Caso Vicentín: prohiben salir del país e inhiben los bienes del titular de la Sigen

El juez federal Julián Ercolini acaba de citar a indagatoria al actual titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Alejandro Fabián Díaz. Además, ordenó la inhibición general de sus bienes junto con la prohibición de salida del país. Díaz conforma el listado de 26 acusados por el presunto desfalco vinculado a los millonarios préstamos que el Banco Nación le brindó a Vicentin.

La delicada situación de Diaz por el caso Vicentín

El expediente resalta la ingeniería crediticia que benefició a la agroexportadora por 260 millones de dólares. Dentro de los convocados figuran el economista radical Lucas Llach, mano derecha de Federico Sturzenegger y exvicepresidente del Banco Nación en el período de los créditos, y el expresidente de la entidad durante el macrismo, Javier González Fraga, además de exautoridades de Vicentin como Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Herman Roberto Vicentin, Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.

La situación de Díaz es particularmente grave por su rol actual: maneja el organismo que debe garantizar la transparencia del gobierno. Antes, actuó como síndico del Banco Nación entre 2019 y 2021 y ocupó cargos de control en empresas públicas como YPF, Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. También trabajó como gerente de auditoría interna de nucleoeléctrica argentina, es cercano a "chiqui" tapia y preside la comisión fiscalizadora de la AFA.

En términos políticos, el caso impacta en la línea de flotación del discurso oficial. Javier Milei, que machaca contra las empresas públicas y proclama tolerancia cero con la corrupción, argumentó un funcionario ahora bajo sospecha por un fraude gigantesco, mientras el andamiaje del macrismo que habilitó los créditos a Vicentin vuelve al banquillo. El mensaje es claro: la crisis de credibilidad ya no se explica por consignas sino por expedientes.

Una multinacional se mete en la disputa para quedarse con Vicentin junto a una empresa local

La reestructuración de Vicentín ingresó en un momento decisivo. Según trascendió en las últimas horas, la multinacional Cargill se encuentra en conversaciones avanzadas para respaldar la oferta de la empresa corredora Grassi SA, que busca hacerse con los activos de la firma santafesina a través del mecanismo judicial de cramdown.

Si bien la empresa confirmó que mantiene charlas preliminares, aclaró que su participación sería limitada a un acuerdo comercial con Grassi, en caso de que esta logre imponerse en la puja. Cabe recordar que Vicentin fue hasta 2019 uno de los principales exportadores de soja del país, hasta que la empresa pidió concurso preventivo con deudas impagas por 1.300 millones de dólares.

Entre sus activos más valiosos figura una participación del 33% en la planta de molienda de soja de Timbúes, considerada la mayor del mundo, con capacidad para procesar más de 30.000 toneladas diarias. Ese paquete accionario, junto a otras instalaciones, incluidas una terminal sojera y una planta de girasol, se encuentra en disputa en un proceso concursal que definirá quién se queda con el control de la empresa.

Además de Grassi, en la lista de interesados aparecen otros pesos pesados del comercio global de granos: Bunge Global SA, que ya posee el 67% restante de la planta de Timbúes, y Louis Dreyfus Company, en alianza con Molinos Agro SA, controlada por la familia Pérez Companc.

No obstante, Grassi, llega con una ventaja: fue la que forzó la apertura del cramdown, luego de que la Justicia declarara inconstitucional un intento de rescate liderado por Bunge y avalado por la familia fundadora. Esa maniobra permitió que la causa quedara abierta a ofertas de distintos competidores.

En los próximos días, los interesados tienen que presentar propuestas a los acreedores, que incluyen a cientos de productores y acopiadores de la región pampeana. Para que un plan prospere, es necesario que reuna la adhesión de más de la mitad de los acreedores y dos tercios del monto de la deuda antes de fines de octubre, requisito previo a la homologación judicial.

Sin embargo, la incertidumbre rodea el futuro de una de las compañías más importantes del complejo agroexportador argentino. Lo que está en juego no es solo la continuidad de Vicentin, sino también la definición de quién controlará activos estratégicos en la industria aceitera local, clave para las exportaciones del país.