El presidente del Colegio de Abogados porteño, Guillermo Lipera, presentará un escrito ante el Consejo de la Magistratura en el que solicitará que se analice si el juez Luis Rodríguez incurrió en mal desempeño y -si corresponde- se proceda con su remoción.

Se trata del magistrado que fue acusado de recibir coimas por la viuda de Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner. Así lo afirmó Carolina Pochetti en su  declaración como "arrepentida" en la causa de los cuadernos.

"Su gestión y conducta como magistrado de la Nación lastima a la sociedad. Hiere las convicciones y principios más profundos que todo argentino de bien aspira respecto del rol que compete a los jueces en relación a la investigación y castigo de quienes delinquen. Sus prácticas como juez federal rompen el contrato institucional de nuestra República y constituyen una severa amenaza que pesa sobre los derechos y garantías constitucionales de los justiciables", analizó la entidad que representa a los abogados porteños.

Como antecedentes, el Colegio recordó que la Cámara Federal había apartado a Rodríguez de la investigación que tenía bajo la lupa a la sucesión de Muñoz -fallecido ex secretario de los Kirchner-. En esa decisión, el tribunal de alzada aseguró que la resolución que le otorgó la exención de prisión a Pochetti no estuvo fundamentada y resaltó que había elementos como para ordenar las detenciones que había solicitado Carlos Stornelli.

El fiscal había pedido las detenciones, indagatorias y congelamiento de cuentas bancarias, pero Rodríguez las rechazó. Luego, el juez Claudio Bonadio -a cargo de la causa de los cuadernos- las dispuso y varios de esos acusados se convirtieron en arrepentidos. Además, se quedó con la causa por el lavado de los 70 millones de dólares.

Lipera hizo hincapié además en otra intervención irregular de Rodríguez. Fue en un caso que tenía como acusado al ex funcionario kirchnerista Carlos Liuzzi, donde la Cámara revirtió un sobreseimiento y también decidió apartar al magistrado de la polémica.

El presunto pago de sobornos denunciado por Pochetti, sumado a los antecedentes señalados por la entidad, "resultan de una gravedad tal que amerita se resuelva el inicio de un juicio político" para constatar si incurrió en mal desempeño y en consecuencia su eventual destitución, precisó el Colegio de Abogados de la Ciudad.

"La denuncia viene en el marco de una auditoría que pedimos en su momento sobre la Justicia Federal, que creemos que está en deuda con la República. Hay jueces que por acción u omisión han sido funcionales a la corrupción y a la impunidad en la Argentina. Durmieron muchas siestas y se despiertan cuando el poder de turno empieza a investigar", explicó Lipera.

En la auditoría señalada por Lipera se determinó que en los últimos 20 años se tramitaron 9.476 causas por corrupción en todo el país, de las cuales 2.178 aún estaban en trámite. Si bien el promedio de demora es de tres años y medio, hay casi un 20% de expedientes que llevan más de seis años de trámite.

Hay otras cuatro denuncias contra Luis Rodríguez en el Consejo de la Magistratura. Dos fueron dirigentes cercanos a Elisa Carrió y otras dos por el abogado Ricardo Monner Sans. En principio, los casos se investigarán por separado: por un lado el supuesto mal desempeño de Rodríguez en la causa por los millones que tiene Muñoz en el exterior y por otro los dichos de Pochetti sobre el pago de sobornos.

La comisión de Disciplina y Acusación es presidida por el senador peronista Miguel Ángel Pichetto. La semana pasada llovieron en su despacho notas para acelerar el trámite, entre ellas una de la senadora Inés Brizuela, que pidió convocar a Pochetti a declarar.

Esa declaración será pedida por el Consejo como prueba para los expedientes en trámite, le adelantaron a este medio fuentes del organismo.

El Consejo está integrado por 13 miembros, entre abogados, jueces, diputados y senadores de la oposición y el oficialismo, un representante de las universidades y otro del Poder Ejecutivo.

Si se comprueba que un juez cometió mal desempeño, el Consejo puede aplicarle una sanción -que va desde un apercibimiento o una reducción de su sueldo por única vez- si la falta es leve o suspenderlo en el cargo y enviarlo a juicio político para que sea destituido. Para la sanción se necesitan una mayoría simple de siete votos y para el juicio político una agravada de nueve sobre los 13 consejeros.