Morosidad: qué proponen los proyectos de Diputados para refinanciar deudas y frenar abusos
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Puntos importantes
La morosidad familiar llegó al 12,81%.
Un dictamen prioriza transparencia y antifraude.
Otros dos buscan refinanciación o insolvencia.
La morosidad de los créditos a las familias llegó al 12,81% en agosto de 2026, según el Banco Central (BCRA). En ese contexto, la Cámara de Diputados cuenta con tres dictámenes que plantean distintas respuestas al endeudamiento de los hogares: uno apunta a reforzar la transparencia crediticia y prevenir fraudes, mientras que los otros dos proponen mecanismos de refinanciación, regularización de deudas y procedimientos de insolvencia.
Las iniciativas difieren en el alcance de la intervención. El dictamen de mayoría se concentra en la información que deben brindar los proveedores de crédito y en la protección de los consumidores durante la contratación. Los dos dictámenes de minoría, en cambio, incorporan herramientas para modificar las condiciones de las obligaciones existentes y atender situaciones de sobreendeudamiento.
La morosidad de los créditos a las familias llegó al 12,81%
El Informe sobre Bancos del BCRA mostró que la irregularidad de los créditos a las familias se ubicó en el 12,81% en agosto, frente al 12,94% de julio. Aunque registró una baja mensual, acumuló un aumento de 3,5 puntos porcentuales durante los primeros ocho meses de 2026.
La mora de los préstamos personales subió al 17%, desde el 16,7% del mes anterior, mientras que la correspondiente a las tarjetas de crédito bajó del 12,8% al 12,2%. En ambos casos, los indicadores aumentaron respecto de diciembre de 2025.
Las dificultades también se reflejan en la continuidad de los acuerdos de pago. Un estudio de Econviews, que analizó cerca de 1,75 millones de casos de deudores de bancos, billeteras virtuales y fintechs que habían regularizado su situación, detectó que el 48,5% volvió a caer en mora dentro de los 12 meses siguientes. La proporción fue del 22,9% a los tres meses y del 35,4% a los seis.
Desde la plataforma de recuperación financiera Defende.me, su fundador y CEO, Juan Manuel Baya Casal, señaló que algunos deudores comienzan a pagar una refinanciación, pero interrumpen las cuotas por una caída de ingresos, la acumulación de otras obligaciones o la falta de capacidad para sostener el acuerdo. Por eso, explicó, al evaluar un plan es necesario considerar los ingresos disponibles, los gastos esenciales y las demás deudas, y no solamente el monto de la cuota inicial.
El destino del financiamiento también permite dimensionar el problema. Según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora de septiembre, el 56,2% de los encuestados había tomado deuda durante los seis meses anteriores. Entre ellos, el 55,1% destinó el dinero a gastos básicos, como alimentos y salud, y el 21,3% lo utilizó para pagar tarifas y servicios. Además, dos de cada tres personas afirmaron quedarse sin dinero antes del día 20 de cada mes.
El relevamiento indicó, además, que el 67% considera que el Estado debería intervenir de alguna manera frente al endeudamiento. Dentro de ese grupo, el 61,3% se inclinó por regular el otorgamiento y las condiciones de los créditos, mientras que el 23,6% propuso refinanciar las deudas mediante el BCRA.
Dictamen de mayoría: transparencia crediticia y prevención del fraude
El dictamen de mayoría, respaldado por La Libertad Avanza, el PRO y un sector de la UCR, propone una nueva Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores.
La iniciativa alcanza a entidades financieras, emisoras no financieras de tarjetas, proveedores no financieros de crédito, proveedores de servicios de pago y otros sujetos que otorguen financiamiento en relaciones de consumo.
Uno de sus ejes es la obligación de brindar información cierta, clara, suficiente y comprensible desde la publicidad y la etapa previa a la contratación hasta la vigencia del crédito. Los proveedores deberán informar, entre otros aspectos, el monto efectivamente financiado, la tasa de interés, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), el valor y la cantidad de cuotas, los cargos, las comisiones, los seguros, las consecuencias de la mora y el monto total a pagar.
El costo financiero deberá tener una presentación visual adecuada y no podrá quedar oculto frente al valor de la cuota u otros elementos utilizados para promocionar el crédito.
El proyecto también reconoce el derecho de los consumidores a acceder gratuitamente a su perfil de riesgo crediticio y a solicitar una liquidación completa y verificable de la deuda. El detalle deberá permitir reconstruir el capital, las refinanciaciones, las tasas aplicadas, los intereses, las comisiones, los pagos efectuados y el saldo pendiente.
En las contrataciones digitales, exige mecanismos reforzados de autenticación y doble validación de identidad y aceptación de las condiciones. El consentimiento deberá expresarse mediante una acción afirmativa y separada de la solicitud inicial. El silencio, la inacción y las opciones preseleccionadas no podrán considerarse una aceptación válida.
La propuesta incorpora, además, medidas de educación financiera y prevención y gestión del fraude digital. También contempla la notificación de consumos realizados por menores, límites de autocontrol en tarjetas, la revocación de determinadas operaciones contratadas a distancia y la portabilidad del crédito.
El dictamen no establece un régimen general de refinanciación obligatoria para las deudas de consumo existentes ni fija topes generales a las tasas de interés. Su eje es regular la información, las condiciones de contratación y la protección del consumidor durante la relación crediticia.
Primer dictamen de minoría: refinanciación y alivio financiero por 180 días
El primer dictamen de minoría propone un Régimen Especial de Regularización y Alivio Financiero para personas humanas que atraviesen situaciones de sobreendeudamiento.
La iniciativa declara una emergencia de 180 días y establece un régimen de adhesión voluntaria para los deudores, pero de cumplimiento obligatorio para los acreedores alcanzados.
El mecanismo contempla tanto obligaciones vencidas como deudas al día que resulten incompatibles con los ingresos y la capacidad real de pago. Entre los supuestos previstos se encuentran las personas con una mora igual o superior a 60 días y aquellas que destinan más del 30% de los ingresos mensuales del grupo familiar conviviente al pago de créditos de consumo, bajo las condiciones establecidas en el proyecto.
Entre las condiciones de regularización, el texto incluye la consolidación del capital y los intereses compensatorios, junto con la condonación del 100% de los intereses punitorios. Los planes deberán tener un plazo mínimo de 12 meses.
Además, las cuotas de refinanciación no podrán superar el 30% de los ingresos de la persona deudora. Si existen varios acreedores, el límite se calculará sobre el conjunto de las cuotas de los planes.
La propuesta fija un límite para la tasa aplicable al saldo regularizado, establece un período de gracia de 90 días y dispone que la refinanciación sea gratuita. También permite cancelar anticipadamente la deuda sin penalidades y prohíbe condicionar el acceso al régimen a la contratación de nuevos productos o servicios financieros.
El proyecto contempla la suspensión de ejecuciones, embargos y gestiones de cobranza extrajudicial, junto con determinados intereses y cargos derivados de la mora y nuevos reportes negativos vinculados con las obligaciones incluidas, durante la tramitación en los términos previstos por la iniciativa.
También prohíbe prácticas abusivas de cobranza, como amenazas, hostigamiento, contactos con familiares o terceros ajenos a la deuda y mecanismos que aparenten actuaciones judiciales inexistentes.
A diferencia del dictamen de mayoría, esta propuesta interviene directamente sobre las obligaciones existentes: establece condiciones para su regularización, limita el peso de las cuotas sobre los ingresos y contempla medidas que restringen determinadas acciones de cobro.
Segundo dictamen de minoría: desendeudamiento e insolvencia personal
El segundo dictamen de minoría propone un Régimen Integral de Prevención, Desendeudamiento e Insolvencia de las Personas Humanas. Combina medidas de prevención y refinanciación con procedimientos específicos para quienes no pueden afrontar sus obligaciones.
El proyecto declara una Emergencia Social y Económica en materia de endeudamiento de los consumidores financieros por un año, con posibilidad de prórroga por otro período. También establece límites para las tasas que pueden aplicar entidades financieras, emisoras de tarjetas y otros proveedores de financiamiento al consumo.
Entre sus objetivos figuran promover condiciones de crédito compatibles con la capacidad de pago, facilitar la refinanciación y cancelación de obligaciones y evitar que las deudas comprometan los ingresos destinados a cubrir necesidades esenciales.
La iniciativa organiza la intervención en distintas etapas: prevención del sobreendeudamiento, reestructuración de las obligaciones y, cuando esas alternativas no resulten suficientes, procedimientos específicos de insolvencia.
Uno de sus principales instrumentos es la creación de un Concurso Personal Simplificado y de un procedimiento de Liquidación con Exoneración del Pasivo Residual. Ambos están destinados a personas humanas que se encuentren en situación de cesación de pagos o sobreendeudamiento.
El concurso personal simplificado incorpora una vía para abordar la situación de insolvencia y reorganizar las obligaciones, mientras que el procedimiento de liquidación contempla la realización de bienes y la eventual exoneración de las deudas que permanezcan impagas, conforme a las condiciones previstas en el proyecto. De este modo, la iniciativa incorpora alternativas que van más allá de acordar nuevas cuotas con los acreedores.
La propuesta también contempla la protección de determinados bienes, entre ellos la vivienda habitual bajo las condiciones previstas por el proyecto, y de los instrumentos necesarios para desarrollar una actividad laboral o profesional.
Además, propone crear un Registro Nacional de Deudores en Segunda Oportunidad. La inscripción se produciría cuando se abra alguno de los procedimientos contemplados y sus datos no podrían utilizarse para discriminar a una persona en el acceso al empleo, la vivienda o la asistencia social.
Este dictamen se diferencia del primero de minoría porque no limita su alcance a un régimen temporal de regularización. También incorpora procedimientos específicos para afrontar situaciones de insolvencia cuando la refinanciación no resulta suficiente para resolver el endeudamiento.
Qué diferencias hay entre los tres dictámenes
Las propuestas se distinguen por el tipo de intervención que plantean frente al endeudamiento familiar.
El dictamen de mayoría apunta a las condiciones en las que se ofrecen y contratan los créditos. Establece obligaciones de transparencia, información, consentimiento digital y prevención del fraude, pero no crea un régimen general de refinanciación de las deudas existentes.
El primer dictamen de minoría propone un régimen temporal de regularización, con condiciones de refinanciación para los acreedores alcanzados, condonación de intereses punitorios, límites a las cuotas y suspensión de determinadas acciones de cobro.
El segundo dictamen de minoría plantea un sistema integral que combina prevención y reestructuración de las obligaciones con procedimientos de insolvencia personal. Su objetivo es ofrecer herramientas tanto para reorganizar las deudas como para abordar situaciones en las que una persona no puede afrontar sus compromisos mediante un acuerdo de pago.
Así, los tres dictámenes abordan distintas etapas del problema: las condiciones de acceso al crédito, la regularización de las obligaciones existentes y las alternativas para quienes atraviesan una situación de insolvencia.
