El Gobierno reasigna u$s110 M de la exportación eléctrica para a una obra clave en el AMBA

La Secretaría de Energía reordenó los esquemas financieros destinados a la infraestructura del sistema de transmisión eléctrica, lo que permitirá disponer de un capital inicial de u$s110 millones para las obras de construcción del preyecto de tendido eléctrico denominado AMBA I, clave para mejroar la capacidad del sistema.

Lo hizo a través de la Resolución 201/2026 publicada en el Boletín Oficial, por la cual dispuso la liberación de los recursos acumulados en la denominada "Cuenta de Exportaciones", una caja administrada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). 

El fondo, alimentado por las ventas de energía eléctrica a países vecinos, acumula un saldo cercano a los u$s110 millones que ahora se redirigirán para funcionar como un anticipo financiero en el proceso licitatorio del Proyecto AMBA I tal lo dspuesto por el área conducida por María Tettamanti.

La decisión administrativa implica una modificación respecto del discurso mantenido por la conducción económica en materia de infraestructura. En reiteradas oportunidades, el Gobierno aseguró que las obras públicas de infraestructura no contarían con aportes del Tesoro ni fondos estatales, y que el desarrollo del sector quedaría bajo el dominio exclusivo del mercado.

Sin embargo, la magnitud de la inversión requerida y las complejidades técnicas para estructurar garantías de cobro que conformen a los actores privados postergaron los planes iniciales de una obra prioritaria para la seguridad energetica del mayor conglomerado urbano del país y que lleva varios gobiernos bajo análisis, lo que llevó a la gestión nacional a echar mano de estos recursos sectoriales para destrabar el inicio de los trabajos.

Una obra millonaria clave para reducir cortes de luz

El Proyecto AMBA I representa una obra estratégica e indispensable para mitigar el riesgo de colapsos en el suministro y prevenir cortes masivos de luz durante los picos de demanda estivales, en un parea urbana de alta demanda energética.

La región metropolitana de Buenos Aires concentra cerca del 40% del consumo eléctrico total del país. En la actualidad, el entramado de transmisión se encuentra operando al límite de su capacidad, lo cual impide ingresar mayores volúmenes de energía generada en otros puntos del territorio nacional o aprovechar al máximo la producción de las centrales de generación instaladas en la zona. 

Sin nuevas redes de alta tensión, no sólo no se pueden sumar nuevas plantas de genración renovables o térmicas sino que cualquier falla puntual o sobrecarga por altas temperaturas deriva de manera inevitable en interrupciones del servicio a gran escala. En términos técnicos, la iniciativa comprende la ejecución de un paquete de infraestructura diseñado para ampliar los nodos de ingreso de energía al conurbano y la Capital Federal. 

El plan abarca la construcción de la nueva Estación Transformadora (ET) Plomer, concebida como un punto nodal clave, junto con la ampliación de la ET 25 de Mayo. De manera complementaria, la obra contempla la intervención y adecuación tecnológica de las estaciones transformadoras Atucha, Ezeiza, General Rodríguez, Mercedes, Luján, Zapalorto y Pantanosa, sumado al tendido de líneas de alta tensión asociadas que permitirán redistribuir los flujos de carga en todo el anillo metropolitano.

Un proyecto largamente demorado durante varios gobiernos

Pese a la urgencia que demanda el sistema, el llamado a licitación para la ejecución de AMBA I acumula repetidas demoras y constantes modificaciones en su hoja de ruta. Tras la decisión adoptada en 2024 de descartar el financiamiento preferencial otorgado por bancos chinos -mecanismo que se había negociado durante la administración previa-, las autoridades intentaron encuadrar el desarrollo bajo el régimen de "concesión de obra pública". 

Bajo este esquema, la empresa privada adjudicataria debe asumir la totalidad del costo inicial, estimado en torno a los u$s1.000 millones, para recién comenzar a percibir la remuneración de su inversión una vez que las instalaciones entren en operación comercial.

Las condiciones fijadas para el esquema privado abrieron un extenso debate técnico sobre la viabilidad del repago. Ante la objeción del sector bancario para financiar un proyecto que no genera ingresos durante su etapa de construcción, la cartera de Energía evaluó la posibilidad de instrumentar un "estampillado previo".

Este mecanismo buscaba incorporar un recargo temporal en las boletas del servicio para que los usuarios comenzaran a pagar la obra por adelantado. Sin embargo, la alternativa fue desestimada al constatarse que vulneraba los principios normativos vigentes en la regulación de los servicios públicos.

Un aval internacional y una licitación inminente

Como respuesta a la falta de financiamiento internacional privado, el Estado inició gestiones paralelas para obtener el respaldo de organismos de crédito. Entre las medidas adoptadas figura la solicitud de una garantía por u$s200 millones ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinada a cubrir los riesgos de impago del futuro concesionario. 

Aunque este aval internacional cuenta con el respaldo de la República Argentina, los requerimientos formales del organismo multilateral obligaron a convocar a una consulta pública no vinculante a fines de julio de 2026, lo cual dilató aún más los tiempos institucionales previos al llamado a licitación anunciado por el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo.

Ahora, la aplicación de la Resolución 201/2026 dejó sin efecto la asignación previa que poseía la Cuenta de Exportaciones de CAMMESA, cuyos fondos estaban destinados a nutrir las obras del Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional en diversas provincias. 

Al concentrar el pozo de u$s110 millones de forma exclusiva en AMBA I, las autoridades buscan proveer el capital de trabajo inicial necesario para que la compañía que resulte ganadora pueda concretar el acopio de materiales y la contratación de servicios de ingeniería sin depender del crédito privado bancario en la fase inicial de las tareas.

El reordenamiento normativo no despejó la totalidad de las dudas operativas planteadas por los analistas del sector. La resolución emitida por Tettamanti no detalla la letra chica del auxilio financiero: no se especificó si la suma otorgada a la empresa contratista revestirá el carácter de un crédito reembolsable que deba ser devuelto al sistema una vez concluida la obra, o si se tratará de un subsidio directo para reducir la tarifa final de la concesión.

En paralelo, la decisión de volcar la totalidad del saldo acumulado en la zona metropolitana reabrió las discusiones vinculadas al criterio de distribución federal de las inversiones energéticas, en un contexto donde varias regiones del interior continúan aguardando la concreción de obras de transporte para sostener su desarrollo productivo.