Tarifas: AYSA se privatiza y ya no regalará ni un litro de agua a sus usuarios

Se trata de una de las reformas más importantes de los últimos tiempos para la empresa de servicios cloacales y agua potable, AySA, que provee del servicio a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 26 partidos del conurbano bonaerense. De esta manera, se dio un paso gigantesco en su intención de privatizar la compañía que comenzó a inicios del presente año.

La medida se implementó a través del Decreto 805/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y todo el Gabinete.

AYSA busca cortar el servicio de agua a quienes no paguen la tarifa

El texto recuerda que la Ley Bases declaró a la empresa "sujeta a privatización", y que este proceso "deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión".

Asimismo, repasa que el proceso de traspaso se inició en agosto de este año y que, en dicho marco, "resulta necesario dar certeza jurídica del contexto normativo que rige la prestación del servicio público a cargo de esa sociedad, se considera indispensable avanzar en la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura".

Pero la parte más polémica viene a ser la decisión de cortar el servicio a aquellos clientes que ingresen en mora con la empresa, a pesar del carácter de derecho humano de acceso al agua potable para la población. Un problema que atraviesa no solo consideraciones financieras y empresariales para hacer más rentable una privatización del servicio, sino que incluye consideraciones, éticas, morales y jurídicas, avivando una polémica que irá creciendo con el correr de los días.

En el documento se expresa que se otorgan facultades a AySA para "efectuar el corte del servicio en caso de mora y para constituir como garantías los fondos provenientes de la explotación del contrato de concesión para garantizar el repago del financiamiento destinado a al prestación del servicio público".

Para la administración de Javier Milei, la medida es necesaria porque el Estado Nacional, transfirió entre los años 2006 y 2023, cerca de 13.400 millones de dólares, sin lograr revertir la caída en la productividad y el aumento constante de los costos operativas de la empresa pública.

El rol de la Justicia en pleno plan de privatización

Pero, una vez más, la polémica por los cortes intempestivos del servicio a los clientes que se atrasen en los pagos continúa siendo un escollo muy importante para los planes del gobierno de Milei.

Hay un fallo de la Justicia que aceptó una medida cautelar que frena el corte del servicio de Aysa.

El 13 de agosto de 2025, la jueza a cargo del Juzgado Federal número 2 de San Martín hizo lugar a una medida cautelar, en el marco de un proceso sumarísimo de incidencia colectiva, que suspendió la vigencia del decreto que permitía el corte del servicio de agua potable por parte de la concesionaria del mismo AYSA que es el Estado Nacional mismo.

La medida adoptada es extensiva, no solo a los que iniciaron el pleito contra el Estado, sino también en relación con todos los usuarios que se encuentran en igual situación, pues se trata de un proceso de incidencia colectiva, previsto por el artículo 43 de la Constitución Nacional.

Los abogados y juristas, Luis A. Rodríguez Saiach y Walter Kunzman, publicaron y analizaron la decisión en un trabajo para la publicación especializada eldial.com

Allí señalaron que, "como siempre sucede en la Argentina, con sus vaivenes pendulares, aprivados un marco regulatorio que los favorezca, aunque ello signifique perjudicar a los consumidores del servicio o privarlos del mismo. Los usuarios resultan ser, en este contexto, lo comúnmente conocido como un daño colateral, algo prescindible cuyo perjuicio es asumido por el poder para la consecución de su fin, pues fácil es prescindir de los derechos del otro ahora se quiere privatizar AYSA, en un revival de los años 90 y en este entendimiento el PEN dispuso un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con la finalidad de hacer más apetecible la desestatización y otorgar a los futuros concesionarios".

El detalle de como podría realizarse el corte de agua fue explicado de la siguiente manera. 

El corte del Servicio Público procederá por falta de pago de una factura con una mora de, como mínimo, SESENTA (60) y QUINCE (15) días para los Usuarios residenciales y no residenciales, respectivamente, contados a partir de su segundo vencimiento. Previamente, la Concesionaria deberá cursar una intimación de pago, que podrá ser electrónica, como mínimo con SIETE (7) días hábiles de anticipación respecto del segundo vencimiento estipulado en el párrafo anterior, salvo que medie mora en el pago frente a una intimación judicial o que se verifique incumplimiento de los compromisos de pago asumidos en el marco de un acuerdo entre el Usuario y la Concesionaria a raíz de una mora anterior.

Al cursar la intimación previa al corte, la Concesionaria deberá informar la vigencia de la tarifa social a la que pueden acceder aquellos Usuarios que justifiquen no poder afrontar los importes tarifarios correspondientes al Servicio Público prestado, en los términos previstos por el régimen aplicable. Efectivizado el pago de los montos en mora, costos de notificación y cargos de corte y de reconexión, la Concesionaria deberá restablecer el Servicio Público cortado, en un plazo que no podrá exceder de CUARENTA Y OCHO (48) horas desde la efectiva acreditación del pago.

Ahora bien, los autores Saiach y Kunzman anotan en El Dial que "Cortar el agua no es solo una estrategia de cobro: es la forma más de tratar de facilitar la percepción de los servicios, sin tener en cuenta el factor humano. Se utiliza como herramienta coercitiva para acelerar el cobro de facturas, sabiendo que, sin agua, no hay salud, no hay comida y, por supuesto, no hay vida. Convertir un derecho básico y esencial en herramienta de presión no es correcto".

Antaño no existían redes de aguas ni de cloacas, pero ¿cuál es el problema en las sociedades modernas? No se puede ir a los ríos o lagunas, por la distancia, ni esperar a que llueva para colectar el agua. La polémica está servida.