La mora bancaria de las familias se mantuvo en 12,8% y cortó una racha de 19 meses en alza

Tras 19 meses consecutivos de subas, la mora bancaria de las familias se mantuvo estable en junio y quedó en 12,8%, según el último Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El dato marca un freno en el deterioro de la calidad del crédito a los hogares, aunque el nivel de morosidad continúa muy por encima del registrado un año atrás. En junio de 2025, la mora de las familias era de 5,2%, por lo que más que se duplicó en términos interanuales.

A nivel general, la irregularidad del crédito al sector privado mostró una leve mejora y descendió hasta 7,6%. De acuerdo con el informe oficial, la evolución fue dispar entre las distintas líneas de financiamiento.

Tarjetas, personales y prendarios: cómo evolucionó la mora

La evolución de la morosidad, según los datos difundidos por el BCRA

Uno de los principales factores que ayudó a contener el promedio de morosidad de los hogares fue el comportamiento de las tarjetas de crédito, que registraron una baja en su nivel de irregularidad durante junio.

En cambio, los préstamos personales y los créditos prendarios mostraron un incremento en sus respectivos índices de mora durante el mes. La evolución fue diferente en el caso de los créditos hipotecarios, donde el BCRA no detectó cambios significativos.

"El indicador de mora de las financiaciones a las familias se situó en 12,8%, con desempeños heterogéneos entre las asistencias crediticias", señaló la autoridad monetaria en su informe.

El dato refleja que, si bien la mora de los hogares dejó de crecer en junio, la situación continúa siendo muy diferente según el tipo de crédito. Las tarjetas lograron mejorar su comportamiento, mientras que otras líneas destinadas al consumo y la financiación de bienes registraron un mayor nivel de incumplimiento.

El BCRA explicó que la estabilidad registrada en junio respondió principalmente a dos factores: una desaceleración en el crecimiento real de la cartera irregular y un aumento del financiamiento total.

"El desempeño verificado en junio por el ratio de irregularidad del financiamiento al sector privado (y a las familias) estuvo explicado por una desaceleración en el ritmo de crecimiento real de la cartera irregular (numerador del ratio; en parte derivado del envío a irrecuperables fuera de balance de deudores que hasta mayo estaban en situación irregular) y un aumento real del financiamiento total (denominador del ratio)", precisó la autoridad monetaria.

De esta manera, la mora bancaria de las familias encontró un techo en junio después de 19 meses de aumentos, aunque el 12,8% todavía representa un nivel elevado frente al 5,2% de un año atrás.

La mora récord y el pedido del mercado para el Gobierno

Para Gustavo Gardey, especialista en Mercado de Capitales y cofundador de Bull Road Investments, en charla con iProfesional, la frontera aparece cuando una crisis comienza a afectar transversalmente al sistema financiero, rompe la cadena de pagos y amenaza el funcionamiento de la economía real.

"Una crisis entre privados deja de ser un problema solamente del mercado y pasa a ser un problema en el que debe intervenir el Estado cuando es sistémica, genera una ruptura en la cadena de pagos y un colapso de la actividad económica", explica el experto.

El punto más delicado aparece cuando el deterioro rompe la confianza de los depositantes. Los bancos funcionan con un sistema de encajes fraccionarios: conservan líquida solo una parte del dinero depositado y prestan el resto. El mecanismo es sostenible mientras los ahorristas confíen en que podrán retirar sus fondos cuando los necesiten.

"Cuando se genera una corrida bancaria sistémica, se quiebra la confianza en el sistema financiero y todo el mundo sale a buscar sus depósitos. Como los bancos no tienen la totalidad de esos depósitos disponible, eso genera pánico", señala Gardey.

Federico Glustein, economista, amplía esa definición. A su juicio, estas crisis no deberían analizarse únicamente como conflictos entre empresas, bancos o personas, sino como episodios que comprometen el funcionamiento del sistema económico en su conjunto.

"Deja de ser un problema del mercado cuando la resolución requiere de un jugador más grande, el Estado, que pueda intermediar o rescatar a los actores involucrados para evitar un colapso", explica.

En ese escenario, la intervención pública no busca solamente sostener a una entidad financiera. Su finalidad es impedir que la crisis alcance a empresas, trabajadores, ahorristas y consumidores y produzca, en palabras de Glustein, "una descomposición de la sociedad en su conjunto".

La conexión entre la mora récord y la economía real

Las miradas de Gardey y Glustein coinciden en un punto central y es que la señal decisiva no es simplemente que aumenten los incumplimientos, sino que el problema financiero comience a paralizar la economía real.

Glustein advierte que esa transmisión puede ser especialmente intensa en países donde existe una fuerte vinculación entre ambos sectores. Si una crisis reduce la capacidad de los bancos para prestar, las empresas pierden financiamiento para producir, invertir o pagar salarios. Los hogares, por su parte, ven restringido el acceso al crédito y el mapa del consumo presenta caídas por el ajuste.

"La necesidad de intervención estatal no radica en salvar a un banco, sino en evitar el colapso de la economía real", sostiene Glustein, al recordar experiencias como las crisis internacionales de 2008 y 2011 y la argentina de 2001.

Econviews encuentra una primera manifestación de ese mecanismo en la coyuntura local. La mora todavía no provocó una corrida ni una crisis bancaria, pero el deterioro de las finanzas familiares ya está afectando al consumo. Además, el aumento de los incumplimientos lleva a las entidades a endurecer sus condiciones de otorgamiento, lo que limita la recuperación del crédito.

La Argentina habría atravesado así la primera frontera: la mora todavía no es sistémica, pero dejó de ser exclusivamente privada porque ya genera consecuencias sobre la actividad.

Intervenir no significa necesariamente rescatar

La discusión pasa entonces por definir qué tipo de intervención corresponde y quién debe absorber las pérdidas.

Econviews considera que no sería razonable que los contribuyentes terminen pagando las tarjetas de quienes se endeudaron por encima de su capacidad o los errores de evaluación cometidos por bancos y billeteras. Sin embargo, también sostiene que el Estado no debería permanecer indiferente ante una morosidad capaz de afectar a la economía.

Una alternativa sería modificar las regulaciones para facilitar la renegociación de las deudas y permitir que quienes regularicen su situación recuperen más rápidamente el acceso al crédito.

Gardey coincide en que la respuesta no debería ser un salvataje directo. Su escenario más probable es una intervención indirecta, mediante cambios impositivos, monetarios y regulatorios que mejoren las condiciones para refinanciar.

"El Gobierno no se va a meter a inyectar plata de forma directa para solucionar el problema. Lo que va a hacer es mejorar las condiciones y flexibilizar regulaciones para permitirles a los bancos tener más herramientas", afirma Gardey.

Glustein, en cambio, pone mayor énfasis en la responsabilidad preventiva del Estado. Considera que muchas crisis se producen después de períodos en los cuales las autoridades reducen su capacidad de regulación, control y equilibrio dentro de mercados que funcionan con fuertes desigualdades entre sus participantes.

Desde su mirada, la intervención no debería comenzar únicamente cuando el colapso es inminente. El Estado también debe actuar como regulador y establecer límites que eviten que los desequilibrios se acumulen.

"Se necesita de los Estados participando de forma activa, ya sea como jugador de última instancia o como actor contralor que plantee normas para que no colapse el sistema económico local", afirma el economista.

La diferencia es principalmente de énfasis. Gardey concentra su análisis en las herramientas necesarias para resolver el problema actual sin un rescate fiscal. Glustein, en tanto, advierte que la regulación previa también es determinante para evitar que las decisiones de los actores privados terminen generando costos públicos.