La UCR presentó un proyecto para que todos los jueces paguen Ganancias. 

Con la firma de 15 diputados nacionales, entre ellos, se encuentran Mario Negri, Luis Petri, Facundo Suárez Lastra, Luis Borsani y Gustavo Menna, la UCR busca que la iniciativa se incorpore al Presupuesto 2019. 

La iniciativa aspira a a sustituir el Artículo 79, inciso a, de la Ley Nacional 20.628 busca que se reemplace el Artículo 79, inciso a, de la Ley Nacional del Impuesto a las Ganancias (Ley 20.628) que hasta el momento eximía a los empleados y magistrados judiciales.

Además, el proyecto intenta rebatir los argumentos en los que se escuda la Corte Suprema, que tilda a Ganancias como un impuesto "confiscatorio". En este sentido,  en el proyecto se señala: "Es de toda evidencia que pagar como cualquier contribuyente no es lo mismo que sufrir una disminución coactiva del salario, aunque es claro que dicho pago como cualquier otro se extrae del ingreso".

Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados, aclaró a iProfesional que "en ningún momento la ley del Impuesto a las Ganancias deja excluidos a los funcionarios judiciales del pago".

"No depende del Poder Legislativo, que el Poder Judicial pague Ganancias", aseguró Sasovsky.

"Depende exclusivamente del Poder Judicial. Fue una decisión unilateral por la cual el Poder Judicial decidió que una ley no es aplicable a sus miembros convirtiéndose en una especie de neobirguesía", aseguró el experto.

Según el presupuesto, la AFIP se pierde de recaudar por la exención de ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provinciales el 0,06 por ciento del Producto Bruto Interno. En 2016 fue de $4.607 millones; en 2017, unos $5.759 millones y en 2018, el total de $6.911 millones.

El proyecto de ley que impulsan desde la UCR hace alusión a la Ley 27.346, sancionada en diciembre de 2016, en la que se establece que quienes hayan sido nombrados desde el 1 de enero de 2017 en adelante, están obligados a tributar Ganancias.

Y resalta: "Sin embargo, lo mencionado precedentemente acarrea una doble violación al principio constitucional fundamental como lo es el de igualdad ante la ley, más específicamente el de igualdad como base de los impuestos y las cargas públicas, y el de igual remuneración por igual tarea".

Por último, el proyecto de ley recién presentado, y que fue impulsado por el diputado mendocino Borsani, hace alusión al contexto económico presente cuando señala: "En los tiempos actuales, en el cual el país necesita de la colaboración de todos sus habitantes, especialmente de los miembros de los poderes del Estado, admitir esta incorporación resulta un ejemplo positivo para la sociedad. Un compromiso expreso de que trabajamos todos los días en busca de la igualdad social".