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Javier Milei presentó una reforma para impedir que el Banco Central vuelva a financiar al Estado mediante emisión y ofrecer reglas monetarias más estables. Sin embargo, la posibilidad de convertir esa promesa de largo plazo en una ley depende de un Congreso donde el Gobierno necesita aliados y tiene cada vez menos recursos para negociar.

La recaudación tributaria cayó, la Nación acumuló obligaciones impagas con las provincias y la estrategia para retirar pesos del mercado provocó un fuerte salto en las tasas de corto plazo. El desafío inmediato es sostener la calma cambiaria sin agravar las dificultades que enfrentan el crédito y la actividad.

¿Qué cambia con la reforma del Banco Central que anunció Milei?

El proyecto busca que la misión principal del Banco Central vuelva a ser preservar el valor de la moneda. También propone prohibir de manera expresa el financiamiento al Estado, tanto mediante adelantos como a través de la compra de títulos públicos en el mercado primario.

Otro punto central es el mecanismo de remoción de las autoridades. Para desplazar al presidente o a los directores del Banco Central se necesitaría el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. El Gobierno sostiene que esa condición reduciría la influencia de los cambios políticos sobre las decisiones monetarias.

La iniciativa también restringe el giro de resultados contables al Tesoro y propone eliminar las letras intransferibles. La intención oficial es impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar al Banco Central como una fuente de recursos para cubrir el déficit.

Sin embargo, todavía se trata de un proyecto. La fortaleza real de esas reglas dependerá de los votos que consiga el oficialismo y de la posibilidad de que una administración posterior vuelva a modificarlas.

¿Por qué la caída de la recaudación complica al Gobierno con las provincias?

Los ingresos tributarios cayeron 8,6% en términos reales durante el primer semestre. Solo en junio, el retroceso alcanzó el 11,6%, mientras que la recaudación del IVA disminuyó 4,9% y reflejó la persistente debilidad del consumo.

La caída reduce los recursos coparticipables y limita el margen de la Casa Rosada para ofrecer fondos a los gobernadores. A esa dificultad se suman las obligaciones reconocidas pero todavía impagas de la Nación con las provincias, que acumularon $6,2 billones durante los primeros seis meses del año.

Los mandatarios provinciales reclaman transferencias y definiciones políticas antes de acompañar las reformas que Milei necesita aprobar. En el Gobierno reconocen que el Congreso se convirtió en un obstáculo cada vez más difícil, especialmente ante la proximidad del calendario electoral de 2027.

La reforma del Banco Central deberá atravesar ese escenario. Para reunir apoyos, el oficialismo tendrá que negociar con gobernadores que reciben menos coparticipación y reclaman el pago de compromisos pendientes.

¿Por qué subieron las tasas y qué puede pasar con el crédito?

La última licitación del Tesoro renovó más deuda de la que vencía y retiró una cantidad adicional de pesos del mercado. La operación buscó reducir la liquidez disponible y limitar el riesgo de que esos fondos se trasladaran hacia el dólar.

La contracara apareció en las tasas de muy corto plazo. La caución utilizada por los operadores para conseguir liquidez pasó de alrededor del 20% al 40% en una jornada. Según los analistas, el salto respondió a la escasez de pesos y al endeudamiento de inversores que tomaron crédito para participar en la licitación.

La incertidumbre es si se trató de un episodio puntual o si la falta de liquidez se mantendrá. Una normalización rápida permitiría que las tasas retrocedan. Si permanecen elevadas, podrían encarecer el financiamiento de bancos, empresas y familias, además de sumar otro freno a la actividad.

El Gobierno consiguió contener las presiones cambiarias, pero ahora necesita evitar que ese resultado se sostenga a costa de un crédito más caro. Esa será una de las principales señales que observará el mercado antes de la próxima licitación del Tesoro.