El Juzgado de Control en lo Penal Económico de la ciudad de Córdoba elevó a juicio una causa en la que se acusa a un grupo de abogados laboralistas que idearon la manera de obtener un rédito económico ilegítimo de las A.R.T. que tenían a su cargo la cobertura de riesgos del trabajo del personal de diferentes entidades.

En algunos de esos casos, posiblemente, lo habrían hecho con la previa connivencia de abogados de las A.R.T., contando incluso con la colaboración de médicos especialistas en medicina laboral.

Según se desprende del fallo del juez Gustavo Hidalgo, el médico y/o los abogados, según el caso, se encargaron dolosamente, por sí o por intermedio de dateros o empleados a su cargo, de captar cientos de clientes, concurriendo a diferentes entes donde, mediante entrevistas personales o bien repartiendo tarjetas o folletería, e inclusive mediante encubiertas publicidades informáticas o periodísticas, los convencían con el argumento de que las A.R.T. habían incumplido con diversas obligaciones.

Mientras que en el procedimiento regular el trabajador, al sufrir una enfermedad o accidente laboral, reclama ante la A.R.T. el correspondiente tratamiento y eventualmente una indemnización, y sólo en caso de no ver satisfecho consultara con un abogado laboralista para asesorarse sobre los pasos legales a seguir.

Los letrados hacían concurrir a los empleados al consultorio de algún médico, quien realizaba una aparente revisación clínica, aunque en otros ni siquiera lo efectuaban, y luego les hacían firmar la demanda (muchas veces con modelos preimpresos, facilitándoles a los clientes sólo la página final donde debían firmar) y un pacto de cuota litis en el que, a veces, también resultaba beneficiado el médico interviniente, según informa Diario Judicial.

De la investigación surgió que los abogados interponían cientos de demandas en un breve lapso ante la justicia laboral provincial, las que recaían en diferentes juzgados de conciliación acompañadas por un certificado ideológicamente falso en el que constaban patologías inexistentes o no vinculadas con el trabajo.

Posteriormente se ponían en contacto con la A.R.T. respectiva, o sus apoderados, advirtiéndoles que habían presentado numerosas demandas, o que tenían múltiples demandas para presentar, contra la respectiva aseguradora por montos que, sumados, arrojaban un total de varios cientos de miles de pesos, y le ofrecían a la ART demandada llegar a un acuerdo, reduciendo notablemente la pretensión dineraria original.Todo ello incrementó exponencialmente el número de causas laborales en un corto período, colapsando a los Juzgados de Conciliación, lo cual les resultaba funcional a la maniobra ideada ya que el cúmulo de demandas de cada abogado no llamaba la atención en tal contexto.

Las ofertas eran aceptadas por las A.R.T., ya que de esa manera aseguraban el costo del litigio y se evitaban tener que previsionar fondos superiores de los que no habrían podido disponer durante toda la tramitación del juicio -tres o cuatro años en promedio- si hubieran decidido continuar con el mismo.

Para instrumentar el acuerdo, ambas partes comparecían ante el juez correspondiente, y daban valor de pericia al certificado mencionado en último término, logrando con ello, los sujetos involucrados, que el tribunal homologara el acuerdo y que la demandada depositara los fondos para que se librara la pertinente orden de pago, con el consecuente perjuicio patrimonial.