Uno por uno cuáles son los RIGI aprobados y en revisión que ya rozan los u$s100.000 millones
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) consolidó una masa de capitales clave para el mediano y largo plazo en la Argentina, y así lo refleja un relevamiento de la consultora Paspartú que determinó que el esquema oficial computa un total global de u$s94.922 millones entre las iniciativas que ya obtuvieron el visto bueno gubernamental y aquellas que aguardan en los despachos bajo análisis técnico.
El reporte sectorial identificó que del universo que superó los filtros regulatorios, la minería acapara el 51% de las asignaciones, seguida de cerca por el segmento del petróleo y el gas con un 42%. El margen restante se distribuye de manera decreciente entre proyectos de energía con el 3%, siderurgia con el 2% e infraestructura con idéntica proporción.
A la fecha, el Ministerio de Economía dictó la aprobación de 15 proyectos de Vehículos de Proyecto Único (VPU), mientras que desestimó una sola postulación. El bloque de inversiones autorizadas contempla un desembolso inicial de u$s6.860 millones para los primeros dos años, una obligación mínima en activos computables de u$s13.970 millones con plazo extendido hasta 2035 y un volumen total proyectado que escala a los u$s19.557 millones.
El escenario inversor proyecta un dinamismo adicional a partir de la reciente instrumentación del denominado Súper RIGI. Con una exigencia de inversión mínima de u$s1.000 millones en activos computables y la obligación de desembolsar el 20% de ese monto durante los primeros dos años, el esquema apunta a viabilizar proyectos de vanguardia global que van desde la industrialización del litio y la producción de hidrógeno verde, hasta la instalación de reactores nucleares modulares (SMR) y plantas petroquímicas.
RIGI: para el Gobierno lo mejor está por venir
En una instancia posterior de evaluación técnica se localizan 21 proyectos en trámite, cuyas inversiones anunciadas trepan a u$s75.365 millones. La geografía de estos capitales en espera exhibe una fuerte impronta federal con epicentro en la provincia de Neuquén, que concentra el 41,6% de las intenciones de desembolso, traccionada por el yacimiento Vaca Muerta, secundada por San Juan con el 28,5% mediante megaemprendimientos de cobre.
El mapa de los fondos bajo análisis oficial se complementa con la participación de Salta, que absorbe el 10,8% del dinero en trámite, Río Negro con el 10,4% y Catamarca con el 6,4%. En escalones inferiores aparecen Jujuy con el 1,6%, Buenos Aires con el 0,4% y La Pampa con el 0,1%, lo cual evidencia el sesgo netamente cordillerano y extractivo del interés corporativo internacional.
La procedencia del capital para los desarrollos vigentes demuestra un fuerte protagonismo de firmas originarias de Europa, Canadá, Australia y China. En contrapartida, el informe de la consultora Paspartú remarcó que las corporaciones de Estados Unidos poseen apenas una participación marginal en el entramado vigente, al figurar como accionistas minoritarios en solamente dos de los Vehículos de Proyecto Único que consiguieron luz verde institucional.
Entre los planes de inversión más significativos que se encuentran en el listado de aprobados destaca el tramo rionegrino del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que prevé un desembolso total de u$s2.720 millones. En la misma provincia, el proyecto de licuefacción de gas natural flotante (FLNG) registra un presupuesto global de u$s6.878 millones, lo que convierte a esa zona costera en un nodo exportador estratégico para el mercado de hidrocarburos.
Megadesarrollos bajo la lupa oficial
Algunos proyectos presentados llaman la atención por la magnitud de las inversiones previstas, de los cuales el más emblemático de este grupo es el megadesarrollo de upstream "LLL OIL" presentado por YPF para la formación Vaca Muerta, una ambiciosa apuesta de desarrollo masivo que contempla desembolsos por u$s25.000 millones que permitirá dar el impulso a las metas exportadoras de crudo.
En sintonía con la reconversión de los bloques productivos, Pan American Energy (PAE) sacudió el tablero con una primera postulación para el segmento convencional. La operadora busca estructurar un programa de inversiones de más de u$s680 millones orientado a la optimización de recursos maduros a través de técnicas de recuperación terciaria que apuntan a extender la vida útil y revertir el declive técnico de sus principales activos en Chubut.
La capilaridad del RIGI también alcanza a jugadores independientes enfocados en consolidar su posicionamiento estratégico en la ventana del shale. La colombiana GeoPark mantiene bajo revisión una propuesta para los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste que asciende a los u$s1.000 millones, mediante un esquema de inversión que busca acelerar la delimitación y el desarrollo de infraestructura de evacuación temprana.
Por su parte, Pampa Energía tracciona un ambicioso pipeline corporativo que acumula compromisos globales por aproximadamente u$s10.000 millones entre sus diferentes unidades de negocio. Este portafolio diversificado incluye una planta de separación de líquidos del gas natural, la producción masiva de petróleo a través del área Rincón de Aranda y la construcción de una planta de producción de urea granulada en Bahía Blanca.
La minería metalifera también asoma
Por el lado de la minería metalífera con aval formal, la provincia de San Juan encabeza la nómina mediante el Proyecto Los Azules, orientado a la extracción de cobre, con una inversión total calculada en u$s2.672 millones. En paralelo, Salta se posiciona firmemente en la carrera del litio con el Proyecto Rincón, una iniciativa que compromete fondos por u$s2.744 millones para la construcción de su planta de procesamiento.
El análisis crítico de la consultora Paspartú advirtió sobre ciertos márgenes de opacidad regulatoria en la implementación cotidiana del régimen, debido a que el Estado no dispone de un repositorio centralizado que unifique, ordene y publicite los datos consolidados. Esta falencia técnica debilita los estándares de acceso a la información pública, un aspecto sensible considerando que se otorgan amplias exenciones fiscales por un período de 30 años.
Asimismo, el informe técnico planteó reparos respecto de la ampliación del RIGI al upstream petrolero en la cuenca neuquina. Los analistas sectoriales advirtieron sobre el riesgo fiscal de otorgar beneficios extraordinarios a proyectos de producción en Vaca Muerta que poseían rentabilidad garantizada antes de la ley, puesto que la vaguedad en los límites para áreas con desarrollo previo deja un margen de discrecionalidad en la autoridad de aplicación.
El horizonte de los próximos catorce meses estará marcado por una aceleración en las presentaciones corporativas debido a la prórroga anual del plazo de adhesión extendido hasta el 8 de julio de 2027. Las compañías buscarán adecuar sus estructuras jurídicas para capturar la estabilidad fiscal, mientras la petrolera estatal YPF lidera la tracción de los planes de mayor envergadura como el megaproyecto de shale oil denominado LLL OIL por u$s25.000 millones.