Reforma del mercado de capitales: plazo fijo, tarjetas y otros cambios que impulsa Milei

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Competitividad Financiera. El texto, entre muchos otros puntos, plantea eliminar la la exención del impuesto a las Ganancias sobre los rendimientos obtenidos en la compraventa de CEDEARs. Algo que, de todas formas, fue desmentido por el oficialismo.

Luego de que se generara revuelo en el mercado por esta iniciativa, el economista Felipe Núñez, asesor de gabinete del ministro de Economía Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), salió por la red social X a aclarar que el plan de gravar la compra de CEDEARs con el Impuesto a las Ganancias "quedó de un borrador viejo" y que "se va a retirar". 

Más allá de este apartado polémico, el proyecto contempla también la posibilidad de negociar plazos fijos de largo plazo en Bolsa y anticipar cobros pendientes de tarjetas. Además, amplía el abanico de garantías disponibles para conseguir crédito.

El objetivo central de la reforma es reducir el riesgo percibido por quienes prestan dinero, para mejorar las condiciones del crédito y eventualmente bajar las tasas de interés. La efectividad de la apuesta dependerá de cómo se implemente y de la respuesta del mercado.

Qué cambiaría para quienes invierten en CEDEARs

Según figura en el proyecto de ley (que luego fue desmentido por el Gobierno), el cambio alcanzaría a los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, inclusive. Pero solo cuando el activo subyacente que representan tampoco estuviera exento si se comprara directamente en el exterior.

Así, la operación con CEDEARs tendría el mismo tratamiento impositivo que la inversión directa en la acción extranjera. Las tenencias adquiridas antes de esa fecha quedarían fuera de esta modificación.

El foco está puesto en el resultado de la compraventa, no en los dividendos del exterior que ya tributan Ganancias. La propuesta no implica un impuesto sobre todo el dinero invertido, sino sobre la ganancia neta obtenida en cada operación.

Su aplicación final requiere dos pasos: la aprobación del Congreso Nacional y la definición de los aspectos reglamentarios. Estos últimos determinarán cómo calcular el costo y el resultado de las operaciones.

El proyecto también quita la exención a ciertos fondos comunes de inversión abiertos. Específicamente, a aquellos cuyo reglamento permita inversiones en activos del exterior por encima del límite legal general. En ese caso, el cambio alcanzaría a las cuotapartes adquiridas o suscriptas desde el mismo 31 de octubre de 2026.

Cómo funcionarán los plazos fijos negociables en Bolsa

Para los ahorristas, uno de los cambios más llamativos es la posibilidad de negociar en Bolsa certificados de plazo fijo constituidos a 365 días. También podrán negociarse aquellos constituidos al plazo mayor que establezca el Banco Central (BCRA).

Quien necesite recuperar el dinero antes del vencimiento podría vender el certificado a otro inversor en el mercado secundario. No equivale a una precancelación tradicional porque recibiría el precio que consiga negociar, que puede ser distinto del capital originalmente depositado.

Este mecanismo busca dar mayor liquidez a los plazos fijos de largo plazo. Históricamente, la rigidez de estos instrumentos desincentivaba a ahorristas que temían necesitar los fondos antes del vencimiento.

Qué beneficios tendrán los comercios con cobros de tarjeta

Para los comercios, el proyecto obliga al emisor de la tarjeta a crear un título electrónico por las operaciones que autorice. Ese instrumento representará el cobro pendiente de la venta y podrá negociarse en mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) o en plataformas bajo regulación del BCRA.

Un negocio que necesita dinero para reponer mercadería o pagar salarios podría vender ese derecho de cobro. Recibiría los fondos antes del plazo original, descontando un costo financiero que surgiría de la negociación en el mercado.

Si bien hoy ya existen servicios de anticipo de cobros de tarjeta, la propuesta busca ampliar la competencia para que el comercio consiga mejores condiciones. La idea es que múltiples inversores puedan ofertar por esos títulos, generando un precio más eficiente.

Qué nuevas garantías podrán usar las empresas para conseguir crédito

Otro eje central de la reforma es ampliar los activos que pueden respaldar un préstamo. La apuesta oficial: si las empresas pueden ofrecer más garantías, los bancos asumirán menos riesgo y cobrarán tasas de interés más bajas.

La reforma contempla expresamente estos activos como garantías:

• Software y desarrollos tecnológicos
• Activos digitales y criptomonedas
• Derechos de propiedad intelectual
• Participaciones societarias en otras empresas
• Cuentas por cobrar y facturas pendientes
• Flujos futuros de fondos proyectados
• Bienes en proceso de producción (warrants ampliados)

Una empresa podría utilizar parte de sus cobranzas previstas como garantía, además de sus bienes físicos tradicionales. Esto resulta especialmente relevante para empresas de servicios o tecnología que no tienen grandes activos tangibles.

El proyecto crea el Sistema Federal de Registro de Garantías, con entidades públicas y privadas conectadas a una base común. El BCRA actuará como autoridad de aplicación y la inscripción tendrá efectos nacionales. La prioridad entre acreedores se determinará por el momento del registro.

También podrán constituirse nuevas prendas sobre un mismo bien sin autorización del primer acreedor. El único requisito: respetar el orden de prelación establecido por las fechas de inscripción.

Qué cambios habrá en prendas y ejecuciones

El proyecto extiende a cualquier acreedor titular de un certificado prendario la posibilidad de solicitar judicialmente el secuestro del bien ante un incumplimiento. La condición: que esté previsto en el contrato original.

Para relaciones de consumo, contempla una citación previa al deudor. Esto le permite ejercer su defensa antes de que se ejecute la garantía.

En el campo, se habilitan pagarés que prometan entregar bienes físicos como granos. Deberán especificar cantidad, calidad, lugar y fecha de entrega. Los pagarés y letras de cambio podrán incorporar cláusulas de actualización basadas en índices o unidades de valor verificables.

Además, se amplían los warrants a bienes en proceso de producción. Se vuelve optativo el seguro y se flexibiliza su venta ante incumplimientos.

Cómo se reducirán los intermediarios en operaciones financieras

La reducción de intermediarios alcanza a la factura de crédito electrónica pyme y a instrumentos como cheques diferidos, pagarés y warrants. Plataformas registradas ante el BCRA podrán cursar operaciones directamente a mercados autorizados por la CNV.

No habrá intervención obligatoria de agentes bursátiles en estas operaciones. Las Sociedades de Garantía Recíproca y el régimen de factura de crédito pasarán a tener al Central como autoridad de aplicación.

En paralelo, se busca habilitar expresamente a fondos abiertos y cerrados a invertir en activos virtuales. Estarán sujetos a la reglamentación de la CNV y a su política de inversión declarada.

Se eleva del 10% al 25% del capital el máximo legal de acciones propias que puede mantener una empresa. Esto amplía el margen para operaciones de recompra de acciones y programas de compensación para empleados.

Qué pasa con los planes de ahorro para autos

Otro capítulo desregula las sociedades de capitalización y ahorro. Entre ellas, las que ofrecen planes para comprar autos. Los nuevos contratos quedarán sujetos al Código Civil y Comercial y a la Ley de Defensa del Consumidor.

Los planes vigentes conservarán las condiciones generales aprobadas por la Inspección General de Justicia. Esas condiciones se mantendrán hasta su vencimiento, rescate o rescisión.

La iniciativa, de 240 artículos, ingresó a la Cámara de Diputados el 2 de noviembre. Formaliza los cambios que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anticipado como el "broche de oro" de la transformación del mercado de capitales.

Todo el paquete requiere aprobación del Congreso Nacional. En caso de aprobarse, el registro de garantías tendrá una implementación gradual. El BCRA dispondrá de 180 días desde la promulgación para reglamentarlo técnicamente. Deberá alcanzar plena operatividad dentro de los 360 días.

Hasta entonces seguirán funcionando los registros existentes. Las garantías inscriptas en esos registros conservarán su prioridad según las normas actuales.