El gigante Vicuña: El plan para exportar US$ 6.000 millones anuales y generar 19.000 empleos
La consolidación del Distrito Vicuña, tras la alianza entre Lundin y BHP, establece un nuevo techo para la inversión extranjera directa en la Argentina. El proyecto contempla un desembolso global de u$s18.000 millones orientado a la producción de cobre, oro y plata en la cordillera sanjuanina, y la compañía acelera los estudios de ingeniería para iniciar la construcción en 2027 y obtener el primer concentrado de cobre en 2030.
Ron Hochstein, CEO de Vicuña, detalló en un encuentro con la prensa en Buenos Aires los detalles del proyecto del cual se acaba de presentar Evaluación Económica Preliminar (PEA). una instancia clave en el avance hacia la decisión final de inversión. "Vicuña representa un cambio de paradigma para la minería en la Argentina; no es solo un proyecto, es el nacimiento de un distrito de clase mundial que posicionará al país como un actor central en la transición energética global", afirmó.
El plan de negocios de la empresa se sustenta en una producción promedio anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata durante un ciclo de 25 años. En períodos de alta ley, el volumen de cobre podría escalar a las 500.000 toneladas. "Vicuña es un descubrimiento que no se hace hace décadas; para cerrar la brecha entre la oferta actual y la demanda proyectada de cobre se necesitan diez proyectos como este", afirmó Hochstein
El CEO, junto a José Morea, Country Director para la Argentina y Chile, también resaltó que "al ser un yacimiento de bajo costo operativo por encontrarse el mineral cerca de la superficie, la mina va a estar produciendo constantemente, independientemente de las fluctuaciones del mercado".
A precios conservadores de u$s4,6 la libra de cobre, u$s3.300 la onza de oro y u$s40 la de plata, las exportaciones anuales superarán los US$ 6.000 millones. Estos valores se sitúan por debajo de los precios spot actuales, lo que otorga un margen de seguridad financiera al flujo de divisas proyectado. La falta de descubrimientos de esta escala en las últimas décadas, sumada a la demanda de la electrificación global, asegura mercado para la producción local.
Impacto en el empleo y proveedores
La dimensión del proyecto se divide en etapas críticas. Para la construcción se estima un pico de 12.000 trabajadores en la fase de mayor actividad de obra, en tanto que para la operación la mina requerirá 5.500 empleados directos y generará un promedio de 19.000 puestos de trabajo incluyendo indirectos.
La estrategia de recursos humanos descarta el sistema de cuotas obligatorias. En su lugar, el foco se centra en el entrenamiento técnico previo. "No buscamos restricciones ni cuotas; nuestro foco está en invertir para desarrollar la capacitación y el entrenamiento", afirmó el CEO del mayor proyecto metalífero del país.
"Queremos repetir la experiencia de Ecuador -agregó-, donde arrancamos en un estadio similar y hoy el 90% de la mano de obra es local. Todos ganan si trabajamos juntos en escuelas técnicas y universidades para que la juventud tenga oportunidades reales en lugar de esperar a que se cumpla un cupo".
La experiencia del grupo sirve de base para el desarrollo de capacitaciones en San Juan. En cuanto a la cadena de valor, la empresa impulsa la asociación de proveedores locales para alcanzar la escala técnica necesaria en obras de alta complejidad.
Financiamiento y marco legal
Para los accionistas, la vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es la condición técnica que permite la decisión final de inversión. El régimen proporciona la estabilidad fiscal necesaria para proyectos de largo plazo, nivelando la competitividad de la Argentina frente a otras jurisdicciones mineras.
El proyecto ya se presentó bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica a Largo Plazo (Peelp), cubriendo las etapas de expansión de Josemaría y las áreas integradas de Vicuña. La expectativa de la empresa es lograr la aprobación del proyecto que le permita contar con los beneficios fiscales de manera de consolidar los fundamento de la decisión final de inversión prevista para fines de 2026.
"El RIGI es de criticidad altísima: sin este régimen no habría proyecto. Es una de las precondiciones para sancionar la decisión final de inversión porque proporciona la estabilidad fiscal necesaria para este tamaño de desembolsos a largo plazo", afirmó Hochstein.
Así, el esquema de inversión se desglosa en fases que comenzará con los desembolsos de un presupuesto de u$s7.100 millones a partir de 2027 hasta la entrada en operación y producción en 2030. La etapa dos ya registrará inversiones adicionales desde mediados de 2029 para la expansión de capacidad, y la final incluirá la definición de infraestructura mayor, como una planta de refinado y un ducto de agua desalinizada desde el Pacífico.
Logística e infraestructura binacional
El 90% del recurso se encuentra en territorio argentino. No obstante, la operatividad del proyecto requiere la evolución del actual protocolo de exploración hacia un protocolo de explotación bajo el Tratado Binacional con Chile. Esto permitirá ampliar el movimiento actual de insumos y personal sin aduana interna en el área de operaciones.
En la primera etapa, el concentrado se exportará mediante la infraestructura logística existente en la Argentina. Para fases avanzadas, se evalúa el modelo de outsourcing para la construcción de un ducto que transporte el concentrado hacia los puertos del Pacífico, optimizando los costos de flete hacia los refinadores asiáticos.
En términos operativos, los directivos confirmaron que las necesidades de energía para el funcionamiento de las instalaciones serán totalmente abastecidas por la red eléctrica de la Argentina. Este punto refuerza el impacto del proyecto en la infraestructura nacional, independientemente de la salida logística por el Pacífico.
Asimismo, la visión de largo plazo contempla la construcción de una planta y un ducto de agua de mar desalinizada proveniente de Chile. Este desarrollo se realizaría bajo un modelo de outsourcing, donde empresas terceras se encargarían de la construcción y operación, sumando inversiones adicionales a los US$ 18.000 millones propios del yacimiento.
La discusión sobre la Ley de Glaciares
Pero, además, los directivos aseguraron que "el proyecto no tiene problemas con geoformas ni glaciares que limiten el plan de trabajo en ninguna de sus etapas. Bajo la actual Ley de Glaciares, la operación no va a estar limitada".
"Lo que puede generar una aclaración de la norma es facilitarle la tarea a los funcionarios provinciales al momento de acelerar las evaluaciones de impacto ambiental. Muchas veces, ante ambigüedades en la ley, se ven limitados en su accionar para el análisis y la aprobación de proyectos en la cordillera", explicó Morea.
La normativa vigente fue históricamente un punto de debate en el sector minero debido a la falta de precisión técnica en la delimitación de las áreas protegidas, especialmente en lo que respecta al ambiente periglacial. Para los directivos de Vicuña, el desafío no radica en la presencia de estas geoformas dentro del área de explotación —donde aseguran que no existen impedimentos—, sino en la discrecionalidad que la ambigüedad de la ley actual otorga a los organismos de control.
El Congreso nacional a instancias del Poder Ejecutivo busca avanzar en una actualización o clarificación de la norma que permita agilizar los tiempos burocráticos y administrativos en las provincias, otorgando un marco de mayor certidumbre para la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental necesarias.