El presidente Alberto Fernández confirmó esta tarde que enviará al Congreso una propuesta de reforma de la Justicia federal para evitar "la designación de jueces amigos y la utilización política de la justicia".

"Vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré: ponerle fin a la designación de jueces amigos y a la utilización política de la Justicia", enfatizó el Presidente.

Ante la Asamblea Legislativa, Fernández indicó que la ley que impulsará busca el "reordenamiento de la justicia federal que evite el cajoneo de, las falsas causas y la arbitrariedad en materia de detenciones".

Sobre la reforma judicial sostuvo que habrá un "nuevo fuero federal penal" y se "transferirá una parte a la Ciudad, que tendrá plena autonomía".

De esta forma, los casos de corrupción ya no serán tratados solo por los jueces de Comodoro Py, sino que podrán caer en "un centenar" de magistrados de todo el país.

Documentos sobre la AMIA

El Presidente anunció que ordenará a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "declasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el atentado a la AMIA", en tanto, investigará "la responsabilidad de los funcionarios del Estado en el encubrimiento" del hecho.

"A 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la Agencia Federal de Inteligencia desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de los funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo", destacó el primer mandatario en el discurso que dio inicio a las sesiones legislativas del Congreso.

"Lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista en el organismo sobre el tema", remarcó.

Además, el mandatario nacional adelantó que dictará "un decreto de necesidad y urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a organismo de inteligencia y a sus miembros realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia".

"No habrá excepción alguna que quiebre esa resolución", aseguró.

"De esta manera, a paso firme, estamos poniendo fin al secretismo con que se manejan parte de los fondos públicos, a la influencia de la inteligencia estatal en las investigaciones judiciales y a cualquier forma de espionaje político", expresó.