Río Negro aprobó un impuesto al agua a las hidroeléctricas para recaudar u$s40 millones al año
La Legislatura de la provincia de Rio Negro aprobó anoche la aplicación de un nuevo impuesto a las empresas concesionarias de las represas Alicurá, El Chocón y Piedra del Aguila, por el uso del agua del río Limay apra la generación de electricidad, por lo que se estima la provincia recaudará unos u$s40 millones al año.
A pesar de que se trata de una concesión federal, las empresas concesionarias deberán pagar a la provincia el 1% de su facturación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Este dinero será administrado por la Secretaría de Estado de Ambiente y Energía, que lo destinará a un fondo específico para financiar proyectos relacionados con la gestión sostenible del agua.
Durante el debate parlamentario, el oficialismo destacó que esta medida representa un avance en el reconocimiento del dominio provincial sobre los recursos naturales, establecido en la reforma constitucional de 1994. La legisladora Lorena Yensen calificó la ley como un acto de «justicia histórica y federal».
En la misma sesión, la oposición planteó su disidencia a que el agua sea tratada bajo criterios de rentabilidad económica, a pesar de lo cual intentaron que los beneficios de la recaudación se distribuyan entre los municipios afectados por las represas.
Las empresas que tienen a cargo la concesión de las represas del Comahue transitan sus primeros meses de gestión tras desembolsar más de u$s700 millones en la licitación nacional por un contrato por los próximos 30 año.
El proyecto oficial que ya es ley
La Legislatura aprobó un proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck que buscaba implementar un esquema de compensación económica por el uso del agua en la generación eléctrica de las represas de Comahue.
La iniciativa tendrá un fuerte impacto fiscal sobre la ecuación económica del sector. El objetivo central de la normativa apunta a las empresas privadas que tomaron el control operativo de los complejos hidroeléctricos del Comahue a principios de este año.
El nuevo marco legal afectará las operaciones vigentes de las centrales Alicurá (en manos de Edison Inversiones), El Chocón (gestionada por BML Inversora) y Piedra del Águila (bajo la órbita de Central Puerto). Estas compañías, que asumieron sus funciones tras el proceso de privatización nacional, deberán readecuar sus costos ante la irrupción de una tasa local que no estaba contemplada originalmente en la normativa histórica de los años noventa.
El gerente general del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Santiago Yanotti, precisó en declaraciones periodísticas que la medida representa un quiebre en la historia del federalismo argentino. La raíz de este avance normativo se fundamenta en que, si bien el Gobierno nacional completó la transferencia de los activos energéticos, la reforma de la Constitución Nacional de 1994 consagró en su artículo 124 el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
Al amparo de este principio, la administración rionegrina obliga a los nuevos consorcios a pagar por el insumo que mueve las turbinas. La estrategia política liderada por el gobernador Weretilneck abre un escenario de tensión con la administración central y las corporaciones eléctricas, las que aún no se expresaron sobre el canon.
Las autoridades provinciales sostienen que el agua utilizada para generar energía posee un valor económico autónomo por el cual las compañías deben tributar un canon específico. El argumento rionegrino plantea que las empresas privatizadas no pueden hacer un uso gratuito y discrecional de un recurso que pertenece constitucionalmente al territorio donde se asientan las cuencas.
El impacto económico en las tarifas
En términos económicos, la ley establece que las firmas concesionarias deberán abonar a la Provincia de la Argentina una tasa equivalente al 1% de la facturación total que obtengan por la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Esta retribución por el uso del recurso natural renovable se sumará a las regalías hidroeléctricas tradicionales y constituirá un flujo de fondos líquidos que ingresará de forma directa a las arcas fiscales locales.
Los cálculos preliminares elaborados por los equipos técnicos del Ministerio de Economía provincial proyectan un salto presupuestario de envergadura para la provincia. Tomando como base de análisis el comportamiento hídrico de los ríos Limay y Neuquén, junto con los precios del mercado mayorista, las autoridades estiman que los ingresos anuales rionegrinos por la explotación de las centrales pasarán de los actuales u$s9,5 millones a una cifra superior a los u$s40 millones con el nuevo esquema.
Un elemento innovador de la legislación radica en la facultad que se reserva la provincia para percibir estas compensaciones en especie. Este mecanismo técnico facultará a Río Negro a exigir que parte del cobro se efectivice mediante energía física valorizada al costo equivalente que abonan los usuarios residenciales e industriales dentro del territorio rionegrino.
Con esto, el Ejecutivo busca aislar una porción del suministro de las fluctuaciones de la tarifa general del sistema interconectado y garantizar un reaseguro estratégico para el abastecimiento interno. El proyecto de ley contempla asimismo un capítulo orientado a fortalecer la posición de la provincia dentro de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el organismo encargado del control hidrológico en la región.
La norma determina que las operadoras privadas tendrán la obligación de financiar los estudios técnicos y ejecutar las obras de infraestructura civil complementarias necesarias para garantizar la seguridad de las presas y el mantenimiento de los límites de embalse, minimizando de este modo los riesgos de inundación en las zonas productivas de los valles inferiores.
Destino de los fondos y la pulseada legislativa
El destino final de los excedentes financieros generados por el cobro del canon hídrico ya fue delineado por el gabinete provincial. El plan oficial consiste en transformar los ingresos provenientes de la renta de los recursos naturales en inversión pública de carácter estructural.
Las partidas presupuestarias adicionales que se obtengan a partir de la nueva ley se orientarán de forma prioritaria a la repavimentación de rutas provinciales críticas, la modernización de la red de hospitales públicos y la expansión de la infraestructura de conectividad regional.
Los representantes del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro y de la alianza Vamos con Todos plantearon que, si bien comparten el reclamo de soberanía sobre los ríos, eran necesarias modificaciones técnicas en el articulado para garantizar que los nuevos ingresos sean coparticipados de manera directa con los municipios de la provincia.
Esta ofensiva de Río Negro sobre las centrales del Comahue se inscribe en una estrategia más amplia de diversificación económica y endurecimiento regulatorio sobre los sectores extractivos de la provincia, que abarca también al sector petrolero y de la minería metalífera.