El Gobierno actualizó los subsidios a los colectivos del AMBA: cuánto pagará
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La Secretaría de Transporte aprobó una nueva estructura de costos para los colectivos de jurisdicción nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y fijó las compensaciones que el Estado pagará a las empresas entre octubre de 2026 y enero de 2027. La medida llega después de semanas de tensión con el sector y tras el reclamo de una deuda millonaria.
Además, autorizó el pago de $38.840.841.807 en concepto de diferencial de recaudación por los meses de junio a septiembre. Una cifra casi idéntica a los $40.000 millones que las cámaras empresarias venían reclamando desde mediados de octubre.
Así lo dispuso la Resolución 80/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Transporte, Mariano Plencovich. El valor fijado para enero seguirá vigente en los meses siguientes, hasta que se apruebe un nuevo cálculo, lo que le da previsibilidad al esquema de financiamiento en el corto plazo.
La resolución pone números y método al acuerdo cerrado el 29 de octubre entre Transporte y las cámaras empresarias. En esa reunión se acordó aumentar entre 10% y 15% los subsidios a las 104 líneas nacionales del AMBA a partir de noviembre.
Por qué el Gobierno aprobó esta actualización de subsidios
La medida responde a un conflicto que se venía cocinando hace semanas. A mediados de octubre, cuatro de las cinco cámaras empresarias del AMBA advirtieron que reducirían frecuencias si no había más subsidios o un aumento del boleto.
Las cámaras CETUBA, CTPBA, CEAP y CEUTUPBA pusieron sobre la mesa un reclamo concreto: una deuda de alrededor de $40.000 millones. Amenazaron con recortar servicios, sobre todo en el horario nocturno, si el Gobierno no reconocía ese diferencial de recaudación o autorizaba un aumento de tarifas.
El 29 de octubre, en una reunión clave entre Transporte y las cámaras, se destrabó el conflicto. Se acordó elevar los subsidios entre 10% y 15% a partir de noviembre para las 104 líneas nacionales del AMBA. La resolución publicada este lunes es la que oficializa ese entendimiento.
Qué cambios incluye la nueva estructura de costos
La actualización contempla el acuerdo paritario del 22 de julio, homologado en agosto por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano. También incluye una previsión del salario de los choferes para octubre, noviembre, diciembre y enero.
Además, se revisaron los precios del gasoil, del GNC, de los seguros, de la vigilancia y del parque móvil, entre otros insumos. El objetivo es que el cálculo refleje con mayor precisión los costos reales de operación de las empresas.
La principal novedad técnica es que la metodología de cálculo empieza a reconocer los costos de la migración energética. Dentro del rubro Energía se suman dos conceptos nuevos que antes no se medían.
El primero es la amortización de las inversiones necesarias para instalar estaciones de carga de GNC y de recarga eléctrica. El segundo es el costo financiero de comprar o reconvertir unidades con esas tecnologías.
El argumento oficial es que comparar el gasoil con el GNC o la electricidad mirando solo el precio de la energía no alcanza: hay que medir el costo total por kilómetro de cada tecnología, incluyendo rendimiento, mantenimiento, infraestructura de abastecimiento e inversiones necesarias.
Por eso, el nuevo cálculo distinguirá el costo de operar unidades a gasoil, GNC y electricidad, y un costo ponderado según la participación de cada una. Es la primera vez que el Gobierno incorpora esta variable en el esquema de subsidios.
Según el informe técnico que acompaña la medida, esta mirada integral permite evaluar mejor qué tecnología conviene promover en el mediano plazo. No solo en términos ambientales, sino también económicos.
Cómo se financiarán las compensaciones a las empresas
Las compensaciones se pagarán con fondos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), que se nutre de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. También se usarán partidas del Presupuesto que se transfieran al fideicomiso administrado por el Banco Nación.
En paralelo, la resolución elimina un anexo incorporado en diciembre de 2025 que detallaba el financiamiento por jurisdicción. El motivo: el esquema de financiamiento corresponde en su totalidad a la Nación, por lo que el desglose de lo que aportaban la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad "deviene abstracto".
El esquema también alcanza a las líneas que operan en las unidades administrativas del interior definidas en 1995. En esos casos, cuando lo que corresponde pagar por el atributo social (la tarifa diferencial para beneficiarios) supere el monto de la compensación, el Estado cubrirá el valor informado por Nación Servicios.
La resolución busca cerrar un capítulo conflictivo con las empresas de transporte del AMBA. Al mismo tiempo, sienta las bases para que el sistema de subsidios incorpore variables tecnológicas que hasta ahora no se contemplaban en la estructura de costos oficial.
