Los clientes de las distribuidoras eléctricas del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) Edesur y Edenor cobrarán un promedio de 8.000 pesos por no haber obtenido respuesta de las empresas a sus reclamos.

Esto fue determinado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que sancionó a las compañías del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una multa por un total cercano a los 100 millones de pesos "por su falta de respuesta a una serie de reclamos pendientes de resolución de usuarios y usuarias del servicio". Esto se suma a la crisis económica que ambas empresas están padeciendo a causa del congelamiento de tarifas. 

Mediante las resoluciones 30, 31 y 32, el ENRE resolvió que esas empresas concesionarias "deberán acreditar las multas en las cuentas de los usuarios y usuarias involucrados".

Estas Resoluciones tienen como fin brindar respuesta a más de 12.700 reclamos que quedaron pendientes de la gestión anterior y que abarcan el período de febrero de 2017 a diciembre de 2019.

Cada usuario y cada usuaria recibirá un promedio de 8.000 pesos.

Las resoluciones, explicó el ENRE, "tienen como fin brindar respuesta a más de 12.700 reclamos que quedaron pendientes de la gestión anterior".

Asimismo, según se informó, el organismo regulador "se propone restablecer las instancias de participación", para lo cual fortalecerá su relación institucional con la Comisión de Usuarios del Ente, con organismos del Estado y de la sociedad civil y la ciudadanía.

Las compañías que suministran energía eléctrica deberán pagar una multa determinada por el ENRE.

Las resoluciones "se enmarcan en un conjunto de medidas que promueve la Intervención del ENRE con el fin de garantizar el suministro de energía eléctrica y los derechos de los usuarios y usuarias del servicio", se informó en un comunicado.

Las empresas

Cuánto pagarán las Pymes a Edenor y Edesur

El ENRE, que había modificado la fórmula para la estimación del consumom de usuarios residenciales, también ordenó la semana pasada a Edenor y Edesur que facturen el consumo real a pequeñas y medianas empresas e industrias. 

Em ese marco, estableció que "las pymes e industrias que hayan recibido facturas con consumos estimados, con diferencias respecto al consumo real, podrán impugnar la facturación ante la empresa distribuidora, la cual deberá refacturar en base a la demanda real presentada por los usuarios y usuarias".

La información agregó que el organismo "habilitó la lectura de medidores para usuarios T2 y T3, con el aval del Ministerio de Desarrollo Productivo".

La Confederación General Empresaria (Cgera) había denunciado el cobro de los "consumos estimados" por parte de las compañías eléctricas durante el período del aislamiento social, preventivo y obligatorio, en el cual las pymes "tuvieron que paralizar la producción".

El ente regulador la semana pasada les ordenó facturar el consumo real a pequeñas y medianas empresas e industrias.

En este sentido, señaló que, "debido a que no mandan gente a controlar los medidores, están utilizando las facturas y los valores en los sectores productivos, industriales y también domiciliarios de los meses en los que había actividad sin tomar en cuenta que desde marzo, el 70% de comercios y fábricas no ha tenido actividad ni consumo".

Según informó el ENRE a través de un comunicado, instruyó a Edenor y Edesur a implementar sus respectivos protocolos sanitarios, en el marco de las medidas sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales y de cada jurisdicción.

La entidad recordó que la nueva medida se suma a la decisión respecto de las estimaciones de consumo realizadas por ambas distribuidoras para los usuarios y usuarias residenciales.

Mediante la resolución 27/2020, publicada en el Boletín Oficial, el organismo instruyó a las empresas distribuidoras para que realicen la estimación del consumo residencial utilizando el menor registro de consumo correspondiente al mismo periodo de estimación de los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), "hasta tanto se reestablezca la actividad de lectura de medidores".

"El objetivo de estas medidas es proteger los derechos de los usuarios y usuarias, brindando certeza ante los problemas de facturación generados por las empresas distribuidoras", explicó el ENRE.