Otro caso Piegari: pequeña empresa de 3 personas enfrenta juicio laboral de $200.000 millones y está a punto de cerrar

Los titulares de Naranja Mandarina, una marca de indumentaria infantil del interior bonaerense, enfrentan un proceso judicial que podría comprometer la continuidad del emprendimiento. La firma, que produce toda su línea de ropa y emplea a tres trabajadoras además de colaboradores externos, quedó involucrada en un conflicto laboral que derivó en una condena económica de alto impacto.

El conflicto se originó en 2021, cuando la empresa decidió finalizar la relación comercial con un distribuidor que operaba en una zona específica. Según relatan sus propietarios, el vínculo había concluido en malos términos y la firma optó por discontinuar la intermediación. El distribuidor afirmó ante la Justicia que no se trataba de una relación comercial sino laboral, sostuvo que había sido despedido y presentó una demanda.

Sentencia inicial y aplicación del fallo "Barrios"

En junio de 2025, el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín resolvió que el distribuidor actuaba como trabajador en relación de dependencia. La sentencia fijó una indemnización de $14.041.707. Para la empresa, el monto implicaba un compromiso económico relevante pero dentro de parámetros afrontables.

La situación cambió cuando el Tribunal aplicó el antecedente conocido como fallo "Barrios", dictado por la Suprema Corte bonaerense y utilizado para actualizar créditos laborales. Con ese criterio, la indemnización alcanzó los $190.132.818, equivalentes a aproximadamente 150 mil dólares al valor de ese momento. La propietaria mayoritaria, Mariana Cademartori, sostuvo que la empresa siempre mantuvo una relación comercial con el demandante y que nunca existió un vínculo laboral. También aseguró que el distribuidor mantenía deudas con la firma y que la demanda se presentó en un contexto personal adverso para ella.

Apelación y medidas cautelares

Tras conocer la sentencia, los dueños de Naranja Mandarina apelaron y solicitaron que la Suprema Corte provincial analizara el caso sin exigir el depósito previo del monto total, debido a que la empresa no contaba con los recursos necesarios. Mientras transcurría el plazo para presentar la pericia contable que acreditara esa imposibilidad, el Tribunal dictó una medida cautelar y dispuso el bloqueo de todas las cuentas de la firma por $330.455.809.

La medida afectó las operaciones cotidianas. Según explican, el embargo paralizó la capacidad de comprar insumos, planificar la producción de la temporada siguiente y cumplir obligaciones tributarias. También indicaron que debieron reducir horas laborales de las tres empleadas debido a la restricción financiera.

Intentos de acuerdo y continuidad del negocio

En el transcurso del conflicto, se evaluó un acuerdo extrajudicial por u$s30.000. Desde la empresa señalaron que no lo aceptaron porque interpretaron que implicaba reconocer una relación laboral que consideran inexistente. Afirmaron que depositaron su confianza en el proceso judicial y que la situación actual compromete la operación diaria.

Cademartori y el socio minoritario, Sebastián Martino, remarcan que el caso tiene también consecuencias emocionales para quienes integran el emprendimiento. Señalan que trabajan con familias que adquieren la ropa que producen de manera directa y que desconocen si podrán mantener la actividad ante un escenario que califican como crítico.

Contexto legislativo y expectativas

El conflicto se desarrolla en un contexto en el cual el Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de reforma laboral. Los dueños de Naranja Mandarina consideran que su situación refleja las dificultades que, según sostienen, enfrentan las pequeñas empresas en materia regulatoria y judicial. Afirman que el desempeño diario del emprendimiento quedó condicionado por una sentencia cuya actualización multiplicó el monto original.

A la espera de avances en la instancia de apelación, la firma continúa con restricciones operativas debido al embargo. Sus propietarios aseguran que evalúan alternativas ante la posibilidad de un cierre si las medidas adoptadas no se revierten. Según indican, el objetivo es mantener la continuidad laboral y productiva, aunque reconocen que el margen de acción se redujo desde la decisión judicial.

En este marco, la empresa sostiene que su situación se convirtió en un ejemplo de los desafíos que enfrentan pequeños emprendimientos al intervenir en disputas donde se discute la naturaleza de las relaciones laborales. El proceso avanza mientras se aguarda una definición de la Suprema Corte provincial respecto del pedido de revisión y del alcance del fallo aplicado para actualizar el crédito laboral.