En el congreso, las calculadoras echan humo. Después de las elecciones, las distintas fuerzas políticas reorganizan su armado de acuerdo a la cantidad de legisladores que lograron meter. Al mismo tiempo, no pierden de vista la agenda, que estuvo paralizado por los comicios presidenciales.

A partir del 10 de diciembre, Juntos por el Cambio será la primera minoría, ya que sumando a sus aliados, podría llegar a los 119 legisladores.

El segundo interbloque en tamaño será el del Frente de Todos, que agrupará a los kirchneristas con los justicialistas, y que sumaría 108 integrantes propios, aunque con sus aliados podría sumar 120.

Consenso Federal, la fuerza que llevo de candidato a Roberto Lavagna, renovó tres diputados, que se sumarán a los cuatro que tienen mandato hasta 2021. En ellos estará la clave para destrabar cualquier proyecto.

En el Senado, en cambio, el interbloque que agrupará a peronistas, kirchneristas y aliados podría llegar a los 39 integrantes. Unido, tendrá quórum propio. La cámara estará presidida por Cristina Kirchner.

Juntos por el Cambio conformará un bloque de 28 senadores (cuatro más de los que tiene ahora). Siete diputados suena a poco, pero todo indica que harán valer su peso en oro. Fernández los necesitará para sacar las leyes que necesite.

Alberto Fernández ya dijo que buscará que el Congreso sancione la creación de un Consejo Económico y Social y de un Consejo de Seguridad, que agrupe a todas las fuerzas de seguridad federales.

Además, habrá que ver si el peronismo logra avanzar con su programa, en el que incluye la vuelta de la doble indemnización por despido, el aumento de jubilaciones, mayores licencias por paternidad y maternidad y un nuevo escenario fiscal.

Los temas pendientes

Pero las seis semanas que restan para el 10 de diciembre pueden ser muy largas. Y de hecho, queda una agenda de temas pendientes. En caso de que no se pongan de acuerdo, el presidente Mauricio Macri podría convocar a sesiones extraordinarias o también podría hacerlo el flamante mandatario electo.

Por lo pronto, hay dos temas que parecen que lograrán ser debatidos durante noviembre: la Ley de Góndolas y la reforma del Código Civil en el capítulo de alquileres.

El primero de esos ítems genera divisiones dentro de Cambiemos ya que fue impulsado por la diputada oficialista Elisa Carrió pero fue "freezado" por sus pares del PRO, quienes por una cuestión ideológica consideran que se trata de un tema que no deben regular.

La oposición presentó sus propias propuestas. Una de ellas fue la del mendocino José Luis Ramón, quien reprodujo la propuesta del líder de la CTEP, Juan Grabois, con el dueño de Maxiconsumo, Víctor Fera. Por ese motivo, se firmaron dos dictámenes.

El de la mayoría, impulsado por la oposición, establece que "la exhibición de un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con productos de similares características y diferente marca", y estipula que deberá garantizarse un 25% de la góndola para la exhibición de productos producidos por pymes, que además estarán ubicados prioritariamente en las denominadas "islas" y en los espacios contiguos a las cajas.

El dictamen de minoría oficialista no fija un porcentaje de góndola sino que solo determina que se debe asegurar la concurrencia de, al menos, tres proveedores diferentes en la misma categoría de productos y fija un ordenamiento vertical y continuo de los mismos, procurando la visibilidad y accesibilidad del consumidor.

En tanto, el debate por la denominada ley de alquileres está trabada en ambas cámaras. En la comisión de Legislación General de Diputados, su presidente, el oficialista Daniel Lipovetzky presentó un texto para fijar nuevas pautas que favorezcan a los inquilinos y den certidumbre, pero fue rechazado por las cámaras inmobiliarias.

Se busca subir a tres años el plazo mínimo legal de un contrato de alquiler de vivienda (ahora es dos años). También definen actualizaciones del contrato a partir de un indicador compuesto en partes iguales por el IPC del Indec y el índice de remuneraciones Ripte, que el Banco Central deberá informar mensualmente.

En cuanto a la garantía, todos indican que el locatario deberá aceptar garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o garantía personal del locatario.

Además no se podrá pedir al inquilino más de un mes de adelanto ni más de un mes de depósito. Las diferencias están en que el proyecto del Gobierno autoriza a definir incrementos semestrales, mientras que los textos opositores permiten un aumento por año.

Hay temas que deberán ser aprobados este año, ya sea durante la gestión de Macri o de Fernández, como el proyecto que permite el "reperfilamiento de deuda bajo legislación local" y el de Presupuesto 2020, que estipula un crecimiento del 1% del PBI, una inflación del 34,2% interanual y un dólar promedio de $67,11.

Por su parte, el macrismo, durante los últimas semanas, presentó diversos proyectos que quieren aprobar sí o sí antes de que se termine su mandato como la nueva ley pyme, la Ley de Promoción del Empleo y la Ley de Promoción de Inversiones.