Juicio por los Cuadernos: cómo funcionaban las amenazas y los pagos forzados en la construcción

Este martes, el Tribunal Oral Federal 7 volvió a avanzar con la lectura de la elevación a juicio basada en los cuadernos de Oscar Centeno, en el segmento del expediente denominado "La Camarita", en una audiencia que se prolongó por unas cuatro horas.

Durante la jornada se incorporaron las declaraciones de empresarios del sector de la construcción, quienes describieron el funcionamiento de un entramado de presiones, cobros ilegales y acuerdos previos para el reparto de la obra pública.

Relatos de empresarios arrepentidos

Patricio Gerbi, titular de la constructora COARCO, explicó que los conflictos comenzaron luego de firmar contratos de concesión vial. De acuerdo con lo que declaró, Claudio Uberti, en ese momento al frente del Órgano de Control de Concesiones Viales, le transmitió a su socio que "por pedido del presidente Kirchner teníamos que hacer un aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias".

En su testimonio, Gerbi explicó que la presión se tradujo en sanciones, controles y trabas económicas para la empresa tras la negativa inicial. "Me decía: ‘Te voy a hacer fundir’, ‘voy a ir por vos y por tu familia’, 'me voy a quedar con tu empresa’", declaró. Finalmente, aceptó que entregó entre 15.000 y 20.000 dólares en citas realizadas en locales gastronómicos.

Pagos periódicos y amenazas directas

En el caso de Juan Chediak, el esquema de presión tuvo otro canal. Según declaró, los reclamos no llegaron por intermediarios, sino desde el propio Julio de Vido, quien ocupaba entonces el Ministerio de Planificación Federal. "Si querés seguir trabajando tenés que pagar", afirmó que le advirtió durante un encuentro en su domicilio.

Chediak relató que el mecanismo incluía pagos mensuales de seis cifras, que variaban entre 100.000 y 250.000 pesos. Afirmó que el dinero era llevado al domicilio del exministro o a oficinas oficiales, y que en más de una oportunidad le indicaron que los dejara "en el baño".

Más adelante, explicó, el circuito quedó bajo control del financista Ernesto Clarens, quien le advirtió: "Si quieren trabajar van a tener que pagar. Acá se es amigo o enemigo".

Cartelización y retornos en la obra pública

Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, señaló que a partir de 2004 se organizó un mecanismo impulsado desde el Poder Ejecutivo para direccionar licitaciones y obtener fondos para fines políticos. "La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero", afirmó.

En su relato ante el tribunal, explicó que las compañías acordaban de antemano el reparto de las licitaciones y que, tras obtener la obra, el ganador debía reintegrar entre el 10% y el 20% del adelanto recibido. "Mi función era garantizar que el que ganaba pagara", sostuvo, y aceptó que su empresa, ESUCO, integró ese esquema.

Aportes forzados y clima de represalias

Roggio relató que aceptó realizar aportes en dólares tras evaluar los riesgos que, según dijo, enfrentaba su empresa. Reconoció entregas de 50.000 y 100.000 dólares a Roberto Baratta, aclarando que se trató de dinero personal y de cifras menores a las exigidas. "Ante la evidente probabilidad de represalias", justificó su accionar, y añadió: "El clima que se vivía me representó esa posibilidad", al definir al gobierno de la época como de "neto corte autoritario".

El impacto en las empresas y las familias

Marcela Sztenberg, directiva de EQUIMAC, relató cómo estas prácticas afectaron tanto a la compañía como a su entorno familiar. Contó que su socio, Eduardo Herbon, volvía "asustado" de las reuniones y le decía que "lo estaban apretando y pidiendo plata para la corona".

En ese entramado, señaló a Clarens como la figura con la que mantenía el contacto central y ubicó las reuniones tanto en oficinas del microcentro como en el barrio de Puerto Madero. Con el paso del tiempo, los pedidos superaron cualquier posibilidad de cumplimiento y, cuando informaron que no continuarían con los pagos, el vínculo se interrumpió, dejando a la empresa con deudas, atrasos y conflictos judiciales.

De manera unánime, los imputados que declararon como colaboradores afirmaron que el dinero no se entregaba por voluntad propia, sino como requisito para no sufrir castigos, demoras en los pagos o quedar fuera del circuito de obra pública.

La mirada del fiscal Stornelli

Luego de los testimonios, se dio lectura a la evaluación probatoria del fiscal Carlos Stornelli. El representante del Ministerio Público describió a "La Camarita" como un dispositivo destinado a direccionar adjudicaciones, manejar pagos selectivos y recaudar fondos de manera ilegal mediante retornos exigidos a las constructoras.

Dentro de esa estructura, el fiscal señaló a Wagner como la pieza clave que "diagramó el funcionamiento y puso en práctica el sistema de recolección ilegal". En paralelo, asignó a Clarens el rol de "el encargado principal de la faz recaudatoria", a quien presentó como el responsable de concentrar el dinero, transformarlo mediante operaciones al margen del sistema legal y asegurar su entrega a los beneficiarios finales.

El fiscal remarcó además la función estratégica que cumplía la Dirección Nacional de Vialidad, a la que señaló como el organismo desde donde se manejaban los cronogramas de pago empleados para condicionar a las empresas. En su análisis, Stornelli colocó a Cristina Kirchner en el nivel más alto del entramado, al sostener que ocupaba "la cúspide de la pirámide esquemática destinada a recolectar la mayor cantidad de dinero posible". En tanto, atribuyó a Julio De Vido la tarea de estructurar y ejecutar ese mecanismo dentro del ámbito de la obra pública.

Próxima audiencia

La audiencia se retomará el jueves 18 de diciembre a partir de las 9.30, instancia en la que se prevé finalizar la lectura de las 51 fojas finales del segmento conocido como "La Camarita".