La Corte Suprema habilitó una demanda contra Instagram por el uso de datos personales
El valor económico de los datos personales en las plataformas digitales comenzó a instalarse como tema de debate judicial en la Argentina a partir de una demanda presentada contra Instagram. Un estudio de abogados sostiene que el modelo de negocios de la red social se basa justamente en la información que generan los usuarios, quienes aportan esos datos sin recibir una compensación económica por su utilización.
La discusión llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, luego de que distintos juzgados se declararan incompetentes para intervenir en el caso. Con una reciente resolución, el máximo tribunal definió cuál es el fuero que debe tratar la causa, lo que abre la puerta a que la Justicia analice si los datos personales tienen un valor económico concreto y cómo podría calcularse en el marco de este tipo de reclamos.
La Corte define la competencia para analizar el caso
La presentación judicial fue impulsada por un estudio jurídico argentino, que busca que la empresa dueña de Instagram compense económicamente a un usuario por la información que aportó durante los años en los que utilizó la plataforma. Según los abogados demandantes, ese material constituye la materia prima del negocio digital de la red social.
"Es algo histórico", asegura Martín Zappulla, uno de los abogados demandantes. "Es la primera vez que la Corte se pronuncia con respecto a la competencia que debe regir para los datos de las plataformas. Ahora sentaron un precedente para cualquier causa sobre el valor de los datos personales", añade.
El fallo del máximo tribunal dispuso que el expediente sea remitido al Juzgado Nacional en lo Comercial Nº23, que se encuentra a cargo del juez Fernando Saravia. A partir de esta decisión, el magistrado deberá analizar la cuestión de fondo y determinar si la información personal generada por los usuarios de plataformas digitales puede considerarse un activo económico.
En concreto, el juez deberá resolver si los datos personales poseen valor monetario y, en caso afirmativo, establecer qué criterios deberían aplicarse para calcular una eventual compensación. El reclamo judicial apunta contra Meta Argentina, filial local de la empresa propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp. Los demandantes buscan que la compañía retribuya económicamente a su cliente por los datos que generó mientras utilizó la red social a lo largo del tiempo.
Antes de que la causa llegara a los tribunales, las partes participaron de una instancia de mediación. Sin embargo, el proceso no prosperó y no se alcanzó un acuerdo entre el estudio jurídico y la empresa tecnológica. "Los abogados de Meta ni si quiera entendían la demanda, se miraban sorprendidos. Sólo nos dijeron que teníamos que litigar en Estados Unidos", cuenta Zapulla, de CKZ Abogados.
El debate sobre el valor de los datos personales
La discusión judicial se vincula directamente con el modelo de negocios de las redes sociales, que se basa en la recopilación y el análisis de información generada por los usuarios. Según los demandantes, ese sistema se sostiene gracias a los datos que millones de personas aportan de forma gratuita al utilizar las plataformas.
Solo en 2025 Instagram tuvo una ganancia de 83 mil millones de dólares. Según el planteo presentado ante la Justicia, esos ingresos se relacionan con la explotación comercial de los datos personales de más de 2 mil millones de usuarios activos en el mundo, de los cuales aproximadamente 28 millones residen en la Argentina.
Cuando una persona crea una cuenta en la red social, acepta los Términos y Condiciones (TyC) del servicio. Allí se establece que la plataforma no cobra dinero a los usuarios por el uso de la aplicación, sino que utiliza sus datos para mostrar publicidad personalizada.
A partir de esa información —como los grupos, mensajes o los "me gusta"— las empresas elaboran perfiles detallados que permiten segmentar anuncios publicitarios según intereses, hábitos y comportamientos de cada persona. Este sistema llevó a que algunos especialistas describan a los usuarios como "prosumidores", un concepto que combina las palabras productor y consumidor. La idea apunta a que las personas no solo consumen contenidos en las redes sociales, sino que también generan la información que alimenta el negocio publicitario de las plataformas.
Al aceptar los TyC, la red social obtiene una licencia amplia para utilizar el contenido que los usuarios comparten. Sin embargo, los abogados que impulsan la demanda sostienen que eso no implica que las personas renuncien a recibir una compensación por el uso económico de sus datos. Aunque el reclamo se dirige específicamente contra Instagram, el razonamiento podría extenderse a otras plataformas digitales que utilizan esquemas similares, como Facebook o X —antes Twitter—.
De hecho, en promedio, un usuario navega alrededor de 2 horas y 21 minutos por día en este tipo de plataformas. Si alguien comienza a utilizarlas desde los 3 años y se toma como referencia una esperanza de vida de 73 años, el cálculo indica que esa persona podría pasar aproximadamente siete años completos de su vida conectada a una red social.
Los fundamentos legales del reclamo
Uno de los puntos centrales de la demanda es que no existe una legislación específica en la Argentina que establezca el valor económico de los datos personales. Por ese motivo, los abogados construyeron su argumentación a partir de analogías con distintas normas del ordenamiento jurídico.
Entre ellas, mencionan el artículo 332 del Código Civil y Comercial, que contempla la posibilidad de revisar o anular contratos cuando una de las partes se aprovecha de la situación de la otra para obtener ventajas patrimoniales desproporcionadas.
Según el planteo, la red social se beneficia de la necesidad del usuario de utilizar la plataforma y obtiene datos personales de manera gratuita, para luego explotarlos comercialmente. Otra de las referencias citadas es el artículo 1962, que establece que "si el dueño de un inmueble construye, siembra o planta con materiales ajenos, los adquiere, pero debe su valor. Si lo hace de mala fe, también debe pagar los daños".
La demanda traslada este razonamiento al funcionamiento de las plataformas digitales. En esa analogía, el usuario aportaría la "materia prima" —sus datos personales—, mientras que la empresa integraría esa información a su infraestructura tecnológica, considerada como un "inmueble digital".
De acuerdo con ese enfoque, la legislación sugeriría que la empresa debería abonar el valor de los aportes realizados por los usuarios, además de compensar los posibles daños derivados de su utilización. El reclamo también menciona el artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece que "todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento", junto con la Ley 11.723 de propiedad intelectual.
A partir de estas normas, los abogados buscan ampliar el concepto tradicional de imagen —relacionado con el rostro o la apariencia física— hacia una noción de identidad digital, que incluya los datos, fotografías e interacciones que una persona genera en internet. Además, el escrito judicial cita normativa internacional, como el artículo 82 del Reglamento de Datos Personales de la Unión Europea, que "consagra el derecho a indemnización a toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción por el mal uso de sus datos personales".
En ese contexto, los abogados consideran que el caso podría abrir un debate más amplio sobre la regulación del valor económico de la información personal en el entorno digital. "Es una oportunidad histórica para Argentina y para el Juzgado", sostiene el abogado demandante, quien además señala que el estudio tiene preparada una propuesta para modificar el Código Civil y Comercial con el objetivo de regular este tema. "Lo hablamos con varios diputados, pero entendemos que no es el contexto por los temas urgentes que se vienen discutiendo en el Congreso", concluyeron.