal y de la estabilidad monetaria, aun si se diera la situación de que Axel Kicillof u otro dirigente peronista llegase a la Casa Rosada.

Si ese mensaje fuera interpretado de la manera que espera el gobierno, entonces debería producirse una disminución en el índice de riesgo país, dado que la campaña electoral de 2027 ya no implicaría necesariamente la percepción de una vuelta a las políticas populistas.

Reforma del Banco Central: ¿un blindaje para la maquinita?

La mayoría de las críticas apuntan a la dificultad de blindar legalmente la nueva carta orgánica. Según esa visión, esta reforma podría ser anulada y sustituida por una nueva ley, que sólo requeriría una mayoría simple. En definitiva, por querer dar protección política al directorio, se pone en riesgo la reforma completa.

Y es por eso que muchos proponen que, como en el caso peruano, que muchos han tomado como modelo, la independencia del Banco Central esté explicitada en la constitución.

Pero hay un argumento más contundente, que fue planteado por Emilio Ocampo, el principal teórico de la dolarización de la economía, que condujo el equipo de Milei durante la campaña electoral. El experto cree que, en caso de que un gobierno populista llegase al poder y nombrara un directorio del Central que fuera complaciente con una mala gestión económica, el "blindaje" se volvería en contra del objetivo que pretende Milei.

"Un directorio podría actuar con manifiesta incompetencia, cometer errores técnicos graves, deteriorar el balance del BCRA o aplicar una política monetaria desastrosa sin violar de manera precisa e inequívoca una disposición de la Carta Orgánica. La reforma confunde independencia con inamovilidad y termina debilitando la rendición de cuentas", afirma Ocampo.

La crítica apunta a que el proyecto oficial excluye, como motivo para la remoción de directores, las valoraciones de mérito, oportunidad o conveniencia respecto de la política monetaria.

"La paradoja es evidente. La exigencia de dos tercios es demasiado débil frente a una coalición política decidida a capturar el Banco, porque esa coalición puede modificarla con mayoría simple mediante una ley ordinaria. Pero es demasiado fuerte para reemplazar, respetando la legislación vigente, a un directorio que demostró ser incompetente. No blinda eficazmente al BCRA frente al poder político, pero sí puede blindar una mala gestión", afirma el experto, quien no oculta su escepticismo sobre que la buena actuación del BCRA dependa de una buena ingeniería jurídica.

Su propuesta es que, además de modificar la carta orgánica del BCRA, se debería aprobar una ley que reglamente el mandato del artículo 75 de la constitución, que encomienda al Congreso "proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda". Es una disposición que, en la teoría, no permite la aprobación de presupuestos que necesiten financiación mediante la emisión monetaria.

Crítica a la ayuda indirecta

Pero no es la única crítica importante que se escuchó en los últimos días. Martín Redrado, un ex presidente de la entidad que sufrió en carne propia la injerencia política sobre el BCRA, puso el dedo sobre uno de los puntos más débiles del proyecto: se prohíbe la asistencia directa al gobierno, pero se mantienen formas indirectas.

Redrado critica específicamente la posibilidad -que se mantendrá a futuro- de que los bancos cubran sus encajes obligatorios no sólo con pesos, sino también con títulos públicos.

"Se trata de una forma encubierta de financiar al Tesoro, y además al bajar encajes se podrá recuperar el crédito, que es uno de los temas centrales para el crecimiento de la economía", planteó el economista.

Aunque no los nombró explícitamente, el objetivo de su crítica fue el plan que ejecutaron entre el ministro de economía, Toto Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, que durante la turbulencia financiera del año pasado hicieron exactamente lo que Redrado desaconseja: subieron drásticamente el nivel de encajes y permitieron que se cubrieran con bonos públicos.

De esa manera, se logró el objetivo de retirar liquidez del mercado, priorizando la estabilidad cambiaria sobre la crediticia. Con una drástica suba de 10 puntos en los encajes, la volatilidad de las tasas de interés fue de tal intensidad que prácticamente se paralizaron los créditos al sector real. Y, en simultáneo, se llamó a una licitación de emergencia para que los bancos compraran títulos con los cuales cumplir esa nueva normativa.

También hay críticas por el hecho de que el Central pueda intervenir en el mercado de capitales comprando y vendiendo bonos ajustables por dólar, una forma de contener la cotización y, además, de ayudar a que el Tesoro pueda "rollear" los vencimientos de deuda con menor tasa de interés.

En principio, todas estas prácticas podrían repetirse, pese a que el enunciado de la nueva carta orgánica hable sobre la imposibilidad de la asistencia al Tesoro.

¿Se adelanta el riesgo electoral?

El debate sobre la reforma del Banco Central se dará en un momento particular, luego de la discusión sobre la nueva ley de Tierras. Hay economistas cercanos al gobierno que creen que los argumentos esgrimidos por la oposición tendrán, como efecto inmediato, un agravamiento del "riesgo país".

La advertencia llegó luego de la muy comentada frase del gobernador riojano, Ricardo Quintela, quien afirmó que un eventual gobierno peronista podría expropiar y estatizar los activos que fueron privatizados durante esta gestión. El riojano estuvo reunido con Máximo Kirchner, y su nombre va ganando posiciones como posible integrante de una fórmula electoral, dado que también tiene buen diálogo con el bonaerense Axel Kicillof.

La interpretación que se hizo en el gobierno es que la advertencia del riojano no se limita a la ley de tierras, sino a toda la agenda de reformas impulsadas por Milei. De hecho, ya había habido una advertencia el año pasado, formalizada en una carta dirigida al Fondo Monetario Internacional, por iniciativa de la propia Cristina Kirchner. Allí se advertía que un sector político no reconocería las condiciones a las que se obligaba el Estado en el nuevo acuerdo con el organismo.

Lo que plantean ahora los economistas afines a Milei es que el efecto de la frase de Quintela es una mayor percepción de riesgo político, que podría derivar en que el año próximo, al calor de la campaña electoral, se repita una tendencia a la dolarización defensiva.

Paradójicamente, la reforma del BCRA, que Milei pensó como una forma de inducir a una caída del riesgo país en el corto plazo, podría llevar a un debate que generalice la duda respecto de la sustentabilidad de todas las reformas.