La Justicia fijó multimillonarios embargos para los acusados franceses y argentinos por 19 maniobras de lavado de dinero del BNP Paribas desde la crisis del 2001 hasta el 2008.

Los ex directivos y empleados del Paribas están procesados como supuestos integrantes de una asociación ilícita que cometió lavado de dinero y defraudación por 33.295.570 millones de dólares.

Entre ellos está el ciudadano francés Alexis Nicolás Quirot de Poligny, ex responsable de la oficina del Banco donde se habría instalado la "cueva" financiera. 

Poligny quedó embargado por 525.687.106,945 millones de pesos, monto que acaba de ser ratificado por la Cámara Federal de Casación.

"El lavado de dinero es un delito organizado, transnacional y complejo", advirtió el juez Gustavo Hornos, de la sala IV del máximo tribunal penal del país. Ante ello "no puede ignorarse el terrible impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional, la afectación del orden económico financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un Estado".

Con esos argumentos se avalaron los embargos al acusado francés y también a ex asesores financieros argentinos del BNP Paribás, en sus casos por 450.588.948,81 millones de pesos.

Si son condenados en un futuro juicio oral y cuando el veredicto quede firme, los embargos podrán ejecutarse.

El Código Procesal Penal argentino prevé esa medida para bienes de procesados o demandados civiles y busca garantizar la pena pecuniaria, pero también el pago de indemnización civil y costos del juicio -tasa de justicia, honorarios de abogados, peritos y todo aquello que surja-. También existen "compromisos internacionales asumidos" que obligan a garantizar el recupero  de los bienes provenientes de este delito. Por eso se deben fijar embargos que garanticen todos los rubros.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti envió el caso de manera parcial a juicio y el debate está en preparación a cargo del Tribunal Oral Federal  6.

Todos los implicados están acusados por presunta asociación ilícita y lavado de dinero agravado por su habitualidad.

La investigación lleva más de una década, se inició en tiempos en que el juzgado federal 5 de Comodoro Py estaba a cargo del ahora jubilado ex juez Norberto Oyarbide.

La causa abarcó maniobras de lavado de dinero en una oficina anexa al Banco cometidas entre el 2000 y el 2008. 

Para la Justicia argentina se conformó una organización delictiva que "facilitaba la circulación ilegal de activos clandestinos".

El monto de los embargos tuvo varias idas y vueltas en distintas instancias judiciales porque se trató de un caso testigo a la hora de definir la base de cálculo y a qué valor  de dólar debía tomarse. Finalmente el perjuicio base quedó fijado en 33.295.570 millones de dólares.

Para determinar el monto del dinero lavado se usó la cotización del dólar al momento de los hechos, 3,47 pesos: 115.535.627,90 millones.

Esa suma se multiplicó por cinco, en resguardo de la pena de multa que podría fijarse en un futuro. La escala está prevista entre dos y diez veces el monto de la operación ilegal. Esto arrojó un total de 577.678.139,50 de pesos, a los que se adicionó un 30 por ciento que se calcula serán los gastos del juicio y posibles responsabilidades civiles .

Sobre este total, 750.981.581,35 millones de pesos, se calcularon los embargos.

El escalonamiento de los montos se fijó en base a los "roles y jerarquías" de los imputados en la organización, el tiempo en que desarrollaron sus tareas en el Banco y su contribución al delito.

También están con embargos los ex directivos franceses del Paribás en esa época Armand Agustin Abeillon y Phillipe Yves Henri Joannier, por 750.981.581,35 pesos y Marie Francois Giradou y Michel Basciano por 600.785.265,08.

Los jueces Hornos, Mariano Borinsky y Javier  Carbajo entendieron "razonable" el embargo preventivo que se fijó para  garantizar el  eventual recupero de las sumas objeto de lavado de activos más intereses.

La presunta oficina clandestina funcionó en el piso 25 de la sede central del Banco en avenida Alem 855, pleno centro porteño.

El Banco Central es querellante en la causa penal.

Según la acusación, en esa oficina se "asesoraba" a ciertos clientes considerados VIP sobre la manera de expatriar, administrar y repatriar dinero que no podía justificarse o ingresarse al mercado financiero de manera legal.

La oficina se llamaba "Clientela Privada Internacional", captaba clientes con dinero no declarado al fisco y ofrecía la "colocación y administración de esos fondos en el exterior" mediante "sociedades extranjeras que oficiaban como cuentas de paso para que el dinero culminara en las sucursales que BNP tiene en Suiza, Luxemburgo, Miami, Panamá y Bahamas", según la acusación