Argentina advierte que el petróleo de Malvinas podría financiar la base militar británica
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Argentina advirtió ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar que los ingresos del proyecto petrolero Sea Lion podrían terminar financiando la base militar y las fuerzas británicas desplegadas en las Islas Malvinas. El planteo fue realizado por Mario Oyarzábal, asesor jurídico de la Cancillería argentina, durante la audiencia del 10 de noviembre en Hamburgo.
Buenos Aires no se limitó a expresar una preocupación política. La delegación argentina respaldó su argumento con antecedentes del propio Gobierno británico que reconocen la posibilidad de destinar recursos hidrocarburíferos para compensar gastos de defensa en el archipiélago.
El caso se inscribe en la solicitud de medidas provisionales que presentó Argentina para impedir que avance la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte. Hasta ahora, el litigio se había concentrado principalmente en derechos sobre recursos naturales y consecuencias ambientales.
Ahora, la dimensión militar entró formalmente en la controversia judicial.
El argumento que vincula petróleo con presencia militar británica
Oyarzábal sostuvo que la relación entre explotación de hidrocarburos y sostenimiento de la presencia militar constituye una preocupación central para Argentina. Según consta en la transcripción oficial de la audiencia, el funcionario argumentó que los recursos provenientes de una plataforma continental cuya soberanía permanece en disputa podrían financiar el dispositivo que permite a Londres mantener su control sobre el territorio.
"Los recursos de la plataforma continental en disputa financiarían precisamente la base militar y la presencia que sostienen el control de facto del Reino Unido sobre el territorio", afirmó Oyarzábal, según la traducción publicada por el Tribunal.
La declaración introduce un ángulo estratégico que trasciende lo ambiental o económico. Buenos Aires plantea que Sea Lion no solo implica explotación unilateral de recursos, sino que podría consolidar una situación territorial que considera contraria a sus derechos soberanos.
Para fundamentar esa posición, la delegación argentina recurrió a documentos británicos de 1991 y a declaraciones parlamentarias posteriores. Entre ellas, una intervención de 2012 en la que un ministro del Reino Unido reconoció explícitamente la posibilidad de destinar parte de los futuros ingresos petroleros a compensar gastos militares.
La declaración británica de 2012 que Argentina recuperó
Uno de los antecedentes más importantes citados por Oyarzábal corresponde al 13 de junio de 2012. Ese día, el entonces ministro británico para Europa, David Lidington, respondió una consulta parlamentaria sobre el desarrollo de hidrocarburos alrededor de Malvinas.
El diputado Jim Shannon preguntó si los ingresos derivados de una eventual explotación petrolera beneficiarían a la población de las islas y si Londres garantizaría protección a las compañías involucradas.
Lidington confirmó que los recursos fiscales corresponderían inicialmente a la administración local, pero añadió que sus autoridades habían expresado voluntariamente la intención de compartir una parte con Reino Unido para compensar los costos de defensa del archipiélago.
La declaración quedó registrada en el archivo oficial de debates de la Cámara de los Comunes, conocido como Hansard. Constituye uno de los antecedentes documentales empleados ahora por la representación argentina ante el Tribunal del Mar.
La distinción resulta importante. Aquella intervención no estableció una obligación de transferir fondos ni aprobó una asignación presupuestaria específica. El funcionario británico se refirió a una intención atribuida a las autoridades locales, en un momento en que la explotación comercial del petróleo todavía no había comenzado.
Sin embargo, sus palabras reconocieron públicamente que los posibles ingresos hidrocarburíferos podían relacionarse con la compensación de gastos que Londres afronta para mantener sus fuerzas militares en el Atlántico Sur.
La cuestión sigue siendo prospectiva. Todavía no existe evidencia de que Sea Lion esté generando ingresos destinados a las Fuerzas Armadas británicas, ya que el proyecto permanece en una etapa previa al comienzo de la producción comercial.
Otros antecedentes británicos sobre petróleo y defensa en Malvinas
La presentación argentina también cita un antecedente de 1991, atribuido al entonces ministro británico de Hacienda, Norman Lamont. Según la referencia documental incorporada por Oyarzábal, en aquella oportunidad se había planteado que los ingresos fiscales derivados de un descubrimiento petrolero importante debían beneficiar al Tesoro británico.
La transcripción remite a un documento de los archivos nacionales del Reino Unido, citado en una investigación académica publicada en 2022. Sin embargo, el texto original de esa comunicación no fue reproducido íntegramente durante la audiencia.
A estos antecedentes se suma una referencia a declaraciones de la legisladora local Cheryl Roberts, recogidas por Financial Times en julio de 2026. La delegación argentina utilizó esa información para sostener que la posibilidad de compartir ingresos petroleros con Reino Unido continúa formando parte de la discusión sobre el futuro económico de las islas.
No obstante, Argentina no presentó una decisión presupuestaria definitiva que establezca montos o mecanismos de transferencia.
El argumento fue recogido el 10 de noviembre por el periódico británico The Guardian, que cubrió las exposiciones de ambas delegaciones. La transcripción oficial permite profundizar sobre los antecedentes utilizados por Argentina y comprobar que la referencia al financiamiento militar no surgió únicamente de una interpretación política del conflicto.
Cómo se distribuyen actualmente las responsabilidades británicas en Malvinas
La controversia también debe analizarse a partir de las responsabilidades actualmente reconocidas por el propio Gobierno británico. Londres conserva las competencias sobre defensa, seguridad y relaciones exteriores del archipiélago.
Mientras tanto, la administración local gestiona sus políticas económicas y regula las actividades hidrocarburíferas bajo el sistema jurídico vigente en las islas.
En mayo de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico volvió a precisar esa distribución de atribuciones mediante una respuesta escrita ante la Cámara de los Lores.
El esquema tampoco significa que todos los gastos de seguridad de las islas sean financiados desde Londres. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa británico confirmó en noviembre de 2023 que no financia a la Falkland Islands Defence Force (FIDF), la fuerza local de reservistas, cuyos recursos proceden de la administración del archipiélago.
Esa situación debe diferenciarse del sostenimiento de las unidades regulares británicas desplegadas en Monte Agradable. También de los medios navales y aéreos que operan bajo responsabilidad del Ministerio de Defensa.
Sea Lion: qué ingresos podría generar el proyecto petrolero
La discusión sobre el eventual destino de los ingresos de Sea Lion adquiere relevancia por la dimensión económica que podría alcanzar el proyecto. La explotación, impulsada por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, contempla el desarrollo de reservas hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte.
El proyecto podría modificar considerablemente las finanzas de la administración británica del archipiélago durante las próximas décadas.
El sistema fiscal establecido por las autoridades locales contempla, como régimen general, regalías del 9% sobre el valor del petróleo extraído. A eso se suma un impuesto del 26% sobre las ganancias empresariales ajustadas, además de otras obligaciones aplicables a la actividad.
Se trata de ingresos potenciales que dependerán de la producción efectiva, los precios internacionales, los costos del desarrollo y las condiciones tributarias aplicables. Por lo tanto, no pueden considerarse recursos ya disponibles para el presupuesto de las islas.
Como informó Escenario Mundial, el plan de gobierno británico para Malvinas correspondiente al período 2026-2030 contempla un programa de infraestructura superior a las 300 millones de libras. También la preparación de un fondo soberano para administrar los futuros ingresos petroleros.
La iniciativa incluye inversiones portuarias, energéticas y de infraestructura. Sin embargo, no establece públicamente que una proporción determinada de esos recursos vaya a transferirse al presupuesto militar británico.
El dispositivo militar británico que sostiene el control en Malvinas
La presencia de Reino Unido en Malvinas se sostiene actualmente mediante un dispositivo que combina medios terrestres, aéreos y navales. Su principal instalación es el complejo militar de Monte Agradable.
Allí se encuentran desplegados cuatro cazas Eurofighter Typhoon, unidades de apoyo, sistemas de defensa aérea y personal de distintas especialidades.
A ese esquema se suma el patrullero oceánico HMS Medway, que realiza operaciones en el Atlántico Sur, además de contingentes terrestres desplegados mediante el sistema de rotaciones del Ejército británico.
Escenario Mundial informó en septiembre que Londres prevé reemplazar los cuatro Typhoon Tranche 1 desplegados en Malvinas por otros cuatro Tranche 2 hacia finales de 2027. La sustitución permitirá mantener la misión de defensa aérea con aeronaves más modernas.
Sin embargo, no representa un aumento confirmado de la cantidad de cazas presentes en el archipiélago.
Los costos de mantenimiento, infraestructura, logística y personal de ese dispositivo corresponden a un ámbito presupuestario diferente del sistema fiscal local que recibiría los ingresos iniciales de Sea Lion.
En su intervención ante los magistrados, Oyarzábal vinculó precisamente ambos planos: la utilización unilateral de recursos naturales de un territorio en disputa podría proporcionar nuevas fuentes de financiamiento para consolidar una situación de control territorial que Buenos Aires considera contraria a sus derechos soberanos.
La argumentación busca demostrar que las consecuencias de Sea Lion no serían exclusivamente económicas o ambientales. También podrían proyectarse sobre la permanencia de la estructura británica en las islas.
Qué respondió Reino Unido ante el Tribunal del Mar
La posición del Reino Unido fue diferente. Durante las audiencias, la procuradora general británica, Ellie Reeves, defendió el derecho de los habitantes del archipiélago a desarrollar sus recursos naturales.
Reeves advirtió que una suspensión de Sea Lion podría provocar consecuencias económicas graves para la población local.
Londres también cuestionó la competencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intervenir sobre una controversia que, según sus representantes, está vinculada fundamentalmente con la soberanía territorial.
Escenario Mundial reconstruyó el 10 de noviembre los argumentos presentados por ambas delegaciones y las cuatro medidas provisionales solicitadas por Argentina. Buenos Aires busca impedir el comienzo o la continuación de las operaciones petroleras mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá examinar la controversia.
También solicita preservar información técnica, proteger el medio marino y evitar decisiones que puedan agravar el diferendo.
Las audiencias concluyeron el miércoles 11 de noviembre. El Tribunal deberá pronunciarse sobre la solicitud de medidas provisionales en las próximas semanas.
Esa decisión no resolverá la soberanía de Malvinas ni determinará de manera definitiva cómo deben distribuirse los eventuales ingresos petroleros. Esas cuestiones exceden el objeto inmediato del procedimiento y podrían requerir años de litigio ante instancias arbitrales o judiciales internacionales.
