Ingresó al Senado el proyecto para la imprescriptibilidad de delitos sexuales a menores
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En el marco de los debates legislativos recientes en materia penal, ingresó al Senado de la Nación un proyecto de ley que promueve modificaciones estructurales al régimen de extinción de la acción penal y de la pena previsto en el Título X del Libro Primero del Código Penal.
La propuesta, impulsada por la senadora Patricia Bullrich, tiene como eje central declarar la imprescriptibilidad de la acción penal para todos los delitos contra la integridad sexual y la trata de personas cuando las víctimas sean menores de edad. Asimismo, el texto contempla una actualización general de los plazos ordinarios de prescripción y la incorporación de la fuga o rebeldía como causal de suspensión de los plazos.
El proyecto busca dar respuesta técnica y punitiva a las limitaciones del sistema actual expuestas tras el 'caso Segovia', en el que la Justicia declaró prescripta una causa por abuso sexual agravado luego de que el imputado permaneciera prófugo durante más de 14 años, señalan desde Errepar.
Imprescriptibilidad absoluta en delitos contra menores
La reforma proyecta la incorporación del artículo 62 bis al Código Penal, mediante el cual se establece expresamente que la acción penal no prescribirá en los casos previstos en el Título III, Capítulos II, III, IV y V del Libro II, así como en los artículos 145 bis y 145 ter (trata de personas y trata agravada), siempre que la víctima sea menor de 18 años.
Entre las tipificaciones alcanzadas se encuentran:
- Abuso sexual en todas sus modalidades y escalas de gravedad (art. 119 y art. 120).
- Corrupción de menores y prostitución infantil (arts. 125 y 125 bis).
- Pornografía infantil y exhibiciones obscenas (arts. 128 y 129 in fine).
- Sustracción o retención de menores con fines sexuales (art. 130).
- Grooming o acoso sexual digital (art. 131).
- Trata de personas con fines de explotación sexual (arts. 145 bis y 145 ter).
A diferencia de los antecedentes normativos sentados por la Ley 26.705 ('Ley Piazza') y la Ley 27.206 ('Respeto a los tiempos de las víctimas') —que suspendían el inicio del cómputo hasta la mayoría de edad de la víctima o la formulación de la denuncia—, el nuevo artículo 62 bis suprime de manera definitiva todo plazo de prescripción. En consecuencia, la facultad persecutoria del Estado no se extinguirá sin importar el tiempo transcurrido desde el hecho.
La fuga del imputado suspenderá los plazos procesales
Para aquellos delitos que continúen alcanzados por plazos de prescripción, el proyecto modifica el artículo 67 del Código Penal reincorporando causales de suspensión que impiden que el prófugo se beneficie por el mero paso del tiempo.
Se establece que el cómputo de la prescripción se suspenderá cuando:
- El imputado se encuentre prófugo o se hubiere declarado su rebeldía.
- Un tribunal nacional disponga una solicitud de extradición.
Bajo esta mecánica, mientras persista la condición de prófugo o en rebeldía, el reloj de la prescripción permanecerá detenido. Una vez subsanada la causal, el plazo continuará desde el punto exacto en que se congeló, evitando la caducidad del proceso judicial por la elusión deliberada de la justicia.
Modificación de la escala general de prescripción y personas jurídicas
La iniciativa legal incluye además una reestructuración general del artículo 62 del Código Penal, elevando los topes mínimos y máximos de prescripción para diversas categorías de delitos:
Delitos con pena perpetua: El plazo de prescripción se eleva de 15 a 20 años.
Delitos con pena temporal de prisión: Se establece que el término no podrá ser inferior a 4 años (actualmente de 2 años) ni superior a 15 años.
Inhabilitación: Para inhabilitación perpetua se fija en 5 años y para inhabilitación temporal se eleva a 4 años (frente al único año del régimen vigente).
Penas de multa: Se duplica el plazo de prescripción, elevándolo de 2 a 4 años.
Personas Jurídicas: Se regula por primera vez la prescripción aplicable a entes colectivos, fijando un plazo de 6 años desde la comisión del hecho (art. 62 inc. 5) e introduciendo el art. 61 para aclarar que la acción contra la persona jurídica solo se extingue por su liquidación total o causales específicas, de forma independiente a la responsabilidad de las personas humanas involucradas.
