La comisión que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos) inició, pasadas las 11 de la mañana y con quórum reglamentario, su primera reunión para comenzar a tratar el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El proceso se puso en marcha tras la lectura de los 14 expedientes que se van a analizar, se dio inicio al debate.

Al iniciar la reunión, la diputada del FdT precisó que el próximo jueves (2 de febrero), los integrantes de la comisión recibirán a los autores de los proyectos, en tanto que el jueves 9 de febrero se va a analizar el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas.

"Voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión. Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades jurisdicciones que si tienen la justicia", afirmó la diputada oficialista al abrir la reunión en la sala 1 del Anexo de la cámara baja.

Precisó que "una vez que se analizan las denuncias presentadas y luego de analizar los expedientes, vamos a proceder a escuchar a los autores de los proyectos para que expongan, tras lo cual se tratará el informe de admisibilidad para avanzar y abrir la apertura de la prueba para que se abra proceso".

En ese marco, Gaillard afirmó que "en caso admisibilidad sea favorables estaríamos en condiciones de aprobar la admisibilidad que iría al recinto".

El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.

Juicio político a la Corte Suprema: la oposición no dará quórum

Por su parte, la principal bancada opositora ya anticipó que no dará quórum para tratar los proyectos contemplados en la convocatoria mientras se mantenga el proceso de juicio político, ya que consideran que se trata de "un ataque a la Corte y a la institucionalidad" por parte del Gobierno.

Desde el Frente de Todos (FdT) consideran, en cambio, que "la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento", y recuerdan que "en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional".

Por su parte, autoridades del Interbloque Juntos por el Cambio se reunieron con miembros de la comisión de juicio Político para analizar su estrategia con vistas a la reunión que se celebrará hoy para abrir el debate sobre si es admisible el enjuiciamiento contra los miembros del tribunal.

El presidente del bloque radical, Mario Negri, informó que "Juntos por el Cambio se presentará a dar el debate una vez que el Frente de Todos haya conseguido el quórum" y dijo que "el planteo del Gobierno es un mamarracho político y jurídico que se desvanece en sí mismo".

"Nosotros lo vamos a demostrar en la comisión con absoluta seriedad", expresó y señaló que "el pedido de juicio político es de una insustentabilidad absoluta, no tiene ninguna consistencia legal".

En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados encabezados por Eduardo Valdés, se toma como base el documento impulsado por el Presidente, pero se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.

La comisión de juicio político de la cámara baja deberá decidir si traslada el pedido al recinto.

En el texto, de 410 páginas, los diputados sostienen que deben ser citados como testigos "todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados".

"El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante", añade el documento.

Agrega que "el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea".

"Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada", señalan los diputados en el proyecto.