El Gobierno borró el nombre "Néstor Kichner" de una represa en Santa Cruz: cómo se llamará ahora
El Gobierno nacional oficializó este unes la restitución de los nombres originales a las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, dejando sin efecto las denominaciones impuestas por gestiones anteriores. Mediante el Decreto 238 publicado en el Boletín Oficial, las represas que se llamaban "Presidente Néstor Kirchner" y "Gobernador Jorge Cepernic" volverán a identificarse como Cóndor Cliff y La Barrancosa, respectivamente.
La medida se fundamenta en la necesidad de simplificar la identificación de las obras basándose en criterios técnicos y geográficos. Según los considerandos de la norma, la administración central busca despolitizar la gestión de este complejo energético clave para el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), retomando la nomenclatura histórica que el proyecto tuvo desde su concepción.
Además del cambio simbólico, el decreto establece una profunda reestructuración administrativa. El Poder Ejecutivo decidió retirar el control de los contratos y la gestión de las obras de la órbita de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), trasladando estas responsabilidades de manera directa a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.
De este modo, la Subsecretaría, bajo la dependencia de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, asumirá todas las facultades y obligaciones vinculadas al desarrollo del proyecto. Este organismo será el encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos de obra pública y de coordinar con el consorcio empresario que tiene a su cargo la construcción.
Una nueva gestión para las represas
En el marco de esta transición, se instruyó a la Secretaría de Energía a trabajar en conjunto con ENARSA para asegurar un traspaso ordenado de las funciones. La intención oficial es que el cambio de titularidad del proyecto no afecte la continuidad administrativa ni los compromisos internacionales asumidos con las empresas chinas que financian el emprendimiento.
Los fundamentos del Decreto subrayan la magnitud de la inversión comprometida para este desarrollo en la Argentina. La normativa resalta que el costo total de las obras se estima en aproximadamente u$s4.700 millones, financiados mediante acuerdos de crédito con entidades bancarias de la República Popular China.
La resolución también dispone que se notifique formalmente a las empresas que integran el consorcio -China Gezhouba Group Company Limited, Electroingeniería S.A. e Hidrocuyo S.A.- sobre el nuevo esquema de gestión. El Gobierno nacional considera que esta centralización en una subsecretaría específica permitirá un control más directo sobre el avance de las obras civiles y mecánicas.
El complejo hidroeléctrico en la Argentina es una de las obras de infraestructura más ambiciosas de las últimas décadas en materia hidroeléctrica, con una potencia instalada proyectada de 1.310 megavatios. Sin embargo, los trabajos se encuentran paralizados desde fines de 2023, y este reordenamiento administrativo se percibe como un paso previo necesario para intentar la reactivación del cronograma de tareas.
Finalmente, este nuevo esquema de gestión busca preparar el terreno para una operación técnica más eficiente una vez que las centrales estén terminadas. Con la restitución de los nombres Cóndor Cliff y La Barrancosa, el Ejecutivo cierra un capítulo de sucesivas modificaciones nominales que acompañaron los vaivenes políticos del proyecto en la última década.
La reactivación de las obras en el Río Santa Cruz
La reactivación de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa comenzó a tomar forma tras la firma de la Adenda XII, un paso administrativo y financiero fundamental para garantizar la continuidad del financiamiento chino. Este acuerdo permitió destrabar el flujo de fondos provenientes del consorcio de bancos asiáticos, asegurando los recursos necesarios para cubrir los certificados de obra pendientes y los costos operativos de mantenimiento que demandó el período de parálisis.
En el plano operativo, el foco inicial de la normalización se centró en la reincorporación de los trabajadores y la readecuación de los campamentos en la zona del río Santa Cruz. El Gobierno nacional, la provincia y las empresas constructoras establecieron un cronograma de reactivación gradual que priorizó las tareas de seguridad en los frentes de excavación y el mantenimiento de las máquinas tuneladoras.
En cuanto al despliegue de personal, el proyecto alcanzó picos de ocupación superiores a los 3.000 operarios en sus momentos de mayor actividad, una masa laboral cuya estabilidad depende hoy del ritmo de desembolsos y la reactivación plena. En este contexto, la provincia de Santa Cruz mantiene una vigilancia estricta sobre el cumplimiento de la Ley 3.141, que impone la obligatoriedad de contratar un 70% de mano de obra local.
Finalmente, la consolidación de este nuevo esquema de gestión busca que los aprovechamientos hidroeléctricos alcancen su primer hito de generación antes de que finalice la década. Con la estructura administrativa ahora bajo el control de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, el objetivo oficial es mantener un ritmo de obra constante que permita cumplir con los plazos de llenado de los embalses.
Enarsa sigue perdiendo funciones
Complementariamente a la decisión de desplazar a Enarsa de la construcción de las represas, el Gobierno nacional avanza en su plan de desregulación con la transferencia al sector privado de la gestión, importación y comercialización local del gas natural licuado (GNL).
Esta decisión, que busca reducir la intervención estatal en el mercado energético, se definirá mediante una licitación internacional que ya cuenta con dos oferentes de peso como Trafigura y Naturgy. Con este proceso, la administración central profundiza el recorte de facultades de la compañía estatal, delegando en manos de provados la logística y el suministro de un insumo crítico en el invierno.
El proceso de privatización de ENARSA se enmarca en un plan de reforma del Estado que busca desprenderse de activos estratégicos considerados deficitarios o ineficientes bajo la gestión pública. Según los lineamientos del Ministerio de Economía, la compañía fue incluida en el listado de empresas sujetas a privatización total o parcial, iniciando una etapa de auditorías y saneamiento de pasivos.
Esta hoja de ruta pretende desmantelar la estructura burocrática de la firma y transferir sus unidades de negocio, desde la infraestructura y la gestión de combustibles, a esquemas de competencia privada en la Argentina, hasta los activos más atractivos de la compañía que son sus centrales termoeléctricas.
Actualmente, el núcleo de la generación térmica de Enarsa se concentra en dos activos estratégicos que el Gobierno busca privatizar. Se trata de las plantas, operadas bajo esquemas de fideicomiso y con participación de generadores privados, Central Térmica José de San Martín: Ubicada en la localidad de Timbúes, Santa Fe, y Central Térmica Manuel Belgrano, emplazada en Campana, Buenos Aires.
Entre ambas usinas, la compañía estatal controla aproximadamente el 8% de la capacidad de generación eléctrica de la Argentina. En procesos previos de reordenamiento, Enarsa se desprendió de otras centrales como Ensenada de Barragán (Buenos Aires) y Brigadier López (Santa Fe), las cuales pasaron a manos de operadores privados como Pampa Energía y Central Puerto.